El delegado de Conagua en SLP ya descartó la viabilidad del proyecto, recordó la diputada

Por: Redacción

La diputada Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, respaldó la postura de que San Luis Potosí no cederá agua a Nuevo León, después de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) descartara el proyecto del acueducto Monterrey VI.

García dijo desconocer la estrategia específica de Monterrey en el tema, pero afirmó que, ante las autoridades federales, la propuesta de llevar agua desde San Luis Potosí no sería viable; recordó que el delegado de Conagua en el estado ya lo descartó.

Explicó que el Congreso local no tiene facultades de ejecución en materia de aguas federales

, solo puede emitir opiniones y exhortos, y dijo que se mantiene en coordinación con Conagua y el gobierno federal en las estrategias de infraestructura hídrica.

En opinión personal, García dijo que el agua “no es de nadie” y que las decisiones deben basarse en el derecho humano al agua y en un análisis técnico de los acueductos y cuencas, sin dejar a ningún estado sin abasto.

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El diputado reconoció que el Congreso local no puede incidir en la Ley de Ingresos federal

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El PAN adelantó que se opondrá al proyecto de Ley de Ingresos y Egresos 2027, que el gobierno federal turnó al Congreso de la Unión, por los recortes que el partido atribuye a los apoyos destinados a los municipios, dijo el diputado local Rubén Guajardo Barrera.

Guajardo señaló que desde hace ocho años han desaparecido los apoyos federales en materia de seguridad pública para los municipios, y que los recursos para infraestructura hidráulica se mantienen muy limitados. Dijo que el PAN hará “un análisis profundo” del proyecto y que en los próximos días dará a conocer el impacto que representa para San Luis Potosí.

El legislador reconoció que el Congreso local no puede incidir en la Ley de Ingresos federal, aunque sí puede pronunciarse, en momentos en que crece la preocupación por un posible incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“En todos los presupuestos el PAN ha ido en contra, porque hay cosas que nosotros hemos presentado como propuestas y que no se han aprobado”, dijo Guajardo, quien calificó de “cerrazón” la postura del gobierno federal ante las propuestas de su partido.

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El diputado potosino puso a revisión su iniciativa con quien encabezó el área en el PJF y fundó hace más de 25 años el primer centro municipal del país

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Sacar adelante una reforma procesal exige contrastarla con la práctica diaria, no con teoría de escritorio. Bajo esa lógica, el legislador federal Juan Carlos Valladares Eichelmann sostuvo una mesa de trabajo con Rafael Lobo Niembro, considerado el artífice de los mecanismos alternativos de solución de controversias en el país.

El perfil de Lobo Niembro respalda la consulta técnica. En 1999 fundó en San Pedro Garza García el primer Centro de Mediación Municipal en México; cuenta con el registro número uno del Poder Judicial de Nuevo León y, en el fuero federal, dirigió el Centro de Mecanismos Alternativos del PJF. A nivel internacional fue el primer mexicano certificado por el International Mediation Institute de La Haya, además de asesorar proyectos para el Banco Mundial y agencias de la ONU.

El encuentro se concentró en la iniciativa que reforma el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuyo objetivo es agotar un intento real de arreglo antes de iniciar un juicio formal.

“Una cosa es redactar un artículo en San Lázaro y otra muy distinta lidiar con la barandilla de un juzgado. Si queremos legislar con seriedad, hay que escuchar a quienes llevan un cuarto de siglo resolviendo pleitos frente a frente. La experiencia de Rafael Lobo

nos ayuda a ver con claridad qué sí funciona en la práctica y qué fallas operativas no podemos repetir”, señaló.

En la mesa coincidieron en que el reto no está en la redacción legal, sino en la calle: la reforma no debe convertirse en un trámite forzado ni en un cuello de botella. Se trata de ofrecer un espacio ágil donde las familias o particulares solucionen controversias en semanas y no en litigios que suelen prolongarse tres o cuatro años.

Durante la revisión se abordaron tres temas críticos:

La validez legal inmediata de los acuerdos que se firmen.
Reglas claras para certificar a los facilitadores públicos y privados.
Presupuesto e infraestructura mínima para no saturar los centros de mediación locales.

“Si dos personas quieren llegar a un acuerdo sensato, la ley debe darles la salida más rápida, no obligarlas a desgastar su patrimonio en un tribunal”, añadió.

El legislador potosino mantendrá abiertos estos encuentros con barras de abogados, jueces y especialistas antes de que la Comisión de Justicia dictamine la reforma.

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