APUNTES

Culto Público, hijos de la memoria selectiva:

Hay una trampa intelectual que se llama principio de conveniencia: defiendo las reglas cuando me protegen y las ataco cuando me limitan.

Es como yo cuando no me acuerdo de mis deudas ni de lo que no me conviene. O como el burócrata de ventanilla equis que acepta sobornos toda la jornada, pero luego se indigna porque los tránsitos le piden moche y no los baja de “méndigos corruptos”.

Ese comportamiento no es un asunto ni de ideología ni de educación —bueno, igual y sí—, pero desde mi óptica también es un tema de cálculo mañoso. Y aquí, en nuestro estado, donde “el águila paró”, ese cálculo quedó expuesto como fraude nigeriano con faltas de ortografía.

Como todos sabemos, desde hace días circula una narrativa: el Gobierno del Estado persigue periodistas.

La evidencia central fue una fotografía —filtrada por WhatsApp, como siempre— de un supuesto oficio ministerial con una lista de diez comunicadores y activistas a quienes se buscaría aprehender.

La historia se incendió.

Artículo 19, el CPJ y Reporteros Sin Fronteras emitieron alertas. En horas, San Luis era trending de la infamia: “Estado represor”.

¿Así de fácil?

Mejor vayamos con cuidado, porque este caso merece más que reacción de reflejo.

El mismo comunicado de Artículo 19 —institución que respeto y cito con precisión— reconoce que la información sobre una de las detenciones proviene de una “fuente local anónima” que “no ha podido ser verificada”.

La orden de aprehensión, es decir, la foto de WhatsApp que generó la alarma, también llegó de una “fuente local”.

Entonces, las organizaciones que le exigen al Estado máxima transparencia construyeron su denuncia sobre información que ellas mismas admiten no haber podido confirmar.

Claro, eso no invalida su preocupación, pero sí obliga a darle peso específico.

Porque cuando uno revisa quiénes son algunas de las personas detenidas, pues… ya lo he dicho y lo sostengo: Eréndira Reyes Aguillón y su hija Alejandra Hermosillo no son periodistas en ningún sentido técnico ni ético del término. Operan páginas anónimas, sin firma, sin metodología y con expedientes documentados por extorsión a gobiernos municipales.

Christian Herrera, a quien nadie en el gremio conocía antes del escándalo, fue detenido —según la versión no verificada que menciona el propio comunicado de Artículo 19— asaltando una farmacia en Ciudad Valles. Ya desde la celda se declaró dueño de una página de Facebook de amarillismo puro.

A ver…

El periodismo no es una credencial que se activa cuando conviene para reclamar impunidad.

Eso es charoleo del más chafa.

La novedad es que ayer volvió a circular la foto del supuesto oficio ministerial, pero en tres versiones. Sí, tres versiones casi iguales, con distintos nombres y “enviadas muchas veces” en grupos de WhatsApp.

Una con personas desconocidas; otra con presuntos periodistas y activistas, que es la que sostiene la narrativa de persecución; y una más con nombres como Claudia Sheinbaum, AMLO, Belinda y Maradona.

Sí, así de ridículo.

Diversas herramientas de análisis de imagen coinciden en que la versión con periodistas muestra indicadores de construcción posterior a un documento original; es decir, que habría sido hecha a partir de algo real y luego refotografiada.

La versión con figuras de la política nacional y la farándula fue fabricada con intención claramente burlesca, quizá para ridiculizar la fuente o demostrar que el formato era manipulable.

La otra lista, pues sabrá Dios quiénes sean los que ahí aparecen.

Claro, esto no prueba que el oficio sea falso. Incluso podría tratarse de una trampa para restar credibilidad al tema. Pero, de cualquier modo, sí abre una pregunta que nadie —ni los que se dicen parte del ecosistema crítico ni los otros— ha querido responder:

¿De dónde vino el “original”? ¿Quién lo filtró? ¿Quién lo modificó? ¿Quién lo distribuyó? ¿Para qué?

