Congreso del Estado
Planta tratadora en Hidalgo contamina ríos en SLP
El congreso del estado de SLP hará un llamado a las autoridades federales, así como al estado de Hidalgo
Por: Redacción
La comisión de ecología y medio ambiente del congreso del estado de San Luis Potosí aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y al congreso del estado de Hidalgo y sus direcciones de ecología para rehabilitar la planta tratadora de agua que dejó de operar en aquella entidad, debido a que actualmente contamina ríos y manantiales del municipio de San Martín Chalchicuautla, perteneciente a la entidad potosina.
Eloy Franklin Sarabia, diputado presidente de esta comisión, y Lidia Nallely Vargas Hernández, vicepresidenta de la misma, mantuvieron comunicación con Reyes Gutierrez García, director de ecología del ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla, quien denunció el daño producido por la inoperatividad de esta planta tratadora, pues vierte desechos al río San Pedro, que circula por la huasteca potosina.
Gutierrez García denunció que el daño ambiental requiere de una intervención inmediata de las autoridades federales, pues considera que se trata de un problema de aguas nacionales que involucra al estado de Hidalgo 
Eloy Franklin señaló que las autoridades de San Martín Chalchicuautla se acercaron al congreso local para solicitar su intervención ante este problema; advirtió la importancia de atenderlo, pues las aguas contaminadas se mezclan con el río Moctezuma que pasa por toda la huasteca potosina; “tenemos confianza en que el exhorto que en su momento sea enviado por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, sea atendido, no sólo por la Conagua, sino por la Profepa y sobre todo por las autoridades de Hidalgo”, agregó.
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El diputado Héctor Serrano Cortés insistió en la necesidad de generar condiciones legales para que sus autoridades sean electas en las urnas en 2027
Por: Redacción
El Congreso del Estado a través de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) emitirá un exhorto al Primer Tribunal Colegiado de Circuito para que resuelva a la brevedad, los temas que impiden a las autoridades electorales tener certeza legal para organizar los próximos comicios en el municipio de Villa de Pozos, para que las y los ciudadanos elijan a sus autoridades en 2027.
Así lo señaló el secretario de la JUCOPO, diputado Héctor Serrano Cortés al manifestar que este retraso, está generando una crisis política y social, al dejar a las autoridades correspondientes en un estado de indefensión porque una vez más podría no permitirse que se lleve a cabo la elección, con todo lo que ello implica.
Explicó que la justificación del Tribunal es el turno, es decir, se trata de un tema de encarte pero ya se resolvió uno que era el más complejo y hay dos más que se promueven precisamente con ese fin, que se retrase todo el proceso para no dar continuidad, mientras en la instancia jurisdiccional no se puede desahogar por la carga de trabajo.
El diputado Héctor Serrano señaló que el tema ya fue abordado desde la delegación del Instituto Nacional Electoral
“Deben saber que el tema está escalando a una preocupación política y social, todos queremos que se haga una elección, que los representantes municipales sean electos de forma democrática, pero hay organizaciones que pretenden frenar este proceso con acciones que lastiman la vida social de ese municipio”.
De no resolverse el tema y no realizarse elecciones nuevamente, habrá una severa crisis que nadie desea, por ello es necesario que la autoridad jurisdiccional resuelva inmediatamente el tema, que seguramente procederá como ya se resolvió un primer asunto relacionado, a favor de la municipalización de Villa de Pozos.
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Diputado Luis Fernando Gámez indica que es importante la verificación de obras para que se cumpla lo establecido en las licitaciones
Por: Redacción
La Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización se mantendrá al pendiente de los avances en las auditorías de obra que realiza el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), como parte del proceso de revisión a las cuentas públicas 2025 a los municipios del estado, señaló el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de esta comisión legislativa.
Precisó que actualmente los auditores se encuentran en la etapa de despliegue en los diferentes municipios para la revisión de obras, por lo que se hace el llamado a que las y los presidentes municipales, brinden las facilidades para la revisión de este trabajo.
“Estamos en la etapa de despliegue de todos los auditores del estado de San Luis Potosí para revisar obra principalmente, lo que se está verificando es que las obras de los municipios cumplan las características de las licitaciones y las convocatorias y en ese sentido, lo que le hemos pedido a los alcaldes es que les permitan realizar su trabajo”.
Precisó que es importante la verificación de estas obras, ya que se trata de recursos que deben ser aplicados en atender las necesidades de la población, en cuanto a infraestructura pública.
“Las auditorías tienen un fin social dentro de la etapa de presupuesto, que inicia con la planeación, ejecución, distribución de los recursos, ejecución de auditoria y finalmente comprobar que esta obras llegaron a satisfacer las necesidades de los potosinos”, señaló el diputado Gámez Macías.
Puntualizó que, con ello, se da respuesta a algunas peticiones de los mismos habitantes en relación a la calidad y avance de las obras, “que los mismos ciudadanos reportan, sobre todo en el tema de agua y de drenaje, y estamos muy atentos a la revisión de este presupuesto y conforme se vayan dando los avances, estaremos informando”.
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Busca establecer parámetros que informen a la población sobre distribución de recursos hídricos
Por: Redacción
El diputado Luis Fernando Gámez Macías presentó una iniciativa para modificar el artícu lo 191 de la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí
El legislador señala que la ley en la materia resulta ineficiente para garantizar que el derecho humano al agua se materialice, al no establecer parámetros que informen la distribución del recurso entre la población.
Esto, debido a que las obligaciones de informar, se encuentran dirigidas principalmente a autoridades y se limitan a aspectos financieros y administrativos; sin embargo, no establece procedimientos de transparencia operativa accesible a la ciudadanía.
Señala que la problemática no radica únicamente en la disponibilidad del recurso hídrico, sino en la falta de mecanismos de información, lo cual genera un escenario de desinformación para la población, lo que dificulta situaciones como el acceso al agua al distribuirse
Por ello, con esta iniciativa se propone generar un impacto positivo, abonando al derecho humano al agua, mediante el establecimiento de criterios que permiten una distribución del recurso, así como el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas.
Entre los impactos positivos esperados se encuentra la reducción de desigualdades en el acceso al servicio, el fortalecimiento de la confianza en las instituciones y la mejora en la calidad de vida de la población.
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