SERENDIPIA

Hace algunos años, México intentó crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. El proyecto terminó declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente porque exigía datos biométricos sin demostrar que esa medida fuera necesaria y proporcional para combatir la delincuencia. Parecía un capítulo cerrado… pero la historia tomó un nuevo rumbo.

Estimado lector, desde el 9 de enero de 2026 entró en vigor un nuevo esquema que obliga a vincular las líneas de telefonía móvil con la identidad de su titular, ya sea mediante la CURP en el caso de personas físicas o el RFC para personas morales. A diferencia del antiguo PANAUT, este modelo no contempla un padrón con datos biométricos como requisito general, sino un mecanismo de identificación administrado por los concesionarios de telefonía bajo la supervisión de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Su principal objetivo, según las autoridades, es combatir delitos como la extorsión telefónica, el fraude y el uso de líneas anónimas por parte de grupos delictivos.

La medida generó un enorme reto logístico. México cuenta con más de 140 millones de líneas móviles, y millones de usuarios no habían realizado el trámite antes del vencimiento del plazo original. Ante esa realidad, la CRT decidió ampliar el periodo para registrar las líneas de prepago mediante un calendario escalonado que comienza el 15 de agosto y concluye el 31 de diciembre de 2026, dependiendo del último dígito del número telefónico. Al cierre de la primera semana de julio, todavía faltaban por vincular más de 78 millones de líneas, es decir, más de la mitad del universo nacional.

Ahora bien, la pregunta importante no es únicamente cómo registrar la línea, sino qué ocurre si decides no hacerlo.

La consecuencia inmediata prevista por la regulación es la suspensión temporal del servicio. Esto significa que la línea dejará de operar para llamadas, mensajes y datos móviles, conservando únicamente funciones limitadas, como las comunicaciones de emergencia, hasta que el usuario complete el registro correspondiente. No se trata de una multa económica ni de un delito; simplemente, la línea deja de prestar el servicio mientras incumpla con el requisito legal.

¿Conviene registrarla? Desde un punto de vista estrictamente práctico, sí. Hoy el teléfono celular dejó de ser un simple medio para hacer llamadas. Es la llave de acceso a aplicaciones bancarias, autenticación de doble factor, plataformas laborales, servicios gubernamentales y comunicación cotidiana. Perder temporalmente el acceso al número puede generar más complicaciones que el propio trámite de registro.

Sin embargo, también es válido preguntarse por las implicaciones en materia de privacidad. El antecedente del PANAUT sigue presente en la memoria jurídica del país. En 2022, la Suprema Corte declaró inconstitucional ese padrón porque la recopilación obligatoria de datos biométricos no superaba el análisis de proporcionalidad y representaba un riesgo para los derechos fundamentales de privacidad y protección de datos personales. Ese precedente continúa vigente y constituye un recordatorio de que cualquier medida de identificación masiva debe respetar los límites constitucionales.

Precisamente por ello, el nuevo modelo ha intentado diferenciarse del anterior al limitar la información solicitada y fortalecer las obligaciones de protección de datos por parte de las empresas de telefonía. Aun así, el debate jurídico continúa abierto: algunos especialistas consideran que el registro facilitará las investigaciones sobre extorsión y fraude, mientras que otros sostienen que todavía falta demostrar que este tipo de medidas realmente disminuyan la incidencia delictiva.

¿Y cómo se realiza el registro?

En términos generales, el procedimiento puede efectuarse en línea o directamente en los centros de atención de la compañía telefónica. El usuario deberá acreditar su identidad mediante su CURP —o RFC si se trata de una persona moral— junto con la identificación requerida por su operador. Cada empresa ha habilitado plataformas específicas para que sus clientes verifiquen y actualicen la información correspondiente.

Aquí vale la pena hacer una reflexión.

En derecho pocas veces existen respuestas absolutamente buenas o absolutamente malas. Combatir delitos como la extorsión telefónica es un objetivo legítimo del Estado. Proteger la privacidad y los datos personales de millones de ciudadanos también lo es. El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio entre ambas finalidades sin sacrificar derechos fundamentales.

Estimado lector, registrar o no registrar la línea ya no es únicamente una cuestión tecnológica; también implica conocer las consecuencias legales de cada decisión. Si decide cumplir con el trámite, procure hacerlo únicamente por los canales oficiales de su compañía telefónica y nunca proporcione información personal a través de enlaces recibidos por mensajes o redes sociales.

