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Buscan fortalecer acciones de prevención a la violencia contra las mujeres
Para enfocar los esfuerzos institucionales en el respeto de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia y evitar la revictimización por parte autoridades, la diputada Patricia Silva Celis presentó una iniciativa de reforma al artículo 16 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.
Esta modificación establece como funciones del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el que se integran diversas dependencias como la Fiscalía General del Estado, el Instituto de las Mujeres del Estado; el Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; y el Centro de Atención Integral a Víctimas, el promover la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres, enfatizando la sensibilización a favor de las mujeres indígenas y del campo, las víctimas de violencia, con alguna discapacidad y migrantes
Detalla la diputada en su exposición de motivos, que se requiere reforzar las acciones de protección y respeto de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia para que se evite la revictimización de ellas por parte de las autoridades y todas las personas involucradas en su proceso de atención, con especial énfasis en las mujeres con discapacidad y las mujeres migrantes, quienes la mayoría de las veces pasan desapercibidas debido a su condición y son simplemente olvidadas y sin derecho alguno.
Agrega que de acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, invariablemente las mujeres indígenas son objeto de mayor discriminación, vejaciones y violencia de todo tipo, razón por la que en este instrumento internacional se plasman diversos compromisos en materia de difusión, protección y tutela de los derechos humanos de las mujeres indígenas.
Señala que este aspecto de protección debe insertarse de manera literal en nuestra legislación, a efecto de dar cumplimiento a dichos compromisos contraídos por nuestro país en materia de derechos humanos, tanto de las mujeres en el ámbito indígena y en el sector
rural.
“Las mujeres del campo requieren especial atención pues a la vez que las mujeres indígenas son objeto de rezago, discriminación y de prácticas machistas, lo que las aleja de los beneficios de los programas gubernamentales, mejoras en la calidad de vida y por ende mejora en
sus condiciones de vida en general”.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género para su análisis.
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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