Porque si la lista fue fabricada —o manipulada a partir de un documento real que nada tenía que ver con periodistas—, entonces no estamos ante una persecución: estamos ante un montaje político elaborado, diseñado para activar organismos internacionales, generar presión sobre el gobierno y construir un escudo de impunidad.

Y eso, que yo sepa, tampoco es periodismo.

Por si fuera poco, mientras todo esto ocurre, también circuló ayer un video evidentemente manipulado, y que de lejos huele a elaboración con inteligencia artificial, en el que “aparecen” un periodista y la creadora de contenido Anahí Torres.

En el video, ella se ve que está en un cuarto con hombres armados y dinero. Él la señala, la cuestiona y la exhibe.

A todas luces es una farsa. Es una infamia fabricada. Es violencia digital. Es destrucción reputacional con herramientas tecnológicas.

No estoy defendiendo a ninguno de los que aparecen en el video. Es más, sus nombres son lo de menos.

Lo que sostengo es que usar inteligencia artificial para generar desinformación, restar credibilidad (en caso de tenerla, claro), ridiculizar personas y usar sus imágenes para engañar a la opinión pública es una bajeza. Contra ellos o contra cualquiera.

Pero aquí viene el giro:

Eso que hoy les está pasando a ellos, es exactamente lo que tipifica y castiga el Artículo 187 Ter del Código Penal de San Luis Potosí, conocido como “Ley Serrano”; la misma ley que ese

ecosistema local y nacional han denunciado como instrumento de censura y persecución.

Entonces va otra de mis muy tiernas preguntas:

¿La IA maliciosa es crimen y golpe bajo cuando la padecen ellos, pero herramienta legítima de crítica cuando la usan contra otros?

¿La “Ley Serrano” es censura cuando el gobierno puede usarla contra ellos, pero protección necesaria cuando ellos son las víctimas?

Discúlpenme, pero eso no es una postura de principios. Es principio de conveniencia.

Ojo, porque luego se me alborotan más mis amados haters: no estoy defendiendo al gobierno de Ricardo Gallardo —ni falta le hace— ni justificando la reforma aprobada por el Congreso.

Tampoco estoy descartando que haya acciones reales de la Fiscalía que merezcan escrutinio. Todo lo contrario.

Lo que estoy diciendo es que algo no encaja.

En este caso específico hay demasiadas preguntas sin responder, demasiadas coincidencias narrativas, demasiado dinero de fondo y un timing políticamente demasiado conveniente.

Porque, a ver:

¿A quién le convendría armar un montaje de esta naturaleza para desgastar todos los días al gobierno?

¿Quién tiene los recursos para hacerlo?

¿Quiénes son sus operadores mediáticos?

¿Quién se beneficia a corto y mediano plazo?

No voy a responder por usted, mi Culto Público. Ahí están los nombres, los intereses, los pleitos, los financiamientos y los apellidos conocidos. Cada quien puede hacer su propio crucigrama.

La última porque ya me dio sueño:

A quienes armaron, editaron, manipularon y circularon el video calumnioso contra dos personas, ¿se les debe castigar?

¿O Artículo 19 también debe protegerlos porque solo estaban ejerciendo su libertad de expresión y su derecho a la crítica de forma anónima?

La libertad de expresión es un valor que se defiende con consistencia o no se defiende. No se puede exigir protección de una ley que tú mismo denuncias como censura. No se puede llamar periodista a quien extorsiona. No se puede condenar la IA maliciosa solo cuando tú la padeces.

El problema del principio de conveniencia es que siempre termina devorando a quien lo ejerce.

Hasta la próxima.

Yo soy Jorge Saldaña.

