El gobernador reunió a representantes de los sectores académico, jurídico, científico, empresarial y periodístico para construir una nueva ruta normativa con respeto a la libertad de expresión y los derechos digitales

Por: Redacción

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó el primer encuentro de diálogo institucional con representantes de universidades, centros de investigación, organismos empresariales, colegios de abogados, medios de comunicación, periodistas y autoridades, con el propósito de analizar los retos que plantea la inteligencia artificial en materia de libertad de expresión, derechos digitales y desarrollo tecnológico.

Durante la reunión se escucharon planteamientos, inquietudes y propuestas de los distintos sectores participantes para construir una ruta de trabajo basada en el consenso, que brinde certeza jurídica, promueva el uso responsable de las nuevas tecnologías y garantice el respeto a los derechos humanos.

Como resultado de este primer ejercicio de diálogo, el mandatario estatal firmó la iniciativa para derogar los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter del Código Penal del Estado, así como las disposiciones relacionadas con el Decreto 0314, con el objetivo de abrir una nueva etapa de análisis y construcción legislativa mediante un proceso abierto y participativo.

Además, se acordó solicitar al Congreso del Estado la realización de un Parlamento Abierto y de una consulta especializada sobre inteligencia artificial, libertad de expresión y derechos digitales, con la participación de especialistas, instituciones académicas, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de los sectores productivos.

Al cierre del encuentro, Ricardo Gallardo destacó que este ejercicio permitió sentar las bases de un diálogo plural e incluyente para construir una regulación moderna sobre la inteligencia artificial, considerando su impacto en ámbitos como la salud, la educación, el empleo, la administración pública y la prestación de servicios a la ciudadanía, siempre con una visión que privilegie la innovación, la protección de derechos y el interés público.

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Guadalupe Torres advirtió que los funcionarios con aspiraciones para 2027 deberán pedir licencia o renunciar

Por: Redacción

Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), advirtió que los servidores públicos con intención de buscar un cargo de elección en 2027 deberán pedir licencia o presentar su renuncia para dedicarse por completo al trabajo territorial.

El funcionario aseguró que, hasta ahora, ningún integrante del gabinete estatal ha manifestado abiertamente su intención de buscar una candidatura. “Nadie ha levantado la mano”, afirmó, luego de una reunión de gabinete en la que se insistió en que a la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona todavía le quedan meses de trabajo pendiente.

Torres Sánchez sostuvo que el objetivo es romper con la práctica de administraciones anteriores, en las que el último tramo de gobierno se volvía improductivo porque los funcionarios ya pensaban en la siguiente contienda electoral. “Es mucho tiempo el perdido”, señaló.

Sobre la posibilidad de relevos o denuncias dentro de la SGG, el funcionario dijo que la dependencia es una institución sólida que no depende de una sola persona, y que los servicios públicos que presta se sostienen al margen de quién ocupe la titularidad.

Torres Sánchez indicó que esta semana se dará a conocer el nombre de quien ocupará una titularidad que actualmente está vacante en el gobierno estatal, aunque no precisó de qué dependencia se trata. Agregó que no descarta que, en los próximos días, semanas o meses, otros funcionarios decidan buscar una candidatura y, en ese caso, deberán separarse igualmente de su cargo.

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La iniciativa armoniza la ley estatal con la legislación federal e incorpora expresamente a adolescentes y niñas como sujetas de protección; fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género.

Por: Redacción

Dulcelina Sánchez de Lira, diputada local, propuso una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, a fin de armonizarla con la legislación federal en la materia y fortalecer la protección de los derechos humanos de las mujeres, brindando mayor certeza a las autoridades encargadas de la prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de la violencia de género.

La legisladora explicó que la redacción vigente define la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, conformada por conductas misóginas que pueden culminar en diversas formas de muerte violenta.

Sin embargo, esa definición resulta más limitada que la prevista en la legislación general: no incorpora expresamente a las adolescentes y niñas

como sujetas de protección, omite reconocer el ejercicio abusivo del poder como elemento constitutivo de esta violencia y restringe sus manifestaciones a la muerte violenta, sin considerar otras conductas que generan riesgos graves para la vida.

La reforma actualiza la definición con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interés superior de la niñez, y reconoce que la violencia feminicida puede producirse en los ámbitos público y privado como consecuencia del ejercicio abusivo del poder.

También contempla que esta violencia se manifiesta mediante conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo la vida o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, además de conductas que afectan gravemente la integridad, seguridad y libertad personal.

Sánchez de Lira señaló que la modificación permitirá que políticas públicas, protocolos institucionales y acciones de acceso a la justicia operen bajo una definición homogénea, evitando interpretaciones restrictivas que limiten la actuación de las autoridades.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Igualdad de Género.

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