Como parte de la modernización, también se renovaron las redes de agua potable y drenaje sanitario, con 147 servicios intervenidos

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, continúa la modernización de la infraestructura urbana en Villa de Pozos, con la rehabilitación integral de la Calle 101, en la colonia El Palmar, una obra que mejora la movilidad, la seguridad vial y los servicios básicos de 3 mil 500 habitantes, mediante una inversión de 12.9 millones de pesos.

La intervención comprendió 783 metros lineales de vialidad, en el tramo de las calles 24 a 26, donde se colocaron más de 7 mil 360 metros cuadrados de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor, además de la rehabilitación de banquetas y guarniciones. En conjunto, los trabajos abarcaron una superficie superior a los 9 mil 978 metros cuadrados, ofreciendo mejores condiciones para automovilistas y peatones.

Como parte de la modernización, también se renovaron las redes de agua potable y drenaje sanitario, con 147 servicios intervenidos, además de incorporar alumbrado público y señalización horizontal y vertical, para brindar mayor seguridad y mejores condiciones de tránsito a las familias de esta zona.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona destacó que su administración mantiene la atención en colonias que requieren infraestructura y servicios públicos de calidad, mediante obras integrales que atienden necesidades de la población y contribuyen al desarrollo ordenado de los municipios de San Luis Potosí.

El auditor superior dijo que ya se presentaron denuncias por contratos irregulares en algunos municipios

Por: Redacción

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) ha identificado irregularidades en procedimientos de contratación de algunos municipios y ya presentó las denuncias correspondientes, informó su titular, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, quien advirtió que, de ser necesario, promoverá nuevas acciones legales.

“No abusen del recurso público ni de figuras legales como la adjudicación directa para asignar obra pública. La ley prevé estas modalidades, pero deben utilizarse conforme a los supuestos y requisitos establecidos”, pidió a los funcionarios municipales.

Qué es la adjudicación directa

La adjudicación directa es cuando un gobierno entrega un contrato a una empresa sin concurso, a diferencia de la licitación pública, en la que varias empresas compiten y gana la que ofrece mejores condiciones.

El auditor superior aclaró que adjudicar de forma directa no es ilegal por sí mismo. Sin embargo, en algunos casos se ha usado con incumplimiento de requisitos legales, simulación de procedimientos, direccionamiento de contratos (es decir, arreglar el proceso para que gane una empresa elegida de antemano) o posibles actos de colusión, que son acuerdos entre funcionarios o empresas para repartirse contratos. Esas conductas pueden derivar en faltas administrativas o hechos con apariencia de delito

Denuncias sin esperar el fin de la auditoría

Lecourtois explicó que no es necesario concluir una auditoría para presentar una denuncia: si durante la revisión aparecen elementos que hagan presumir un delito, el instituto da parte a las autoridades competentes.

Así ocurrió en Axtla de Terrazas. En octubre, el IFSE informó que denunció ante las autoridades penales presuntas irregularidades en la construcción de la Unidad Deportiva, donde se ejercieron alrededor de 14.5 millones de pesos durante la administración de Gregorio Cruz Martínez. Según el instituto, en esa obra se evitó la licitación pública y el contrato se asignó de forma directa.

“Lo importante es que se cumpla la ley, que se busquen las mejores condiciones para el Estado y que la ciudadanía tenga la confianza de que los recursos públicos se ejercen de manera transparente y responsable”, concluyó.

La información es del Instituto de Fiscalización Superior del Estado.

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El único morenista presente atribuyó la ausencia de su bancada a que algunos compañeros llegaron demorados

Por: Redacción

Cinco de los seis diputados de Morena no participaron en la votación con la que el Congreso del Estado designó a Benjamín Pérez Álvarez como fiscal anticorrupción, porque llegaron tarde a la sesión. Así lo reconoció el único integrante de la bancada que estuvo presente.

El diputado José Roberto García Castillo, quien anuló su voto, explicó que la sesión se convocó desde la reunión anterior, por lo que todos conocían el orden del día. Atribuyó la ausencia de sus compañeros a que algunos llegaron demorados, y reconoció que en la bancada no hubo consenso sobre el nombramiento.

“Siempre debemos estar aquí presentes y en nuestra responsabilidad”, afirmó.

Los morenistas que no votaron fueron Carlos Arreola, Cuauhtli Badillo, Nancy Jeanine García Martínez, Jessica Gabriela López Torres y Luis Emilio Rosas. También faltó la priista Frinné Azuara.

López Torres explicó que la ausencia se debió a que la sesión comenzó puntualmente. Señaló que en ocasiones anteriores el inicio se había retrasado hasta casi una hora, por lo que los legisladores de su bancada aún no estaban en sus curules cuando arrancó.

Su compañera García Martínez, quien tampoco votó, subió a tribuna en asuntos generales para inconformarse con el procedimiento. Sostuvo que el perfil elegido no cumple con los criterios de solvencia técnica

García Castillo adelantó que Morena analizará lo ocurrido. Indicó que la autoridad que verifica la asistencia ya comunicó las ausencias y será la que informe al respecto.

Sin la bancada de Morena, el nombramiento se aprobó con 21 diputados presentes. El boletín oficial del Congreso reporta 18 votos a favor y tres nulos. Sin embargo, versiones difundidas tras la sesión señalan cuatro votos nulos y que en el recinto se anunciaron 17 votos a favor, que después se contabilizaron como 18. La diferencia no se aclaró durante la sesión.

Pérez Álvarez fue propuesto en terna por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Fue director general de la Comisión Estatal del Agua entre 2022 y 2024, y hasta su designación era secretario general del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. Concluirá el periodo de Felipe Aurelio Torres Zúñiga, que termina el 5 de mayo de 2028.

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