Congreso del Estado
Diputada propone pedir a la federación más elementos de la Guardia Nacional para SLP
Emma Saldaña indicó que son necesarios 500 elementos para el estado
Por: Redacción
La diputada Emma idalia Saldaña Guerrero propuso un Punto de Acuerdo, con el fin de solicitar encarecidamente a la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, fortalezca los actuales esquemas de coordinación en materia de seguridad pública.
Además, se solicita el envío inmediato de la mayor cantidad posible de elementos de la Guardia Nacional, a fin de garantizar la paz y la tranquilidad de las familias potosinas, ante las difíciles condiciones de violencia que se han presentado en las últimas semanas
“No obstante, lo anterior, hemos percibido que el gobierno estatal tiene la voluntad política y de autoridad de intervenir y dejar la actitud pasmosa y negligente con la que habitualmente se había administrado la gestión de estos problemas, pero que ha adolecido del suficiente respaldo del Gobierno Federal, quien, desde nuestro punto de vista, debería incluir a San Luis Potosí entre los estados que requieren ser incluidos en la definición de las prioridades de intervención y respaldo”, indica.
La diputada menciona que se requiere el fortalecimiento de dichas medidas de seguridad, si se considera el agudizado problema de violencia que asola a nuestros estados vecinos, y que obliga a mantener presencia y vigilancia en los límites territoriales; además de la necesidad de cuidar a la sociedad potosina, para lo cual es indispensable contar con más apoyo federal.
Por ello, indicó se debe apoyar la petición del mandatario potosino para que la funcionaria federal refuerce la presencia de la Guardia Nacional y militar en la entidad con por lo menos 500 elementos que son tan necesarios en estos momentos de tanto zozobra y angustia para las familias potosinas.
El Punto de Acuerdo se turnó a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para su análisis.
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Congreso del Estado
Congreso propone reformas para garantizar seguridad de quienes han participado en un proceso penal
Existe la necesidad de dar seguimiento a situaciones donde muchas de las veces al presentar sus denuncias es un riesgo
Por: Redacción
La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, analiza la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, con el fin de elevar a Dirección de Cumplimiento de las Medidas de Protección el actual Centro de Protección, estipulado en dicha ley, como un órgano permanente de la Fiscalía General del Estado.
En la exposición de motivos, se indica que existe la necesidad de atender y brindar a las y los potosinos el seguimiento correspondiente ante situaciones las cuales se encuentran en donde muchas de las veces al presentar sus denuncias ante la Fiscalía del Estado, solicitan medidas de protección las cuales son aprobadas por el Ministerio Publico al ser consideradas como pertinentes.
Al ser aprobadas las medidas por el Ministerio Público, no existe un seguimiento continuo a las víctimas, ya que, en la mayoría de los casos, no reciben el debido apoyo inmediato por parte de las autoridades correspondientes, vulnerando la seguridad e integridad de las víctimas de algún delito, por la falta de seguimiento en las medidas de protección impuestas o por una asignación inadecuada de dichas medidas esto debido a una falta de estudio particular del caso.
En el caso de la línea de emergencia, se propone contar con un registro previo del contacto de todas aquellas víctimas a las cuales se les haya otorgado una medida de protección.
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización y los entes fiscalizadores en las entidades
Por: Redacción
En reunión de trabajo, la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización fue aprobada la solicitud de exhorto del Congreso del Estado de Guerrero, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que por su conducto se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación a que a la brevedad posible reactive el mecanismo para la firma de convenios de colaboración entre los entes fiscalizadores de los Estados y de la Ciudad de México.
Esto a efecto de armonizar criterios de colaboración y funciones que fortalezcan la fiscalización de los recursos públicos en la rendición de cuentas y transparencia de las participaciones federales otorgadas a los Estados.
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización
Se menciona que los Congresos locales tienen atribuciones de fiscalización de los recursos públicos ejercidos por los gobiernos estatales, municipales, los Poderes del Estado, y órganos autónomos, entre otros, que tienen como finalidad otorgar servicios públicos, seguridad, administración de justicia, educación y demás bienestar social para la población.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico.
Por: Redacción
El Congreso del Estado emitió la declaratoria de aprobación por el Constituyente Permanente Potosino de Minuta que reforma el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para establecer al agua potable como un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable, e imprescriptible.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico; y las autoridades están obligadas a proveerla para el uso personal y doméstico, debiendo garantizar la suficiencia para evitar el hambre y las enfermedades.
Con esto, se eleva al rango de la Constitución Estatal, las disposiciones establecidas en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del contenido de la Observación General número 15 que pronuncia el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, respecto al derecho al agua para alcanzar un nivel de vida adecuado.
Mediante esta reforma constitucional, se establece que el agua es un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable e imprescriptible.
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