#4 Tiempos
Vigilemos la Corte | Por Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
El 15 de mayo del año pasado, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial un acuerdo por el que emitían la llamada Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. En términos generales, el acuerdo concedía ventajas a la CFE para distribuir la energía eléctrica con base en criterios que aseguren la confiabilidad del servicio eléctrico en el contexto de incertidumbre generado por la pandemia, debido, supuestamente, a que las centrales de energías renovables son intermitentes en su suministro. Si como a mí, a usted también le parece poco cuerdo el argumento de la Sener, mejor ni pensemos en el titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que presentó su renuncia al cargo algunas horas antes de la publicación del Acuerdo.
Como ya se hizo costumbre de que las políticas de esta administración terminen por resolverse en tribunales, la Segunda Sala de la Suprema Corte resolvió la semana pasada que 22 disposiciones del Acuerdo son inconstitucionales. El proyecto del ministro Aguilar Morales argumentó que las ventajas otorgadas a la CFE por la Política de Confiabilidad desfiguran la libre competencia en el mercado de energía, sin que exista una justificación razonable para ello.
En respuesta a lo expresado por la Corte, López Obrador decidió olvidar su promesa de campaña de no realizar reformas en materia energética en sus primeros tres años de gobierno y mandó al Congreso una iniciativa preferente que le permitiría alcanzar sus objetivos. Así pues, se viene a confirmar que era pura vacilada eso de que la política de confiabilidad era para asegurar el suministro de energía en el contexto de pandemia; la verdadera política es fortalecer a CFE cueste lo que cueste, aún que el costo económico y el costo al medio ambiente lo tenga que asumir la ciudadanía. La iniciativa preferente es incompatible, tanto con lo resuelto por la Corte la semana pasada, como con los compromisos adquiridos por México en el TMEC y en los Acuerdos de París. Es solo cuestión de tiempo para que, una vez más, sean los tribunales los que analicen la muy viciada legalidad de estas políticas.
A todo esto, una buena parte de la mucha o poca legitimidad que tienen las acciones de esta “Transformación” recae en los tribunales que deciden sobre su legalidad. Particularmente, es muy importante prestar atención a que la autonomía de las y los ministros de la Suprema Corte no se ponga en vilo ni por un momento. Sin embargo, hay algunas alarmas que han comenzado a sonar desde hace dos años —otras sonando de sexenios atrás—, agudizándose especialmente con la sentencia de la semana pasada.
La inconstitucionalidad de las 22 disposiciones del Acuerdo de la Sener fue aprobada cuatro votos contra uno. Ese único voto en contra fue, para sorpresa —me permito decirlo— de nadie, de Yasmín Esquivel Mossa. Sorpresa de nadie porque, desde que ingresó a la Corte en Marzo de 2019, el sentido de los votos de la ministra Esquivel ha demostrado una tendencia que favorece la postura oficialista.
Retrocedamos. En el caso de la consulta popular para enjuiciar expresidentes, Esquivel defendió su constitucionalidad, francamente, con una interpretación muy forzada: señaló que se trataba de un ejercicio para conocer la percepción social de las funciones públicas que realizan los funcionarios; al no estar prohibido eso, entonces, debía ser constitucional.
Después, el caso del Acuerdo Militarista de López Obrador, por el que pretende echar mano de las Fuerzas Armadas por cinco años en tareas de seguridad pública. Es una historia intricada; seré lo más claro posible. Primero, la diputada Laura Rojas presentó una controversia constitucional impugnando dicho acuerdo y el proyecto le fue turnado a la ministra Ríos Farjat. Acto seguido, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó un recurso de revisión en contra de la controversia constitucional, argumentando que Laura Rojas no tenía legitimidad para impugnar. Este asunto quedó a cargo de Yasmín Esquivel y en su proyecto propone darle la razón a la Consejería. Además, Esquivel pospuso la discusión de este asunto de manera indefinida desde octubre del año pasado. Está buscando detener tanto de manera legal como de manera material la discusión del Acuerdo, que sobra decirlo, es a todas luces inconstitucional.
Ahora, la semana pasada votó en contra del ya mencionado tema de la errática política energética de este gobierno. Nuevamente, sin entrar al fondo del asunto, su justificación fue que la Cofece no tenía legitimidad para impugnar el Acuerdo de la Sener.
El nombramiento de Esquivel Mossa fue polémico desde el inicio. La terna enviada por el presidente estuvo compuesta por Celia Maya, hoy flamante candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro; por Loretta Ortiz, ex diputada de Morena, quien además, en un acto de “independencia”, tuvo el tino de renunciar al partido un par de semanas después de que ya la habían nominado; Esquivel, por su parte, con la peculiaridad de que su esposo es el contratista predilecto de López Obrador, José María Riobóo. Sin ningún ánimo de menoscabar su carrera profesional y de atribuirle sus triunfos laborales a su esposo, la sospecha del conflicto de interés en este caso es imposible de ignorar.
