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Cámara de Diputados aprobó reformas para crear la Guardia Nacional
Con 362 votos a favor, los diputados del Congreso de la Unión aprobaron, en lo general, la creación de la Guardia Nacional
Por: Redacción
Con 362 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la reforma constitucional que crea la nueva Guardia Nacional.
En acuerdo con el PRI y el PVEM, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados del PT y PES consensuaron los cambios al dictamen avalado en comisiones.
El documento propone un mando “mixto” o “combinado” entre civiles y militares del nuevo cuerpo policial, propuesto por el presidente López Obrador, para combatir la inseguridad y la violencia en el país.
Las modificaciones centrales establecen que la Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de Seguridad, que será la encargada de diseñar las políticas y programas, y la Sedena y la Marina las implementarán.
Para ello se establece un mando “mixto” o “combinado”, para lo que se plantea que “La ley determinará la estructura orgánica de la Guardia Nacional, adscrita a la secretaría del ramo de seguridad y tendrá una Junta de Jefes de Estado Mayor, compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina”.
Propone “amalgamar un carácter civil de una Guardia Nacional como institucional policial con funciones de seguridad pública, bajo programación y dirección civil, con un esquema de organización interna que responda a los rasgos más sobresalientes del régimen castrense”.
Para el consenso con el PRI, Morena planteó una “adenda” de modificaciones que contempla seis puntos centrales:
- Se establece una Dirección Central de carácter civil.
- Se dejan intocadas las competencias federal, de los estados y de los municipios en materia de seguridad pública.
- Se fortalecen los mecanismos de colaboración entre los tres niveles de gobierno.
- Crear una ruta para el fortalecimiento de los cuerpos policiacos.
- Se crea una Guardia con formación y capacitación de policías para el uso de la fuerza, en derechos humanos y en materia de género.
- Se crean mecanismos de control político y jurisdiccional para la evaluación de su desempeño, a través del Senado de la República.
Con una asistencia récord de 485 legisladores, el dictamen dio el primer paso, y los legisladores se disponen a debatir esta tarde-noche más de un centenar de “reservas”, o propuestas de modificación, principalmente del PAN, PRD y MC.
Por otra parte, el portal Animal Político detalló que se mantiene en el dictamen el fuero militar para los casos en los que los integrantes de la Guardia cometan faltas a la disciplina militar, así como la atribución de la Defensa de reclutar, formar, capacitar y en general manejar a este cuerpo.
A petición de diputados del PRI se agregaron dos temas. Por un lado en la propuesta de reforma al artículo 21 constitucional (donde se explica que es la Guardia Nacional y sus funciones) se añade la frase “así como colaboración en estos objetivos con las entidades federativas”.
Lo anterior con el objetivo de que se plasme la obligación de la nueva fuerza con las entidades y no actúe por su cuenta.
Y también, a petición de los priistas, en el nuevo paquete de artículos transitorios se añade el 4to que señala: “El Sistema Nacional de Seguridad Pública implementará un esquema de fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de las instituciones policiales, bajo objetivos cuyos resultados sean verificable”.
Quienes están en desacuerdo con la propuesta son las organizaciones ciudadanos agrupadas en el colectivo “Seguridad Sin Guerra”, diversos expertos y legisladores de algunos partidos de oposición, quienes advierten que el mando operativo de la nueva fuerza en realidad no será civil y que los cambios propuestos no son suficientes para impedir la militarización de la seguridad pública en México.
“Aunque tiene mejor técnica legislativa, y es una redacción más limpia, (el dictamen) sigue siendo la propuesta original de militarizar por la vía constitucional la seguridad pública, el mando civil es simbólico, y no se atendieron demandas de especialistas, ni resoluciones de la CoIDH, ni convenciones internacionales ni atendieron las evidencias que señalan que no es la vía para resolver el problema de la inseguridad. La violencia no puede combatirse con más violencia”, dijo en entrevista la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano.
Con información de: El Financiero y Animal Político
Diputado solicita juicio politico vs Jaime Pineda en el Congreso de SLP
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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