Ciudad
La asignación de obra en SLP: por dedazo y chueco
Ayuntamiento habría violado el artículo 94 de la Ley de Obras Públicas al otorgar contratos por más de 16 mdp, en la modalidad de asignación directa.
Por Redacción
De acuerdo a la información publicada por la propia administración municipal capitalina, el gobierno encabezado por Xavier Nava Palacios habría violado el artículo 94 de la Ley de Obras Públicas y el decreto 766, de obligatoria observación, al otorgar contratos por más de 16 millones de pesos, con cuatro constructores ligados al alcalde, obras por montos superiores a los que establece la ley en la modalidad de asignación directa.
Tras la publicación del artículo periodístico en que se consignó que en tres meses la administración no había licitado un solo metro cuadrado de obra pública, el gobierno municipal respondió con la publicación de una lista de más de 80 obras que actualmente ejecutan pero que, justificaron, no se licitaron o concursaron, sino que se asignaron a constructores de forma directa.
Son 80 obras que se encuentran actualmente en proceso dentro del territorio capitalino y cuentan en su conjunto con un techo financiero de 82 millones de pesos, de acuerdo a las declaraciones del propio alcalde.
Distribuida en un boletín informativo que envió la propia alcaldía, se consigna una entrevista del alcalde Nava Palacios en la que asegura que son “obras prioritarias” las que se están ejecutando y anunció que en la página de internet del municipio se encontraría el listado de la ubicación y monto de cada una de ellas.
Efectivamente, en su página de internet el municipio puso a disposición de los ciudadanos dicho listado, así como la modalidad en que fue asignada cada una de las obras. Las 80 inversiones coinciden en el mismo método: la adjudicación directa.
La Ley de Obras Públicas contempla esta figura de la asignación directa como una modalidad absolutamente legal para adjudicar a los constructores interesados la obra pública, siempre y cuando se ciña a los montos que determina el decreto del Ejecutivo del Estado para cada caso.
En San Luis Potosí, se encuentra vigente el decreto número 766, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de diciembre del año 2017, en el que se establecen dichos montos.
En la modalidad de adjudicación directa, los montos de la obra no podrán superar el millón 60 mil pesos más IVA, a partir de esta cantidad y hasta los 2 millones 980 mil pesos más se tendrá que usar la modalidad de “invitación restringida” y a partir de esa cantidad, toda la obra pública que implique mayores recursos tendrá que ser asignada a través de una licitación pública.
Acompañando al listado de obras, el municipio publicó también el decreto que lo inculpa, pues no consideraron que a simple vista, 27 de las obras anunciadas se exceden del monto legal para la adjudicación directa, si se considera a los montos publicados antes de sumarles el Impuesto al Valor Agregado.
La publicación municipal no fue precisa en informar si dichos montos contaban o no con el impuesto, por ello para fines periodísticos se consideró que dichos montos ya tienen IVA y por lo tanto son solamente cuatro las obras que se encuentran fuera de la ley.
La primera obra ilegal fue adjudicada a la constructora Quid SA de CV, a través del contrato MSLP-DOP-AD-32-2018, por un monto de 4 millones 628 mil 836 pesos, superando el tope legal de 3 millones 456 mil pesos, impuestos incluidos, que contempla la ley.
La segunda obra ilegal fue adjudicada a la empresa Paviasfaltos SA de CV, propiedad de la familia Muñiz Werge, por un monto de 3 millones 903 mil 933 pesos y 49 centavos.
La tercera obra se la asignaron a la empresa Vialidades y Construcciones Torres SA de CV, también por exactamente 3 millones 903 mil 933 pesos y 49 centavos.
La última obra ilegal detectada corresponde a la asignada a Maquinaria y Rentas Potosinas SA de CV por 3 millones 903 mil 967 pesos y 71 centavos.
Esas cuatro obras, suman en su conjunto más de 16 millones de pesos, y llama la atención que las tres últimas fueron beneficiarias de prácticamente el mismo monto de 3 millones 903 mil 933 pesos con diferencia de centavos. Como si una obra de 11 millones se hubiera repartido a las empresas de las familias Muñiz Werge y Torres.