Los mecanismos de nominación a un tribunal constitucional funcionan distinto en todos los países. En Estados Unidos, por ejemplo, las coincidencias ideológicas del Ejecutivo con los y las nominadas a la Corte Suprema no son ningún secreto. Por el contrario, son factor decisivo para su nominación. En México esta comparación es totalmente incompatible: primero, claro, porque son sistemas jurídicos distintos; segundo, porque sobran ejemplos (sirva el caso de Medina Mora, también) que demuestran que la cercanía entre ambos poderes acaba con costos muy altos para el Estado de Derecho y la ciudadanía.
Entre los cientos de ociosas reformas que hacen a la Constitución cada sexenio, urge una que atienda los vicios de nominación y de renuncia de las y los ministros de la Corte. Entre tanto, prestemos atención al sentido de los votos en la Corte, particularmente cuando allí se decide la mayor parte del plan de gobierno.

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El Cronopio
El patriarca del son arribeño, Don Francisco Berrones | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Hace treinta años fallecía en el Jagüey de San Francisco, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, el gran poeta campesino Francisco Berrones Castillo, mismo lugar donde nació un mes de marzo de 1898, uno de los más importantes trovadores, decimeros de San Luis Potosí.
Un par de meses antes de nacer Don Francisco Berrones, falleció su padre dejándolo en la orfandad, de pequeño tendría problemas cardiacos teniendo pocas esperanzas de vida, lo que orilló a su madre a ofrecer a San Francisco de Asís patrono del pueblo del Jagüey de San Francisco, ponerle su nombre si alcanzaba a recibir el bautizo. El niño se salvó y Macario que era el nombre que tenía ese niño, pasó a llamarse Francisco. Las tradiciones del pueblo se manifestaron en esa petición al santo patrono del pueblo, Macario alcanzó a ser bautizado y su enfermedad desapareció, renaciendo como Francisco en pago a la manda.

Inició sus estudios primarios donde aprendió a leer y mal escribir, como refiere el mismo Francisco Berrones. La tradición del son arribeño lo envolvió de pequeño y aprendió a hacer poemas desde muy chico. Los primeros versos se los dedicaba a su abuela y su madre, “Cuando yo venía de la escuela le decía un verso a mi abuela materna, a mis hermanos mayores, y a veces le hacía un verso a mi madre en el que pedía que me diera un abrazo y un beso de sus labios; por tal motivo, todos me trataban con cariño”.
A los nueve años de edad acompañó a su hermano a que iba a trabajar a Tampico y en Ciudad Madero, que entonces se llamaba Paso de Doña Cecilia, compondría su primera poesía que dedicó a ese Paso de Doña Cecilia. El pequeño Francisco había presenciado entonces una topada entre los famosos poetas de son arribeño, José Torres y Eugenio Villanueva; recordaba aún al paso de los años la planta que Don José Torres le cantó a Don Eugenio y fue la inspiración para tomar el “destino”, como lo nombran los poetas arribeños. Berrones nos lo recuerda:
“[…] hicieron una fiesta de un 16 de septiembre con dos famosos poetas. Uno de ellos fue don José Torres y el otro fue el señor don Eugenio Villanueva, que Dios lo tenga en su Santa Gloria. Mi hermano me tomó de la mano y me dijo: vamos, te voy a llevar un rato a la fiesta y para que oigas a los cantores, a ver qué aprendes.
Llegamos a la dicha fiesta, estaban los tablados adentro de la aduana, en una cabecera, y todo aquello adornado con banderas tricolores. Estaba don Eugenio tocando un jarabe y muchos hombres bailando. No me di cuenta que le cantó él a don José Torres, pero cuando don Eugenio terminó, Don José le cantó esta planta, y su poesía la dijo así: Vamos adentro y adentro, para que nos dé una prueba, ahora se la lleva el viento don Eugenio Villanueva.
Al oír aquella poesía le dije a mi hermano, ‘yo creo que ya están en la competencia’. El sol ya se ha ocultado, y como mi hermano trabajaba de noche nos fuimos a la casa: mi hermano se fue a su trabajo y yo me quedé pensando en aquella planta, y repasándola para que no se me olvidara.
De pocos días pensé: bueno, y yo por qué no hago una poesía, pero a quién. Ah, pues le voy a hacer una a este Paso de Doña Cecilia y me puse en obra y la hice: fue la primera que brotó de mi mente”.
Iniciaba así una trayectoria de casi noventa años como poeta campesino, poeta de son arribeño, que dio gloria a esta rica tradición potosina, convirtiéndose en uno de los principales poetas en esta tradición que era invencible en el encuentro entre poetas, conocido como topadas, donde en todos esos años perdió sólo una vez siendo muy joven, contra José Ceballos en una topada en Villa Juárez.
