La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación; aún no hay sentencias ni castigos definitivos

Por Redacción

Este 7 de junio se cumplió un año de la tragedia ocurrida en el antro Rich, ubicado en la plaza Alttus de San Luis Potosí, donde el colapso de un barandal provocó la muerte de dos jóvenes y lesiones graves a otros ocho asistentes. A doce meses del incidente, el caso continúa abierto: tres personas enfrentan un proceso penal por homicidio y lesiones culposas, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene la posibilidad de judicializar a funcionarios públicos por omisiones.

La noche del 7 de junio de 2024, un sobrecupo estimado en más de mil 500 personas —cuando la capacidad permitida era de 200— derivó en el colapso estructural de un barandal, causando que varias personas cayeran desde una altura considerable. El saldo fue: dos jóvenes perdieron la vida, varios resultaron con lesiones graves, y algunos aún enfrentan secuelas físicas y psicológicas permanentes.

Tras el accidente, tres personas encargadas de la operación del lugar —Ulises “N.”, Francisco “N.” y Nancy “N.”— fueron vinculadas a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. La Fiscalía General del Estado solicitó penas de hasta 40 años de prisión para Nancy “N.”, mientras que el proceso penal continúa en la etapa intermedia, luego del cierre de la investigación complementaria a finales de 2024.

Además, la Fiscalía amplió las investigaciones para determinar si servidores públicos del Ayuntamiento de San Luis Potosí y del Gobierno del Estado incurrieron en alguna responsabilidad. Hasta ahora, cuatro exfuncionarios de la Dirección de Comercio han sido sancionados administrativamente con inhabilitaciones de seis a doce meses, aunque familiares de las víctimas han cuestionado la tibieza de estas medidas.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) reportó un gasto cercano a los 4.8 millones de pesos para atención médica, funeraria, psicológica y legal a las víctimas y sus familias.

La Fiscalía reconoció que al menos seis de los lesionados presentan secuelas permanentes, y que algunos requerirán tratamiento durante al menos seis años.

Mientras que la Dirección de Comercio de la capital reformó su reglamento que cumple con compromisos como ordenar y dignificar el espacio público, además de brindar certeza jurídica tanto al comercio formal como al informal. 

A lo largo de estos doce meses, familiares de las víctimas han promovido acciones para garantizar justicia completa. Además de exigir sanciones más firmes contra responsables directos y funcionarios omisos, han solicitado reformas para evitar que hechos similares se repitan. Una petición pública en línea recabó firmas solicitando una investigación a fondo y cambios en la supervisión de establecimientos de entretenimiento.

Aunque el proceso penal contra los tres imputados avanza, aún no se ha dictado sentencia. Tampoco se ha determinado si funcionarios públicos serán judicializados. La Fiscalía ha reiterado que la investigación permanece abierta y no se descarta la judicialización de nuevas personas involucradas.

A un año de la tragedia, el caso Rich representa una herida abierta en San Luis Potosí: un recordatorio del costo de la omisión, la impunidad y la negligencia en la vida nocturna. Y también una prueba de que la justicia, cuando llega, lo hace a paso lento.

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El actual magistrado presidente aseguró que la resolución de conflictos será mediante el criterio autónomo de cada una y uno de los electos

Por: Redacción

Arturo Morales Silva, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de San Luis Potosí, manifestó que las y los magistrados electos en la pasada elección para renovar el Poder Judicial, gozarán de autonomía y una libertad para externar sus criterios en el ejercicio de su función.

El actual magistrado presidente estatal señaló que la conformación de este Poder Judicial a cargo de la ciudadanía no sólo permite que hayan llegado l os perfiles más votados por la población, sino que cada uno contará con sus propios puntos de vista o argumentos a la hora de emitir una sentencia.

“Cada juez es autónomo para emitir sus propias determinaciones, esa parte está prevista desde la Constitución; cada juzgador, cada magistrado es independiente para emitir sus determinaciones. Hay libertad para cada uno de ellos”, afirmó.

Morales Silva recordó que el nuevo Poder Judicial entrará en funciones desde el 15 de septiembre de este año, permitirá la impartición de justicia, pronta y expedita y imparcial, con jueces electos por la ciudadanía. 

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Con trabajos en más de 10 kilómetros, las y los potosinos gozarán de una amplia ruta de movilidad

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, supervisó el avance de la obra de ampliación del bulevar Río Santiago, una inversión que transformará significativamente la movilidad en la zona metropolitana.

Con una extensión de casi 10 kilómetros, esta obra no solo facilitará la circulación vehicular, sino que también impulsa una movilidad sin  límites, permitiendo a las y los habitantes de la capital y Soledad de Graciano Sánchez reducir sus tiempos de traslado y acceder con mayor facilidad a comunidades que antes estaban prácticamente desconectadas ante el abandono de la herencia maldita.

Durante su recorrido de supervisión, el Mandatario Estatal destacó que esta ampliación beneficiará directamente a más de 823 mil habitantes y forma parte de un conjunto de proyectos que en solo dos años han atendido y resuelto problemas históricos de movilidad en el Estado.

La obra contempla la pavimentación con concreto hidráulico, la rehabilitación de puentes vehiculares y la implementación de un sistema de iluminación con 640 lámparas LED, además de la incorporación de un colector pluvial que prevendrá inundaciones.

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