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“El matrimonio no es un derecho humano”, insiste PAN sobre bodas gay en SLP
Rolando Hervert Lara y Ricardo Villarreal Loo dijeron estar en contra de las bodas gay, luego de que el Congreso del Estado aprobara esta figura la mañana de hoy
Por: María José Puente Zavala
Los diputados del Partido Acción Nacional mantuvieron su oposición al dictamen que permitirá las reformas en el Código Familiar que finalmente posibilitarán, a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, las uniones entre personas del mismo sexo.
Tras una votación cerrada, en la que doce diputados votaron en contra, catorce a favor y uno se abstuvo, el diputado Rolando Hervert Lara se dijo preocupado porque la nueva disposición tenga consecuencias en la niñez potosina.
“Lo que no queremos es que socialmente nuestra sociedad, nuestros niños, se confundan en lo que es un matrimonio porque el matrimonio es una directriz”, afirmó el diputado y luego aseguró también que “no estoy en contra, ni soy homofóbico; tengo muchos amigos de esta comunidad”.
El panista también consideró que su postura “no es discriminación, que no se sientan así, ayer estuve en una reunión con ellos, simplemente es buscar una figura jurídica”, propuso y cuestionó: “¿Por qué no va a ser diferente, si no es un hombre y una mujer?”.
Pese a que existen posturas de la Organización de las Naciones Unidas, donde se reconoce el matrimonio como un derecho de todas las personas, Hervert Lara dijo que “el matrimonio no es un derecho humano” y fue más allá: “Lo que tenemos que cuidar es la familia, y proteger el término de la adopción”.
Por su parte, el diputado Ricardo Villarreal Loo se quejó de que el tema de los matrimonios igualitarios “se ha politizado mucho, se ha partidizado”; además, dijo que aunque respeta la postura de sus compañeros diputados que votaron a favor de la reforma: “obviamente no la comparto”.
Villarreal Loo criticó hasta la forma en que algunos legisladores emitieron su voto, específicamente, Edson Quintanar, quien al votar adujo que lo hacía en respeto a los derechos humanos. Dicho gesto, consideró su oponente político, “me parece, estaba de más. (…) Hay gente que le quiere sacar raja electoral”.
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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