Ricardo Gallardo Cardona, destacó que esta evaluación internacional confirma que el Gobierno  mantiene finanzas sanas

 

Por: Redacción

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí informó que la agencia internacional Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia de la entidad en “A(mex)” con Perspectiva Estable, al reconocer la solidez de las finanzas públicas y la capacidad de la administración estatal para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras, esta evaluación completa puede consultarse https://goo.su/r8LPy

De acuerdo con Fitch Ratings, San Luis Potosí mantendrá un balance operativo promedio de 5 mil 664 millones de pesos, equivalente a aproximadamente nueve por ciento de sus ingresos operativos. Además, proyecta una razón de repago de 1.9 veces, muy por debajo del límite de cinco veces considerado por la calificadora, así como una carga de deuda inferior al 50 por ciento de los ingresos operativos, indicadores que reflejan estabilidad financiera, capacidad de pago y un manejo responsable de los recursos públicos.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que esta evaluación internacional confirma que el Gobierno  mantiene finanzas sanas y capacidad para continuar destinando recursos a las necesidades prioritarias de las familias potosinas.

El Consejo General del INE rechazó regular los actos anticipados de campaña; en San Luis Potosí, el órgano local dice que no puede actuar mientras no existan lineamientos.

Por: Redacción

La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí no puede actuar contra los actos anticipados de campaña mientras el Consejo General no apruebe lineamientos para regularlos, luego de que el órgano central rechazó normarlos en su sesión más reciente.

Patricia Santos Quevedo, encargada de la Vocalía Ejecutiva del INE en la entidad, explicó que, al ser un órgano desconcentrado, la Junta Local se limita a difundir y aplicar los acuerdos ya aprobados por el Consejo General. “No podemos hacer ninguna acción o actividad en concreto por parte de los órganos desconcentrados”, afirmó.

El consejero Martín Faz calificó como un retroceso la decisión del Consejo General de no regular las campañas anticipadas.

Ante la falta de lineamientos, dijo Santos Quevedo, las quejas por actos anticipados de campaña quedan en manos del Tribunal Electoral

, local o federal, según el cargo implicado. El INE, agregó, primero analiza si la denuncia tiene repercusiones en una contienda federal o local antes de turnarla al organismo público correspondiente.

La Junta Local Ejecutiva en San Luis Potosí ha recibido, hasta ahora, una sola queja por este tema: la presentada por Somos México contra el Partido Verde, turnada a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, órgano central del INE que determinará lo procedente.

Santos Quevedo dijo que la Junta Local Ejecutiva aún no ha sido notificada sobre las dos acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la ley electoral, ni sobre los alcances que estas impugnaciones podrían tener en el proceso.

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El secretario de seguridad reconoce que prófugos radicados en otros estados generan dificultades operativas inmediatas, aunque relativiza la magnitud del problema al invocar factores de salud mental.

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, secretario de seguridad pública del Estado reconoció que órdenes de captura contra personas prófugas residentes en otras entidades ralentizan la capacidad de respuesta inmediata del estado. Esa condición trasnacional genera limitaciones jurisdiccionales que impiden operativos rápidos, aunque el funcionario indicó que esto no releva de responsabilidad estatal en materia de seguridad.

Ante cuestionamientos sobre avances en investigaciones de casos críticos, el secretario explicó que la información que comparte respeta límites jurídicos estrictos. “No podemos dar información confidencial porque luego la Fiscalía reclama“, expresó, aludiendo al riesgo legal de exponer detalles de investigaciones en proceso.

Confirmó que evaluaciones internas indican que varios prófugos están alojados en otra entidad y provienen de otra jurisdicción. “Tendríamos que trasladarnos a otro estado”, señaló, lo que ralentizan respuestas inmediatas. Sin embargo, relativizó el problema al introducir un factor adicional: “El problema es de salud psicotóxica”. No especificó a qué se refiere exactamente ni cuántos casos involucra este factor.

En paralelo, el secretario reportó que en la zona de La Pila se mantiene patrullaje intensificado, especialmente en madrugadas, con bases operativas móviles interinstitucionales. Afirmó que la estrategia genera “contención” del delito, aunque reconoció que requiere equilibrio para no descuidar otras zonas del estado.

El secretario no cuantificó cuántos prófugos están en otras entidades ni proporcionó datos sobre el componente de salud mental que menciona. Tampoco aclaró si la dificultad jurisdiccional afecta a decenas o a unos pocos casos específicos.

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