El diputado panista distinguió entre militantes y aspirantes invitados sin filiación al partido, como Marcelo de los Santos y el alcalde Enrique Galindo Ceballos, pero dejó claro que no habrá coalición

Por: Haniel Valdés

Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, aseguró que el partido saldrá unido en la disputa por la candidatura a la alcaldía capitalina de 2027, pese a la diversidad de perfiles que ya se han presentado a la contienda, siempre que un delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) llegue a fijar reglas claras para el proceso interno. “Si vienen las reglas muy claras, el que sea o la que sea, vamos a salir unidos”, afirmó.

Al defender la apertura del blanquiazul a perfiles externos, Guajardo marcó distancia entre quienes militan en el PAN y quienes han sido invitados a la contienda sin pertenecer al partido. Puso como ejemplo a Marcelo de los Santos, sin afiliación panista, y al alcalde Enrique Galindo Ceballos, de quien dijo “todos sabemos que su afiliación es del PRI”, aunque está invitado al proceso sin que ello tenga que ver con su trabajo al frente del Ayuntamiento.

El diputado fue cuestionado sobre si el proceso interno sería parejo pese a que compite, entre otros perfiles, contra la propia presidenta panista en el estado. Respondió que ella misma anunció que pedirá licencia al cargo, y que la llegada, la próxima semana, de un delegado del CEN ayudará a garantizar “la cancha pareja” en la definición de la candidatura.

“Las puertas están abiertas, tanto así que ayer se presentó un candidato que no está afiliado al PAN. Para 2027 el PAN va solo“, sostuvo el diputado, quien representa el quinto distrito local, donde obtuvo 45 mil 500 votos en 2024.

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El Segundo Informe Trimestral 2026 reporta ingresos superiores al mismo periodo del año anterior

Por: Redacción

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí informó que los ingresos del primer semestre de 2026 superaron los del mismo periodo de 2025, de acuerdo con el Segundo Informe Trimestral presentado por la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Ariana García Vidal, titular de la Sefin, señaló que la situación financiera permite mantener el ritmo de inversión pública en infraestructura, seguridad, salud y educación en las cuatro regiones del estado.

“El verdadero cambio en las finanzas públicas consiste en administrar con responsabilidad cada peso para regresarlo a la gente en obras, seguridad, salud, educación, infraestructura y mejores servicios”, afirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona

El informe cubre el periodo enero-junio de 2026 y es presentado por la Sefin como parte del ciclo regular de rendición de cuentas del gobierno estatal.

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El legislador panista busca que los ayuntamientos incorporen el sistema en su presupuesto de 2027

Por: Redacción

Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, presentará este miércoles ante la comisión permanente del Congreso del Estado un exhorto a 56 municipios de San Luis Potosí que aún no operan el sistema de justicia cívica, previsto en la ley aprobada por el Legislativo estatal en el cuarto periodo.

La ley no obliga a los municipios a operar el sistema, pero sí exige que los ayuntamientos que ya cuenten con uno propio se adecuen al nuevo marco normativo estatal. Actualmente solo tres municipios lo tienen en funcionamiento: San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles.

Guajardo, integrante de la primera Comisión de Hacienda Municipal, planteó que julio y agosto son el momento idóneo para que los 56 municipios restantes incorporen el gasto del sistema en su Ley de Ingresos y Egresos de 2027, antes de presentarla al Congreso del Estado.

El diputado sostuvo que la justicia cívica permitiría resolver conflictos menores —ruido, maltrato animal, acumulación de basura y choques leves— sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí

La nueva ley, dijo, también fijó requisitos para los jueces cívicos que antes cada ayuntamiento definía a su libre albedrío: ahora deben ser abogados y acreditar cierta experiencia. Guajardo sostuvo que el sistema, además de aligerar la carga de la Fiscalía, contribuiría a una mejor convivencia y a la seguridad pública en los municipios, al tratarse de un mecanismo preventivo.

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