Congreso del Estado
Congreso de SLP pedirá a la UASLP que autorice permisos de maternidad a estudiantes
La medida propuesta por el diputado Héctor Ramírez Konishi, será evitar la deserción escolar entre las y los universitarios
Por: Redacción
Héctor Mauricio Ramírez Konishi, diputado del Congreso del Estado de San Luis Potosí, impulsó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), para que realice las adecuaciones necesarias en su normativa interna a fin de autorizar licencias o permisos de maternidad, y en su caso de paternidad, para sus estudiantes, además de implementar espacios para garantizar el acceso a la lactancia.
El legislador comentó que el objetivo principal de dicha iniciativa será prevenir la deserción escolar y evitar que por circunstancias de maternidad o paternidad, los jóvenes abandonen sus estudios; por el contrario, a través de la Institución Universitaria se podría generar algún tipo de apoyo que les permita continuar y evitar la carrera trunca.
Ramírez Konishi expuso que desde el momento en que un menor de edad aparece en la escena de la esfera donde interviene el Estado a través de cualquiera de sus instituciones públicas, “el menor se vuelve la más alta prioridad y esto ha quedado claro a través del principio de interés superior de la niñez, de rango constitucional, establecido que en toda situación donde se vean involucrados niños, niñas y adolescentes se traten de proteger y privilegiar sus derechos”, añadió.
El legislador precisó que este Punto de Acuerdo planteará que se generen los permisos o licencias necesarios para el embarazo, como la lactancia y las estancias infantiles, más allá de favorecer a las madres el derecho a la educación, son una forma de garantizar el derecho del menor de edad a gozar de tiempo de interacción con sus padres, 
El legislador Ramírez Konishi, explicó que “los tres aspectos que respetuosamente este Punto de Acuerdo busca promover para que sean implementados en el marco de su autonomía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, además una obligación de los entes públicos constituirán un parteaguas en la educación superior y enmarcan el centenario de la autonomía de nuestra máxima casa de estudios, pues la posicionarían a la vanguardia como la institución de educación superior pionera en el respeto a los derechos humanos y en acciones que garantizan el respeto al principio de rango constitucional del interés superior de la niñez”, finalizó. Por su parte, la iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.
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Congreso del Estado
Congreso propone reformas para garantizar seguridad de quienes han participado en un proceso penal
Existe la necesidad de dar seguimiento a situaciones donde muchas de las veces al presentar sus denuncias es un riesgo
Por: Redacción
La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, analiza la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, con el fin de elevar a Dirección de Cumplimiento de las Medidas de Protección el actual Centro de Protección, estipulado en dicha ley, como un órgano permanente de la Fiscalía General del Estado.
En la exposición de motivos, se indica que existe la necesidad de atender y brindar a las y los potosinos el seguimiento correspondiente ante situaciones las cuales se encuentran en donde muchas de las veces al presentar sus denuncias ante la Fiscalía del Estado, solicitan medidas de protección las cuales son aprobadas por el Ministerio Publico al ser consideradas como pertinentes.
Al ser aprobadas las medidas por el Ministerio Público, no existe un seguimiento continuo a las víctimas, ya que, en la mayoría de los casos, no reciben el debido apoyo inmediato por parte de las autoridades correspondientes, vulnerando la seguridad e integridad de las víctimas de algún delito, por la falta de seguimiento en las medidas de protección impuestas o por una asignación inadecuada de dichas medidas esto debido a una falta de estudio particular del caso.
En el caso de la línea de emergencia, se propone contar con un registro previo del contacto de todas aquellas víctimas a las cuales se les haya otorgado una medida de protección.
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización y los entes fiscalizadores en las entidades
Por: Redacción
En reunión de trabajo, la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización fue aprobada la solicitud de exhorto del Congreso del Estado de Guerrero, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que por su conducto se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación a que a la brevedad posible reactive el mecanismo para la firma de convenios de colaboración entre los entes fiscalizadores de los Estados y de la Ciudad de México.
Esto a efecto de armonizar criterios de colaboración y funciones que fortalezcan la fiscalización de los recursos públicos en la rendición de cuentas y transparencia de las participaciones federales otorgadas a los Estados.
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización
Se menciona que los Congresos locales tienen atribuciones de fiscalización de los recursos públicos ejercidos por los gobiernos estatales, municipales, los Poderes del Estado, y órganos autónomos, entre otros, que tienen como finalidad otorgar servicios públicos, seguridad, administración de justicia, educación y demás bienestar social para la población.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico.
Por: Redacción
El Congreso del Estado emitió la declaratoria de aprobación por el Constituyente Permanente Potosino de Minuta que reforma el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para establecer al agua potable como un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable, e imprescriptible.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico; y las autoridades están obligadas a proveerla para el uso personal y doméstico, debiendo garantizar la suficiencia para evitar el hambre y las enfermedades.
Con esto, se eleva al rango de la Constitución Estatal, las disposiciones establecidas en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del contenido de la Observación General número 15 que pronuncia el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, respecto al derecho al agua para alcanzar un nivel de vida adecuado.
Mediante esta reforma constitucional, se establece que el agua es un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable e imprescriptible.
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