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El alcalde afirmó que la licitación de El Saucito lleva detenida desde marzo y acusó exceso de burocracia en la Contraloría estatal

Por: Redacción

El alcalde Enrique Galindo Ceballos respondió a las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quienel día de ayer  lo llamó “niño berrinchudo” por las quejas relacionadas con el retraso en la liberación de licitaciones de obra pública.

Galindo aseguró que las declaraciones del mandatario estatal se hicieron “sin información” y defendió que el retraso de al menos 20 obras municipales se debe a trámites atorados dentro de la Contraloría estatal, particularmente en el caso del paso a desnivel de El Saucito.

“Voy a seguir siendo berrinchudo por las obras de San Luis”, respondió el alcalde, al señalar que el expediente del proyecto fue ingresado desde el 21 de marzo y que, pese a que la normatividad obliga a responder en un máximo de cinco días, la Contraloría tardó más de un mes en emitir nuevas observaciones.

El edil capitalino explicó que actualmente solo dos proyectos han sido liberados para licitación: la Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas y el puente de Jacobo Payán sobre Río Españita, mientras que el resto continúa en revisión administrativa.

La polémica comenzó luego de que el gobernador Ricardo Gallardo acusó al Ayuntamiento de no entregar documentación completa en algunas obras y c alificó como “política barata”

“Eso pareciera un niño berrinchudo estar pidiendo todo en entrevistas”, declaró Gallardo, quien afirmó que la Contraloría únicamente solicita información faltante y negó que exista bloqueo político contra el municipio.

En respuesta, Galindo rechazó hablar de mala fe o sabotaje, aunque sí criticó lo que calificó como “exceso de burocracia” dentro de la plataforma estatal de validación de licitaciones.

El alcalde detalló que uno de los nuevos requerimientos para el proyecto de El Saucito consiste en documentar fachadas e inmuebles cercanos mediante notario público, además de un acompañamiento del INAH, pese a que —afirmó— el instituto ya había emitido sus dictámenes correspondientes.

Galindo insistió en que su preocupación radica en cumplir los tiempos comprometidos con vecinos del sector, especialmente porque la obra debe concluir antes de las tradicionales fiestas de febrero en El Saucito.

Además, negó temer auditorías o revisiones estatales y recordó que las obras municipales ya son supervisadas por distintas instancias federales, estatales y municipales.

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El gobernador afirmó que las corporaciones viales concentran la mayoría de los señalamientos del Inegi

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, atribuyó la mayor parte de los casos de corrupción reportados por el Inegi a presuntas “mordidas” cometidas principalmente por corporaciones policiacas municipales.

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) colocara a San Luis Potosí entre los estados con mayor percepción de actos de corrupción en la función pública, el mandatario estatal aseguró que cerca del 80 por ciento de las denuncias están relacionadas con pagos ilegales exigidos durante revisiones o infracciones de tránsito.

“Si los paran por un semáforo les piden 200 pesos, si se estaciona mal otros 200, si lo agarran borracho 5 mil… el 80 por ciento retribuye a eso”, declaró.

Gallardo sostuvo que la mayoría de estos señalamientos recaen en autoridades municipales, ya que —afirmó— son las corporaciones encargadas de aplicar infracciones de tránsito.

“El problema va abajo, donde nosotros no tenemos infracciones. ¿Quién infracciona? Pues las municipales”, señaló.

El gobernador reconoció que también existen áreas que corresponden al Estado y aseguró que en la Guardia Civil Estatal se han tomado medidas para combatir actos indebidos dentro de la corporación.

Como parte de ello, informó que durante la actual administración han sido dados de baja 275 elementos de seguridad pública por presuntos malos manejos o conductas irregulares.

Además, indicó que se han incorporado alrededor de mil 500 nuevos elementos egresados de academias policiales para fortalecer y renovar la corporación estatal.

Gallardo afirmó que la intención es evitar que los índices de corrupción se mantengan o incrementen dentro de la Guardia Civil Estatal, aunque insistió en que gran parte del problema sigue concentrado en las corporaciones municipales.

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