Esta decisión representa un paso importante para corregir un error legislativo que puso en riesgo derechos fundamentales de las y los potosinos

Por: Redacción

El diputado del quinto distrito local por el Partido Acción Nacional, PAN, Rubén Guajardo Barrera, calificó de positivo que se haya derogado la reforma al Código Penal de San Luis Potosí, que criminalizaba el uso de la inteligencia artificial, bajo el argumento de combatir la desinformación.

La innovación tecnológica no puede enfrentarse con prohibiciones ni con normas ambiguas que abran la puerta a interpretaciones discrecionales y señaló que el uso indebido

de cualquier herramienta tecnológica debe sancionarse conforme a la legislación vigente cuando exista un delito, pero nunca mediante disposiciones que generen censura, incertidumbre jurídica o que inhiban el debate público y la participación ciudadana.

Para el legislador del albiazul, consideró que la derogación de esta ley no es suficiente, ya que el Estado de San Luis Potosí debe reconocer las afectaciones que ocasionó durante el tiempo que estuvo vigente.

“En la bancada panista, siempre hubo preocupación y atención a este tema, así se hizo constar en varias ocasiones, el compromiso siempre ha sido en base a la protección de los derechos humanos de los ciudadanos. Sin duda escuchamos a la gente, nuestra prioridad es beneficiar a todas las familias”.

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La penitenciaría estatal iniciará un proceso de credencialización de internos para participar en elecciones bajo un convenio con el Instituto Nacional Electoral, respetando derechos políticos de personas procesadas.

Por: Redacción

El secretario de seguridad pública del Estado anunció que la penitenciaría comenzará una revisión estadística de los más de 5.400 internos alojados en sus centros para identificar quiénes califican para votar en futuras elecciones. Bajo un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE), la institución electoral establecerá fechas y calendarios para credencializar a los elegibles.

Los criterios de elegibilidad son restrictivos. Solo personas procesadas pueden votar; sentenciadas quedan excluidas. Además, internos de otros países no califican. El secretario aclaró que delitos graves no serán barrera para participar, aunque los requisitos finales dependerán de la ley electoral vigente.

El procedimiento requiere coordinación entre la penitenciaría y el INE. La primera presenta el listado de elegibles; la segunda determina el calendario y procedimiento de credencialización. El secretario enfatizó que el convenio promueve reinserción, respeta derechos políticos y fundamentalmente, fortalece la democracia dentro de los centros penitenciarios.

Sin embargo, el ejercicio ha tenido participación mínima. En elecciones anteriores, apenas 10 internos votaron en un proceso piloto. Algunos ya cuentan con credencial de elector, por lo que solo se credencializará a quienes aún la necesiten. La penitenciaría también mantiene en sus registros a personas que no califican, como extranjeros y otros grupos excluidos por ley.

Ante una pregunta sobre garantizar democracia dentro si hay inseguridad afuera, el secretario trasladó la responsabilidad principal al INE, indicando que será un trabajo coordinado en el que ambas instituciones se someterán a los procedimientos establecidos. No especificó fechas exactas para el inicio del proceso de credencialización.

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