agosto 17, 2026

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Activistas aún no ven a salvo la Sierra de San Miguelito

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Carlos Covarrubias dijo que estarán atentos para que el gobierno de López Obrador cumpla el compromiso de no permitir proyectos inmobiliarios en la zona

Por: Ana G Silva

Carlos Covarrubias, integrante del Frente Amplio Opositor (FAO), comentó que el pasado miércoles, después de la conferencia matutina del presidente López Obrador, él y otros activistas se reunieron con María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien les ratificó la postura del gobierno federal de no permitir la construcción del proyecto inmobiliario “Las Cañadas” en la Sierra de San Miguelito de San Luis Potosí; no obstante, agregó que se mantendrán alerta ante cualquier cambio de parecer.

No es la primera vez que lo dicen, no nos vamos con la finta, estamos en un proceso de reagrupación de lo que debemos de hacer: vamos a denunciar actos de corrupción, cooptación, manipulación, lavado de dinero para comprar voluntades de ejidatarios y comuneros en la Sierra de San Miguelito y vamos a pedirle a Santiago Nieto que se meta a estudiar los recursos de funcionarios federales para que no haya corrupción”, señaló Covarrubias.

El activista comentó que durante la reunión con Albores realizaron una exposición precisa en la que explicaron las consecuencias de dejar fuera del Área Natural Protegida, las mil 805 hectáreas en las que se pretende construir el proyecto del empresario inmobiliario Carlos López Medina, además de los actos de corrupción, acoso inmobiliario, la compra de comuneros, que han ocurrido en torno al proyecto inmobiliario.

“Ahí se dijo de manera clara que la Semarnat no iba a autorizar desarrollos inmobiliarios en la poligonal de las mil 805 hectáreas bajo ninguna circunstancia”,

Covarrubias afirmó que se llegaron a dos acuerdos con María Luisa Albores: El primero fue que se llevarán a cabo una serie de mesas de trabajo y de talleres para buscar alternativas de desarrollo para la Sierra de San Miguelito y también para ese polígono

. El segundo fue la formación de una comisión “para atender el tema del Cerro de San Pedro” por los daños hechos por la Minera San Xavier.

“No se ha hecho nada durante el gobierno de Andrés Manuel para remediar a quienes fueron responsables de que Cerro de San Pedro este así, pediremos que se enjuicie a Marcelo de los Santos, Toranzo y Carreras”.

El integrante de la FAO dijo que la titular de Semarnat le confesó que ella tenía un panorama muy diferente de lo que sucedía en San Luis: “nos lo dijo que era evidente que las cosas no eran como se las habían platicado, tampoco quiero decir que sea una persona ingenua y que no haya sido un poco su responsabilidad no haber puesto la atención, pero también fue muy claro el deslinde”.

Carlos Covarrivias destacó que confía en lo dicho por el presidente López Obrador de no permitir proyectos inmobiliarios en la Sierra de San Miguelito: “Nosotros estamos con él y estamos haciendo lo que nos enseñó ‘seguir hasta el final’”.

Finalmente, el activista mencionó que la consulta popular que se realizará entre toda la ciudadanía de San Luis Potosí, Mexquitic, Villa de Reyes y Villa de Arriaga para definir el futuro del Área Natural Protegida, fue un buen acuerdo, pues esta decisión “no solo afectaría a comuneros, sino a gran parte de San Luis Potosí”.

También lee: “En la Sierra de San Miguelito no habrá ningún proyecto inmobiliario”: Semarnat

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Al PJE le quedan 3 meses para hacer lo que no hizo en 4 años

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De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal

Por: Haniel Valdés Velázquez

El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.

El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.

El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.

Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.

Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.

La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial

—administración, tribunal y tribunal de disciplina— alrededor del 15 de octubre, con el mantenimiento de edificios y el gasto en personal como prioridades declaradas.

De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.

Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.

El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.

El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.

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Localizan sin vida a adulto mayor dentro de un taxi en la colonia San Ángel

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De forma preliminar no presentaba huellas visibles de violencia. Fiscalía ya investiga y la necropsia determinará la causa de muerte

Por: Redacción

Un hombre de entre 65 y 70 años fue localizado sin vida la noche del sábado dentro de un taxi estacionado en calles de la colonia San Ángel, en San Luis Potosí.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando vecinos de la zona reportaron a los servicios de emergencia que una persona se encontraba aparentemente inconsciente al interior de una unidad de transporte público, estacionada en el cruce de la avenida San Ángel y la calle Santa Martha, cerca del deportivo municipal.

El hombre se encontraba en el asiento del copiloto del taxi con número económico 2215. Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que ya no presentaba signos vitales,

por lo que procedieron a acordonar el área y resguardar la unidad.

De manera preliminar, las autoridades no detectaron huellas visibles de violencia en el cuerpo; sin embargo, hasta el momento se desconoce qué provocó su fallecimiento.

Al lugar acudieron posteriormente agentes de la Policía de Investigación y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las primeras diligencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte y determinar si existe algún delito que investigar.

Una vez concluidas las actuaciones en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se realizará la necropsia correspondiente.

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Sheinbaum inaugura primera etapa del Hospital General del ISSSTE en Tampico

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El nuevo Hospital contará con 250 nuevas camas y se prevé sumar más de 2 mil camas de hospital durante los dos sexenios de la Cuarta Transformación: ISSSTE

Por: Redacción

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de la primera etapa del nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas, el cual beneficiará a 564 mil 457 derechohabientes.

“¿Cuál es la visión ahora? Esa visión que tuvimos con Martí desde entonces, que la educación pública sea un derecho para todas y todos los mexicanos, que el acceso a la salud pública sea un derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier mexicana y mexicano debe atenderse en una institución pública de manera gratuita, no importa si tiene una enfermedad menor o si tiene una enfermedad sumamente grave y lo estamos consiguiendo, poco a poco, pero estamos consiguiendo recuperar la salud como un derecho humano para todas y todos los mexicanos, esa es la visión de la Cuarta Transformación de la vida pública”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo Federal reconoció a las y los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por el trabajo que realizan todos los días en atención directa a las y los derechohabientes.

Informó que previo a la inauguración de este hospital, realizó un recorrido de supervisión por la presa Vicente Guerrero, así como por el acueducto Victoria II, en Ciudad Victoria.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, detalló que este nuevo Hospital General del ISSSTE contará con un total de 250 nuevas camas de hospital y sustituye al viejo hospital de Tampico, con lo que pasarán de 20 a 37 consultorios de especialidades, una farmacia 10 veces más grande con el 100 por ciento de las claves que le corresponden; 20 servicios médicos más, entre los que destacó una sala de hemodinamia, resonancia magnética, sala de hemodiálisis peritoneal, hidroterapia, medicina física, una cabina de audiometría, además de una tienda Superissste.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, aseguró que estas nuevas instalaciones no le piden nada a ningún hospital del mundo y cuentan con todo para brindar una atención integral en todas las áreas para garantizar calidad y seguridad en la atención médica.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, agradeció a la presidenta por esta visita a la entidad, pues resaltó que nunca en la entidad les había tocado que estuvieran tan pendientes del sistema de salud desde la Presidencia de México.

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