Protección Civil estatal reveló que la empresa Polímeros Nacionales no contaba con licencias ni dictámenes básicos al momento del siniestro en la Zona Industrial

Por: Redacción

Tras el incendio registrado en la empresa Polímeros Nacionales, autoridades estatales confirmaron que el establecimiento no contaba con permisos básicos de operación, lo que podría derivar en responsabilidades legales.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Mauricio Ordaz Flores, informó que actualmente se está a la espera del dictamen técnico que elaboran Bomberos y especialistas para determinar la causa exacta del siniestro.

“El resultado definirá si hubo omisión, negligencia o alguna acción directa que provocó el incendio”, señaló.

El funcionario explicó que, con base en ese análisis, se dará vista a la Fiscalía General del Estado para integrar la carpeta de investigación y proceder contra quien resulte responsable.

Sin embargo, adelantó que durante la inspección en el sitio se detectaron irregularidades importantes: la empresa no pudo acreditar permisos ni documentación básica para su operación.

Entre los requisitos ausentes se encuentran licencias de funcionamiento, uso de suelo y dictámenes en materia ambiental y de Protección Civil

“Cuando llegamos al lugar, no tenían ningún documento, ni siquiera conocimiento claro de los químicos que manejaban”, indicó.

Ordaz Flores precisó que, si bien la responsabilidad final dependerá del dictamen pericial, el incumplimiento normativo podría ser un factor clave en el origen del incendio.

El siniestro ocurrió en instalaciones ubicadas en la Zona Industrial de San Luis Potosí, donde cuerpos de emergencia lograron controlar el fuego sin que se reportaran personas lesionadas.

Autoridades también informaron que, tras el incidente, la calidad del aire se mantiene en parámetros estables gracias a la dispersión de contaminantes por las condiciones meteorológicas.

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La presencia de la Guardia Civil Estatal en planteles educativos permite una jornada ordenada y en calma en los 59 municipios

Por: Redacción

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de brindar entornos seguros para la comunidad educativa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Guardia Civil Estatal (GCE), mantiene un despliegue preventivo en escuelas de San Luis Potosí, donde el inicio de clases transcurre con orden, tranquilidad y sin incidentes.

Desde temprana hora, con recorridos iniciados a las 07:00, el “Operativo Juventud” cubre planteles de nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en los 59 municipios, brindando apoyo sin límites para proteger a estudiantes, personal docente y familias, además de reforzar la vigilancia en horarios de entrada y salida para favorecer un entorno seguro.

El titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, destacó que este dispositivo da continuidad a los resultados obtenidos durante el periodo vacacional reciente con “Semana Santa Segura” y fortalece la cercanía con la población, promoviendo el uso responsable de los números de emergencia 9-1-1 y de denuncia anónima 089, demostrando el cambio que se vive y se siente con una labor coordinada.

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El gobernador dijo que revisarán los 59 municipios; señaló compra de lujos con dinero público

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, advirtió que con la próxima designación del nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción se iniciará una ofensiva para investigar y sancionar a alcaldes que hayan incurrido en actos de corrupción en los 59 municipios del estado.

El mandatario estatal aseguró que los presidentes municipales que hayan manejado de forma irregular recursos públicos serán identificados, investigados, procesados y obligados a reparar el daño, al señalar que durante años han prevalecido prácticas indebidas en distintos ayuntamientos.

“Todos los alcaldes que han actuado como ‘ratas’, socialmente hablando, van a ser señalados”, expresó.

Gallardo Cardona adelantó que será en próximos días cuando el Congreso del Estado concrete el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción, quien tendrá como principal encomienda revisar el uso de recursos públicos y detectar anomalías en las administraciones municipales.

Entre las irregularidades más recurrentes, el gobernador señaló la adquisición de bienes personales con recursos públicos, como vehículos de lujo, ranchos y ganado, así como el uso discrecional del presupuesto en lugar de destinarlo a obras y servicios prioritarios.

Asimismo, criticó que existen municipios que no presentan proyectos ejecutivos de obra durante todo el año, lo que limita el acceso a desarrollo y evidencia una falta de planeación en la administración pública local.

En ese sentido, acusó que algunas autoridades municipales dependen únicamente de los recursos federales de los ramos 28 y 33, los cuales —dijo— en muchos casos se destinan principalmente al pago de nómina, sin traducirse en beneficios tangibles para la población.

“El dinero no se está utilizando en lo que realmente necesita la gente”, sostuvo.

El gobernador afirmó que esta situación es más grave en municipios con altos niveles de rezago, donde —señaló— se priorizan intereses personales sobre las necesidades colectivas.

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