Si, por el contrario, tiene dudas sobre el tratamiento de sus datos personales o considera que alguna autoridad o empresa excede las facultades que la ley le concede, recuerde que el derecho también le ofrece mecanismos para exigir transparencia, protección de datos y rendición de cuentas.

Después de todo, en una época donde prácticamente toda nuestra vida cabe en un teléfono celular, proteger la seguridad pública y proteger la privacidad deberían caminar de la mano, no competir entre sí.

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Asume responsabilidad legislativa por antinomia constitucional y descarta ruptura con el PVEM por reforma en Zacatecas

Por: Roberto Mendoza

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, convocó a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a alcanzar un acuerdo interno para definir la titularidad del máximo tribunal y descartó extender la gestión del actual ministro presidente, al tiempo que asumió la omisión del Congreso ante la contradicción de normas en la Constitución.

“El Poder Legislativo tiene responsabilidad al no haber derogado una o al no haber eliminado una de las dos disposiciones. Pero creo que se puede llegar a un acuerdo y hay salida institucional y jurídica, no hay problema”, señaló.

El legislador precisó que, ante la coexistencia de dos preceptos que marcan tanto la asignación por votación popular como la elección por mayoría interna, la solución institucional inmediata recae en el consenso del pleno de ministros mientras el Legislativo no concrete la derogación correspondiente.

Respecto a la renuncia de la magistrada Mónica Soto, el presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que compete a la Comisión Permanente calificar la solicitud bajo la figura de causa grave, trámite que históricamente se ha procesado conforme a la tradición parlamentaria sin abrir debate sobre motivos particulares, y afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación opera con total legalidad.

“La Constitución señala que las renuncias solo son por causas graves y quien califica la causa es la Comisión Permanente, aunque la Constitución no define qué son las causas graves (…) por lo pronto el tribunal puede funcionar con plena jurisdicción y plena competencia con la ausencia de dos de sus integrantes”.

Monreal expuso además que las dos posiciones vacantes en la Sala Superior podrían cubrirse mediante la vía de los comicios populares en 2028 o a través de la integración de quienes obtuvieron el segundo lugar en el proceso electivo previo.

Finalmente, el líder de la bancada morenista rechazó que las reformas aprobadas por el Congreso local de Zacatecas para otorgar seis diputaciones plurinominales a los segundos lugares más votados configuren una ventaja indebida para Morena o fracturen la coalición con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo:

“No le veo, en ninguna medida, ni en ningún lugar, algún beneficio para Morena (…) No se pone en riesgo ninguna alianza, no se pone en riesgo la coalición, no se pone en riesgo el caminar juntos en procesos que vienen”.

Aseguró que la medida somete la mitad de la representación proporcional al escrutinio directo en las urnas y puntualizó que los actores inconformes disponen de los mecanismos jurídicos correspondientes para controvertir la resolución local.

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El paquete legislativo prohíbe la anulación de vuelos de regreso y fija límites de permanencia en pista

Por: Roberto Mendoza

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, ingresó una serie de 10 reformas para modificar los esquemas operativos de las aerolíneas y terminales aéreas en el país: “Son 10 iniciativas que están para democratizar mejor los viajes en avión”.

El proyecto estipula la asignación obligatoria de asiento para erradicar la sobreventa algorítmica, el reintegro directo de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) a usuarios que no aborden y la prohibición de anular el tramo de retorno si no se utiliza el vuelo de ida.

A la par, determina un tope máximo de permanencia dentro de aeronaves en tierra de una hora para rutas nacionales y dos para internacionales, además del reembolso por cancelaciones notificadas con 48 horas

La iniciativa asigna a las aerolíneas la liquidación inmediata de indemnizaciones al pasajero aun cuando las demoras correspondan a fallas de los aeropuertos: “Si el retraso o la cancelación es responsabilidad del aeropuerto, la obligación de cubrir las compensaciones o indemnizaciones estará a su cargo, y la aerolínea deberá pagarlos de inmediato a la persona pasajera”.

Moreira Valdez convocó a un foro legislativo a finales de septiembre para analizar las condiciones del servicio y someter a debate esquemas de cabotaje aéreo frente a los costos en destinos nacionales.

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