También lea: No hubo tiempo para licitar millones de pesos en obras, justifican navistas
Rehabilitación de plaza El Cóndor, nuevas unidades deportivas y mejores calles y avenidas se realizarán gracias a la coordinación interinstitucional.
Por: Redacción
Con el compromiso de trabajar por el bienestar de la población, la presidenta concejal Patricia Aradillas, quien encabeza el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, informó que durante el próximo año se fortalecerá la coordinación con el Gobierno del Estado para impulsar obras y acciones que mejoren la calidad de vida de las y los habitantes del municipio.
La funcionaria destacó que se proyectan grandes obras para Villa de Pozos, entre el las la rehabilitación integral de la Plaza Cóndor, ubicada en la colonia Rancho Viejo, un espacio que será renovado para brindar áreas urbanas y recreativas dignas, seguras y funcionales para las familias de la zona.
Señaló que el trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y Estatal permitirá la construcción de nuevas vialidades, unidades deportivas, así como la pavimentación de las laterales de la carretera 57, además de otras acciones estratégicas que impulsarán el desarrollo urbano y la movilidad en el municipio.
La presidenta concejal afirmó que se destinarán más de 500 millones de pesos para obras de infraestructura, una inversión histórica gracias a la coordinación con Gobierno del Estado que consolidará al municipio con mejores servicios, espacios públicos de calidad y mayores oportunidades para todas y todos.
Esta alternativa está dirigida a cuentas domésticas y comerciales con adeudos de 2024 o años anteriores, y permite regularizar la situación
Por: Redacción
El programa “Acaba tu deuda de una vez” está por terminar y restan únicamente 10 días para que los usuarios con adeudos pendientes puedan aprovechar los incentivos fiscales vigentes en los servicios de agua y drenaje.
Esta alternativa está dirigida a cuentas domésticas y comerciales con adeudos de 2024 o años anteriores, y permite regularizar la situación de cada contrato mediante descuentos que se aplican conforme al monto del adeudo.
Para conocer el beneficio disponible, los usuarios pueden ingresar a sindeuda.interapas.mx, donde solo requieren el número de cuenta y el código verificador que aparece en su recibo. Tras adherirse al programa, se cuenta con un plazo de 24 horas para realizar el pago en una sola exhibición, ya sea a través de la aplicación “InterAPPas Móvil”
Interapas reiteró la invitación a no dejar pasar estos últimos días y aprovechar el cierre del programa, ya que los recursos recaudados permiten dar continuidad a acciones de mantenimiento, atención a fugas y mejora de la infraestructura hidráulica y sanitaria en la zona metropolitana.
Para más información, los usuarios pueden comunicarse a Acuatel 444 123 6400 o consultar las redes sociales oficiales del organismo.
El exfuncionario del DIF, acusado de violación, obtuvo libertad condicionada tras cumplir la mitad de su pena y acreditar los requisitos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal
Por: Redacción
El Poder Judicial confirmó que Alejandro Fernández Montiel obtuvo su libertad condicionada, como parte del proceso de ejecución penal, luego de que se acreditara el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
De acuerdo con la resolución judicial, el exfuncionario cumplió la mitad de la pena impuesta, equivalente a 6 años, 1 mes y 15 días, plazo que se alcanzó el 8 de diciembre de 2025, lo que permitió a la autoridad judicial analizar su situación jurídica para el acceso a este beneficio.
El órgano jurisdiccional determinó conceder la libertad condicionada tras validar diversos elementos, entre ellos:
- el tiempo efectivo de compurgación,
- la conducta durante el internamiento,
- el cumplimiento del plan de actividades, y
- la reparación del daño.
La resolución se emitió dentro del marco legal vigente y corresponde a la fase de ejecución de la sentencia, por lo que no implica la absolución del delito ni la cancelación de la condena, sino una modificación en la forma de cumplimiento de la pena.
El caso de Fernández Montiel generó amplia atención pública desde su detención en octubre de 2019, tras una persecución en la capital potosina, así como por la naturaleza del delito por el cual fue sentenciado. La concesión de la libertad condicionada reaviva el debate sobre los alcances del sistema penal, la protección de las víctimas y la aplicación de beneficios legales en delitos de alto impacto social.
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