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Bicicletas de NextBike ponen en peligro a peatones de SLP
La falta de regulación sobre dónde estacionar estos vehículos obstaculiza las aceras, cruces y calles de la capital
Por: Ana G Silva
En septiembre del 2020, Xavier Nava, en ese entonces presidente municipal de la capital potosina, dio arranque al nuevo sistema de bicicletas compartidas de la empresa NextBike, las cuales permiten que ciclistas puedan transitar por la zona que comprende la avenida Venustiano Carranza, Himno Nacional y la Calzada de Guadalupe; sin embargo, la empresa ha generado desorden en las calles ya que permite a sus usuarios dejar los vehículos en cualquier sitio, con lo que en muchas ocasiones obstaculizan los pasos peatonales, ponen en peligro a la ciudadanía y constituyen una violación al Reglamento de Tránsito Municipal.
La Orquesta realizó un recorrido por estas zonas y muchas de estas bicicletas son abandonadas fuera de las bahías y estacionamientos designados e invaden aceras, calles y cruces. Al respecto el Reglamento de Tránsito Municipal establece: En el artículo 18, apartado V define como “zona peatonal el área delimitada y reservada única y exclusivamente para el tránsito de peatones, para permitir el desplazamiento libre y autónomo de las personas”; por lo que observamos que estas bicicletas no cumplen con dicha función, pues obstaculizan el libre tránsito, provocando que los transeúntes tengan que bajar de las banquetas.
NextBike y sus usuarios también cometen una falta al artículo 19 que menciona: “El usuario de la vía pública no deberá realizar ningún acto que obstaculice el libre tránsito de peatones, y vehículos, que ponga en peligro a las personas o cause daños a las propiedades públicas y privadas”.
Por su parte en el artículo 23, apartado I señala que queda prohibido “abandonar vehículos sobre las aceras”; mientras que el artículo 44 se especifica que “la acera o banqueta de la vía pública está destinada al tránsito del peatón y la Dirección tomará las medidas que procedan para garantizar la integridad física y el tránsito seguro de los peatones”, acciones que no se han tomado, pues ni las autoridades de tránsito ni la dirección de Comercio han intervenido para liberar las banquetas de estas bicicletas.
Las bicicletas deberían de aparcar en las cicloestaciones que, de acuerdo con el artículo 92, “son los sitios de depósito y recolección de bicicletas en transporte intermodal, en las ubicaciones aprobadas por las autoridades competentes”.
Por otra parte, algunos peatones han reportado que los ciclistas que utilizan este sistema de transporte suelen transitar encima banquetas de la avenida Venustiano Carranza y no por el carril confinado de ciclovía; sin embargo, describen que en muchas ocasiones esto es a consecuencia de la obstrucción de obras públicas, no obstante, el artículo 94, en su apartado II indica que las bicicletas: “No deberá transitar sobre aceras y áreas reservadas al uso exclusivo de peatones, salvo que sea de Seguridad Pública y se encuentre en funciones de vigilancia”.
Un problema parecido sucedió en la Ciudad de México, pues empresas de bicicletas compartidas como MoBike y VBike tenían un reglamento parecido, por lo que en 2018, personas cansadas de estos hechos comenzaron a exponer en redes sociales la obstrucción en las calles de la ciudad. Por lo que la diputada Gabriela Salido llamó a Miguel Ángel Mancera, entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como al Secretario de Movilidad y al titular del Instituto de Verificación Administrativa a dar seguimiento a la operación de estas empresas particulares y evitar que obstruyan el tránsito peatonal y/o limiten el espacio público.
No fue hasta que en febrero de 2019, cuando la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México modificó los lineamientos para obligar a los usuarios de estas empresas de bicicletas compartidas a estacionarlas en las cicloestaciones.
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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