agosto 6, 2026

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16 exfuncionarios municipales de SLP, con un pie en la cárcel: FGE

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De acuerdo con el Segundo Informe de Actividades de la FGESLP, hay funcionarios de la ASE, el Congreso, el Poder Judicial y autoridades municipales bajo un proceso penal

Por: El Saxofón 

El 51 por ciento de los servidores públicos sobre los que la Fiscalía Anticorrupción ha ejercido acción penal, son funcionarios municipales, según consta en el según el Segundo Informe de Actividades de la Fiscalía General del Estado (FGE), 2018-2019.

Según el informe, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción  (FEHC) ejerció acción penal contra 53 servidores públicos; en el documento, sin dar mayores detalles sobre los presuntos responsables, se hace constar que se trata de 12 funcionarios del Poder Legislativo, entre ellos 5 diputados; 2 servidores públicos del Gobierno del Estado, 1 del Poder Judicial y 27 autoridades municipales.

Del Poder Legislativo hay 12 funcionarios en proceso penal ante Juez. Se trata de “dos diputados (que) se encuentran vinculados a proceso en etapa de investigación complementaria y tres diputados con solicitud ante el juez de control para audiencia inicial”; sin embargo, aunque el primero se vinculó a proceso desde el 2018, no se ha logrado emitir una sentencia.  

También informó la Fiscalía que 7 “funcionarios de Auditoría Superior del Estado (están) en proceso penal ante juez: Los siete se encuentran vinculados a proceso en etapa de investigación complementaria”.

Del Poder Ejecutivo se encuentran 2 oficiales del Registro Civil en proceso penal ante juez, uno con solicitud ante el juez de control para audiencia inicial y otro vinculado a proceso y en suspensión condicional de proceso a prueba; además, hay “un actuario en proceso penal ante juez con solicitud ante el juez de control para audiencia inicial”.

El informe de la FGE indica que también hay 27 autoridades municipales bajo proceso penal.

Destacan 5 presidentes municipales en proceso penal ante juez, de ellos: uno con orden de aprehensión que ya se encuentra girada y en etapa de cumplimentación. Otro alcalde tiene solicitud ante el juez de control para audiencia inicial y tres con orden de aprehensión solicitada.

La fiscalía también reportó los casos de 6 regidores de ayuntamiento en proceso penal ante juez, con orden de aprehensión solicitada; 4 miembros de cuerpos de seguridad; dos síndicos municipales en proceso penal ante juez con orden de aprehensión solicitada.

Así mismo “dos secretarios municipales en proceso penal ante juez con orden de aprehensión solicitada; dos contralores municipales en proceso penal ante juez con orden de aprehensión solicitada”.

Además de los funcionarios públicos sujetos a proceso por presuntos delitos de corrupción, hay siete particulares con intervención en hechos de corrupción: uno se encuentra vinculado a proceso en etapa de investigación complementaria; dos órdenes de aprehensión se encuentran giradas en etapa de cumplimentación y cuatro con solicitud ante el juez de control para audiencia inicial.

Según el Informe, del 2018, la Fiscalía Anticorrupción tiene 10 carpetas de investigación abiertas y 24 concluidas, mientras que en 2019, reporta 68 carpetas activas y 20 concluidas.

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Ciudad

El sistema estatal de cuidados, atorado en la burocracia: Colectivo

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El colectivo Cuidadoras Potosinas hace un llamado enérgico tanto al estado, al congreso y al ayuntamiento capitalino para cumplir acuerdos

Por: J. C. Haro

El colectivo Cuidadoras Potosinas planteó que ni el reconocimiento constitucional ni la aprobación del Cabildo de la capital potosina han sido suficientes para que estos avances se traduzcan en políticas públicas concretas.

Mariana Hernández Noriega, dirigente del colectivo, afirmó que la principal demanda es que las autoridades municipales y estatales respeten los compromisos asumidos con las personas cuidadoras y den continuidad a las mesas de trabajo para construir el sistema estatal.

La activista aseguró que el Ayuntamiento de San Luis Potosí no cumplió con la creación del Sistema Municipal de Cuidados, a pesar de que el acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Cabildo. Explicó que el colectivo promovió un amparo para exigir el cumplimiento de ese compromiso.

“Le exigimos al Ayuntamiento de San Luis Potosí que cumpla con el Sistema Municipal de Cuidados“.

El colectivo además sostiene que la lucha por el sistema de cuidados no beneficia únicamente a su organización, sino a todas las personas que realizan labores de cuidado en el estado, incluidas madres, hijas cuidadoras y quienes atienden a adultos mayores o familiares con enfermedades o discapacidad.

