Durante un operativo conjunto, autoridades municipales rescataron más de 180 animales en condiciones inadecuadas; el responsable fue turnado a la Fiscalía

Por: Redacción

El Gobierno de la Capital, en coordinación con el Centro Integral para el Bienestar Animal (CIBA), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Dirección de Comercio Municipal, clausuró un establecimiento que funcionaba sin licencia y en el que se detectaron condiciones de presunto maltrato animal.

La acción derivó de una denuncia ciudadana que alertó sobre el estado de los animales en el lugar. En la inspección se localizaron siete perros amarrados con correas cortas y sin acceso constante a agua o alimento, así como 164 aves —entre ellas gallinas, codornices, patos y periquitos— en jaulas apiladas. También se encontraron seis gatos, dos cuyos y un conejo en espacios reducidos y sin condiciones adecuadas.

Los perros y gatos fueron trasladados al CIBA para su evaluación y resguardo, mientras que el resto de los animales fue llevado al refugio Villa Cuac, con apoyo de la Dirección de Servicios Municipales. Todos los ejemplares reciben atención veterinaria y cuidados mientras se determina su situación jurídica y sanitaria.

La persona responsable del negocio fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en el delito de maltrato animal. Las autoridades capitalinas reiteraron que continuarán realizando operativos para garantizar el cumplimiento de la normativa y el bienestar de los animales en establecimientos comerciales.

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Niño de 8 años fue víctima de agresiones físicas, verbales y psicológicas dentro de la institución

Por: Redacción

A casi nueve meses de haber denunciado un grave caso de acoso escolar ocurrido dentro del Instituto Hispano Inglés, en San Luis Potosí, la señora Daniela Ramos continúa sin obtener justicia. Su hijo de ocho años fue víctima de múltiples agresiones físicas, verbales y psicológicas por parte de un compañero de clase, sin que hasta el momento las autoridades escolares ni los organismos encargados de proteger los derechos de la infancia hayan actuado con contundencia.

El caso se originó en septiembre de 2024, cuando el menor comenzó a presentar síntomas físicos relacionados con altos niveles de estrés. La situación se agravó al punto de requerir una cirugía intestinal. Ante esto, su madre acudió a diversas instancias, entre ellas la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. No obstante, hasta ahora no ha recibido una respuesta efectiva ni se han iniciado procedimientos sancionatorios claros.

De acuerdo con el testimonio de Daniela Ramos, su hijo fue agredido sistemáticamente por otro niño de la misma edad. Las agresiones incluyeron golpes, patadas, bofetadas y un ataque particularmente violento en el que el agresor le habría clavado unas tijeras en la cabeza. Según sus palabras, el menor agresor ya tenía antecedentes por conducta violenta en otra institución educativa.

Lo más preocupante para la madre es que la dirección del plantel negó los hechos ante la CEDH y minimizó el caso, argumentando que se trató de un “evento aislado”. Mientras tanto, la única medida tomada fue la baja voluntaria del niño agresor, a petición de sus propios padres.

“No solo no hicieron nada, sino que intentaron desacreditar a mi hijo insinuando que sufre afectaciones emocionales por el divorcio de sus padres. Como si eso justificara lo que le pasó. Lo revictimizaron”, lamentó Daniela en entrevista.

También denunció que la docente a cargo del grupo, identificada como Yolanda, estaba presente durante muchas de las agresiones pero aseguró en su declaración oficial “no haberse dado cuenta”. Según Ramos, el 70% de las agresiones ocurrieron dentro del salón de clases, lo que evidencia una omisión por parte del personal docente.

En febrero de este año, un grupo de padres de familia organizó una manifestación pacífica frente al instituto para exigir justicia y medidas concretas. Sin embargo, la supervisora escolar Luz María Montejano Villaseñor acudió solo para reprender a los manifestantes y asegurar que “el caso ya estaba resuelto”.

Daniela sostiene que su hijo sigue con afectaciones psicológicas derivadas de la violencia sufrida. Actualmente está en tratamiento privado costeado por la familia, mientras el instituto y las autoridades educativas continúan en silencio. La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos rechazó iniciar un proceso penal debido a la edad del agresor, y únicamente recomendó iniciar un procedimiento civil contra la institución.

Además, la CEDH, al hacer el llamamiento correspondiente al colegio, recibió una versión distinta de los hechos en la que, según la madre, se revictimizó nuevamente a su hijo al omitir o distorsionar los hechos documentados.

Ramos está evaluando interponer una demanda civil con el objetivo de que se reconozca el daño ocasionado a su hijo y se aplique una sanción ejemplar contra la institución, incluyendo la posible destitución de la directora. Para ello, ha solicitado apoyo público para cubrir los gastos legales.

En su lucha, ha hecho un llamado a la senadora Ruth González Silva para que intervenga y le brinde orientación legal. Asegura que no busca venganza, sino justicia y garantías para que casos como el de su hijo no se repitan.

Finalmente, Daniela revela que hay al menos 30 casos similares dentro del mismo plantel, de acuerdo con testimonios de otros padres. Aunque muchos temen hablar, ella afirma que no se quedará callada.

“Necesito que alguien me ayude a defender a mi hijo. Él merece justicia. No podemos permitir que se normalice la violencia en las escuelas. Que esto no le pase a ningún niño más”, concluyó.

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El organismo se mantiene atento a la reactivación del servicio desde el acueducto y reitera su compromiso

Por: Redacción

Este jueves se cumplen tres días consecutivos sin servicio del sistema “El Realito”, luego de que se registrara una nueva ruptura en su acueducto al momento de reiniciar el bombeo.

Interapas continuará con su plan de acción mientras se realizan las reparaciones necesarias por parte de la empresa operadora. La estrategia incluye la operación de pozos de reserva, así como recorridos con camiones cisterna.

El organismo se mantiene atento a la reactivación del servicio desde el acueducto y reitera su compromiso para mitigar los efectos de esta falla en el menor tiempo posible.