Don Francisco Berrones aprendió el “reglamento” (que implica la memorización de poemas y el dominio de la improvisación de décimas) y la “sonería” (el repertorio de piezas, como sones y jarabes) escuchando a los trovadores cuando acompañaba a su madre a las bodas, así como con un par de libros de poesía de Juan de Dios Peza y Antonio Plaza que compraron él y un amigo que también le gustaba la poesía; por lo general, con el término de huapango engloban los distintos tipos de música que tocan, así como el baile y la fiesta misma.
Con el arado y por el arado
se acaba el hombre como alcanfor.
Porque el destino de agricultor
es un trabajo duro y pesado.
El hombre pobre de labrador,
su propia suerte lo está matando.
Todos los años vive regando
la tierra ajena con su sudor.
Para él no hay viento, no hay calor,
para él no hay nieve, ni frío o templado,
toda la vida está esclavizado;
por trabajar en la agricultura
se va orillando a la sepultura,
con el arado y por el arado.
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El Cronopio
Juan José Ortega, director cinematográfico matehualense | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
En las primeras décadas del siglo XX un buen número de potosinos van a la Ciudad de México a continuar su formación y su desarrollo profesional. La mayoría sobresalen en las actividades que se realizan, como lo muestra la nutrida membresía de la Academia Potosina de Ciencias y Artes formada por potosinos que radican en la Ciudad de México, donde la mayoría ocupan puestos de importancia en la vida cultural mexicana. Entre estos personajes se encuentra el camelense Juan José Ortega García que destacaría en la industria cinematográfica en la época de oro del cine nacional a la que se incorpora en la década de los treinta siendo otro de los potosinos pioneros en el cine mexicano.
Juan José Ortega García nació en Matehuala, San Luis Potosí, el 27 de octubre de 1904, donde inicia su educación primaria la que tuvo que suspender, para proseguirla de manera autodidacta, para contribuir al sostenimiento de su familia. La familia se traslada a San Luis Potosí y continúa su formación autodidacta, entre ellos el oficio de mecanografía, lo que le conduciría a iniciarse en el periodismo en 1925 colaborando en el periódico Acción de San Luis Potosí, del que sería su subdirector en 1928 y, director en 1932 del periódico potosino Vanguardia. Fundó en el Bajío un par de periódicos: el Diario del Centro en Aguascalientes y El Globo en León, Guanajuato. Colaboró como corresponsal en los periódicos Excélsior y El Universal.

Al llegar a la Ciudad de México para integrarse a la Comisión de Irrigación en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas inicia su carrera en el cine dirigiendo documentales oficiales, Irrigación en México y Gigantes de Piedra. Al dirigir estos largometrajes comprendió que su carrera sería el cine y se adentra dirigiendo su primera película en 1939, Sendas del Destino, donde actúa, entre otros, Eduardo Arozamena, en una trama que se desarrolla en la presa La Angostura en Sonora, reminiscencia de sus primeros largometrajes, la cual fue financiada de su propio peculio y con aportación de la Comisión Nacional de Irrigación, donde laboraba Ortega García.
Sendas del Destino sería su ópera prima de, al menos 42 películas que dirigió
, realizando también coproducciones internacionales, con Cuba, Venezuela, Colombia y Perú. Entre las películas que dirigió se encuentran: La mujer legítima en 1945, con Isabela Corona; La insaciable de 1947, con María Antonieta Pons, con un guion escrito por el propio Juan José Ortega incursionando así en el guionismo; Cuando el alba llegue, en 1950, con Meche Barba; Lodo y armiño, de 1951, con Armando Calvo; Cuentan de una mujer, en 1958, con Marga López; En carne propia, de 1961, con Joaquín Cordero; Pacto de sangre, en 1966, con Manuel López Ochoa, entre otras.Entre los melodramas, género preferido de Juan José Ortega, filmados en Cuba se encuentran: la comedia musical filmada en 1953 en La Habana, intitulada Me gustan Todas con Adalberto Martínez Resortes; en 1954 las cintas, Frente al pecado de ayer y Yo no creo en los hombres, protagonizadas por Sarita Montiel; en 1956 dirige No me olvides nunca, con actuaciones de Luis Aguilar, Rosita Fornés y Olga Guillot.
En la década de los sesenta dirige la serie de películas tipo westerns de Leonardo Moncada, serie de cinco películas estelarizadas por Joaquín Cordero, basadas en una serie radiofónica cubana. En esa década Ortega comienza a dedicarse a la distribución de películas creando la distribuidora Compañía Cinematográfica Mexicana y Productora Mexicana de Películas. Es propietario también de Producción Fílmica de México y Películas y Videos Internacionales, todo ello en los ochenta.
Recibió varios reconocimientos a su carrera cinematográfica, como productor, director, guionista y distribuidor actividades que siguió después del periodismo, donde sería también pionero en el periodismo potosino del siglo XX. Juan José Ortega García murió en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1996.
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Acento Ajeno
La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés
ACENTO AJENO
Por: Haniel Valdés Velázquez
Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.
Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.
En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.
Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?
Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.
Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.
Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.
La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades
ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.
El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.
Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.
Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.
La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.
Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.
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