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SLP es el quinto estado con más niños y niñas que trabajan
El 14.3% de la población de entre 5 y 17 años labora, la mayoría (el 9%) lo hace en condiciones peligrosas
Por: Itzel Márquez
Cada año el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realiza la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) para evaluar distintos parámetros relacionados con el trabajo en menores de 18 años. En la más reciente evaluación, que corresponde al 2019, San Luis Potosí se situó en el quinto lugar nacional.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe el trabajo por parte de personas menores de quince años, así como en labores insalubres o peligrosas; por su parte, la Ley Federal del Trabajo, es la Institución encargada de definir lo que se entiende por condiciones insalubres o peligrosas, en este sentido, los objetivos de la ENTI son identificar a la población infantil que labora y, con ello trabajar en la mejora de políticas públicas para erradicar dicha práctica.
Según el INEGI, se entiende por trabajo infantil: “los niños y niñas (personas entre cinco y 17 años) en formas de trabajo prohibidas, en tipos de trabajo que es preciso eliminar por ser social y moralmente indeseables, a partir de las orientaciones de la legislación nacional, los convenios y recomendaciones internacionales”.
La ENTI 2019 ubica a San Luis Potosí en el quinto lugar a nivel nacional de tasa trabajo infantil, con un 14.3% del total de la población de entre 5 y 17 años; mientras que en la tasa de ocupación no permitida, el estado está en el lugar número siete, con un 9.2% y hablando de la tasa de ocupación peligrosa, la entidad alcanza el sexto lugar, con un 9.0%; por último, en la tasa de quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, la entidad se sitúa en el quinto sitio, con un porcentaje del 6.6%. 
Dentro de estos mismos parámetros, a nivel nacional Oaxaca es el estado que encabeza todas las listas, mientras que Baja California está al final de las mismas, en casi todas:
Tasa de trabajo infantil, primer lugar Oaxaca con un 21.5%, mientras que al final de la lista se ubica Baja California con un 5.3%.
Tasa de ocupación no permitida encabeza la lista Oaxaca con el 14.9%, en último lugar se encuentra Baja California Sur con el 3.1%
Tasa de ocupación peligrosa, en primer lugar está Oaxaca con el 13.7%, mientras que al final de dicha lista está la Ciudad de México con un 2.9%
Tasa de quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas el primer lugar lo ocupa Oaxaca con un 9.3% y en último lugar se sitúa Baja California, con un 2.3%.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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