En el ámbito estatal, el colectivo logró la incorporación del artículo 12 Bis a la Constitución local, que reconoce el derecho a cuidar y a ser cuidado en condiciones dignas. Sin embargo, advirtió que la ley que debe crear el Sistema Estatal de Cuidados

aún no ha sido aprobada.

La dirigente explicó que el proceso legislativo continuará a partir de septiembre, cuando el Congreso reanude actividades y se retomen las mesas de trabajo con dependencias estatales para definir el funcionamiento del sistema y el presupuesto necesario para su implementación.

Hernández Noriega informó que el estado enfrenta un cambio demográfico que hará cada vez más urgente contar con una política pública de cuidados. Señaló que San Luis Potosí registra una disminución en la natalidad y un aumento en la población adulta mayor, lo que incrementará la demanda de personas cuidadoras.

“La bronca es quién va a cuidar a esos viejitos, y quién nos va a cuidar”, se preguntó.

Además del cumplimiento de los sistemas municipal y estatal, el colectivo pide ampliar las redes de apoyo para las personas cuidadoras mediante estancias para adultos mayores, empleos de medio tiempo, capacitación y atención psicológica permanente.

La organización afirmó que continuará impulsando la creación de mecanismos institucionales concretos que permitan reconocer y sostener el trabajo de cuidados en San Luis Potosí.

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Ciudad

Refuerzan vigilancia para impedir operaciones de huachicol en Soledad: Navarro

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El alcalde aseguró que hasta ahora no se han detectado operaciones relacionadas con el robo de combustible en el municipio

Por: Redacción

Aunque hasta el momento no se han detectado operaciones relacionadas con el robo y almacenamiento ilegal de combustible en Soledad de Graciano Sánchez, el gobierno municipal mantendrá operativos permanentes para impedir que este delito se establezca en la demarcación, aseguró el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El edil explicó que la estrategia consiste en incrementar la presencia de la Guardia Civil Municipal tanto en la cabecera como en las comunidades, además de mantener la coordinación con fuerzas estatales y federales.

“Es seguir con los recorridos, seguir con la presencia de la Guardia Civil Municipal en todo el municipio”, afirmó.

Navarro señaló que el trabajo conjunto con la Guardia Civil Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional continuará como parte de las acciones preventivas.

“Justamente es eso, para que no tengamos problemas de este tipo”, indicó.

El alcalde aseguró que la prioridad es evitar que Soledad sea utilizado como punto de almacenamiento o distribución de combustible robado, por lo que los recorridos de vigilancia permanecerán de forma constante.

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Uber se quedó a medio trámite y no podrá operar aún en SLP

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La titular de la SCT aseguró que la empresa no completó los requisitos establecidos por la ley, aunque mantiene abiertas las puertas para que lo haga

Por: Redacción

La plataforma de transporte Uber no podrá operar en San Luis Potosí debido a que no concluyó el proceso de regularización previsto por la legislación estatal, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La funcionaria explicó que la empresa recibió el memorándum correspondiente para iniciar el trámite, sin embargo, no cumplió con los pasos necesarios para obtener la autorización.

“No terminó con su trámite. Se les entregó el memorándum para que realizaran su pago y dieran inicio a su procedimiento en términos de ley, entregando los datos de sus operadores y acudiendo a las capacitaciones que establece la normatividad. La realidad es que no cumplieron con ninguno de estos requisitos“, declaró.

Martínez Acosta señaló que la dependencia mantiene disposición para que Uber complete el procedimiento y pueda operar conforme a la ley, por lo que descartó que exista una postura de persecución hacia la empresa.

“No es un tema de persecución ni de cacería. Al contrario, buscamos que ellos mismos nos ayuden a que la empresa cumpla con la legalidad y con todo lo que establecen las leyes locales”, afirmó.

La secretaria agregó que incluso han sostenido reuniones con algunos operadores interesados en prestar el servicio mediante la plataforma,

a quienes se les ha explicado el proceso de regularización.

Asimismo, sostuvo que el incumplimiento de la empresa deja a los propios conductores en una situación de vulnerabilidad, al no contar con las condiciones legales previstas por la normativa estatal.

“Es la empresa la que no cumple con lo que las leyes locales establecen y eso deja a los operadores en estado de indefensión”, señaló.

Respecto a la llegada de nuevas plataformas digitales al estado, Martínez Acosta consideró que la competencia representa una oportunidad para mejorar la calidad del servicio de transporte.

“Hoy el gremio del taxismo entiende que la competencia es buena. Ellos estarán tratando de mejorar y brindar un mejor servicio, mientras que la ciudadanía podrá elegir la opción que considere más conveniente”, comentó.

La titular de la SCT reiteró que, mientras Uber no complete el procedimiento administrativo y cumpla con las obligaciones previstas en la ley, la plataforma no podrá prestar el servicio de transporte en San Luis Potosí.

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