Presentan iniciativa para reformar el Código Penal y garantizar el acceso al aborto seguro y legal en más circunstancias

Por: Redacción

Las organizaciones civiles Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y Nueva Luna Salud de las Mujeres presentaron una propuesta ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí para modificar el artículo 150 del Código Penal, con esta iniciativa, buscan ampliar las causales de exclusión de responsabilidad penal en casos de aborto, alineándose con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las necesidades de las mujeres.

Entre las principales modificaciones propuestas, destaca la inclusión de nuevas causales como el estupro, la implantación de óvulos sin consentimiento y los casos de pobreza extrema; además se plantea garantizar el acceso al aborto seguro cuando la vida o salud de la persona gestante esté en riesgo o en casos de malformaciones fetales graves.

Las activistas argumentan que la legislación actual es insuficiente y deja desprotegidas a muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad

Los colectivos feministas proponen eliminar la obligación de denuncia previa en casos de violencia sexual, una medida que consideran inconstitucional y un obstáculo para las víctimas.

Otro punto crucial de la iniciativa es garantizar el derecho al aborto incluso ante la objeción de conciencia del personal médico, las colectivas consideran que el estado tiene la responsabilidad de asegurar que nadie se quede sin recibir este servicio.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las organizaciones anunciaron que presentarán una nueva iniciativa para sancionar la negativa injustificada de los servicios de aborto como una forma de violencia reproductiva.

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El gobernador Ricardo Gallardo dijo que espera concluir los trabajos a finales de diciembre, aunque podrían extenderse unos días más

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, anunció que la Vía Alterna a la Zona Industrial será inaugurada durante las primeras semanas de enero de 2025, en conjunto con la prolongación de Avenida Salk, que se construye de manera simultánea.

Aunque se espera concluir los trabajos a finales de diciembre, el mandatario explicó que podrían extenderse unos días más, motivo por el cual la apertura oficial se pospondrá ligeramente.

La Vía Alterna está diseñada para aliviar aproximadamente el 30% del tráfico vehicular que actualmente congestiona la Carretera 57,

específicamente en el tramo entre el entronque de Villa de Reyes y el distribuidor “Benito Juárez”, considerado un punto crítico en horas pico.

Este nuevo acceso conectará la mancha urbana de la capital con la zona industrial, ofreciendo una ruta alternativa para empresas situadas entre los ejes 102 y 140.

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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra

Por: Redacción

El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.

De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.

Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.

A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,

pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.

El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.

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