agosto 24, 2026

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Estado

Sedesore anuncia reducción de la pobreza en municipios de SLP

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Agua, electrificación, caminos y vivienda, los ejes de atención; la secretaría trabaja en el 30% de obras hídricas como compromiso mínimo de la administración

Por: Redacción

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional de San Luis Potosí, María del Rosario Martínez Galarza, presumió avances en la reducción de carencias sociales en el estado y reveló uno de los datos más contundentes de su administración: al inicio del periodo había cerca de 15 municipios con alto riesgo de pobreza, hoy prácticamente todos han disminuido ese indicador y únicamente Santa Catarina permanece en situación crítica.

“Cuando comenzamos el periodo había cerca de 15 municipios con alto riesgo, hoy hay una disminución, solamente se encuentra un poco el municipio de Santa Catarina, los demás han disminuido”, señaló la funcionaria, al hacer un balance de los cuatro años de trabajo de la dependencia.

Martínez Galarza explicó que la estrategia de atención se ha concentrado en las carencias más básicas de las comunidades: agua potable, electrificación, pavimentación, vivienda y alimentación. En materia hídrica, la secretaría se fijó como meta atender al menos el 30 por ciento de las obras de agua en los municipios, dado que detectaron que gran parte de ellos tienen más de 20 años sin una rehabilitación de sus redes. “Tenemos un compromiso de cumplir casi el 30% con tema de agua”, indicó, y añadió que los trabajos incluyen rehabilitación de redes de distribución y atención a pozos

, estos últimos pendientes de dictamen por parte de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental.

En electrificación, la dependencia ha trabajado en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad para llevar luz a comunidades y pueblos indígenas que aún carecen del servicio. En vivienda, durante los primeros años de la administración se apoyó a municipios como Alaquines con la construcción de cuartos adicionales, en coordinación con el Instituto de la Vivienda. Además, se han entregado tinacos en localidades donde el acceso al agua es prácticamente nulo.

La titular de SEDESORE reconoció que los recursos no alcanzan para todo lo que se quisiera atender, pero subrayó que la prioridad siempre es el número de habitantes beneficiados. “Analizamos sobre todo el tipo de beneficios que tenemos. Hay solicitudes de presidentes de algunas obras donde no se beneficia el gran número de habitantes, entonces hacemos revisiones”, explicó.

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Estado

STJE apuesta a la mediación en materia familiar

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La propuesta por conciliar se concentra en pensiones y convivencia con menores

Por: Redacción

La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, dijo que el Poder Judicial debe trabajar con la reforma judicial ya vigente, y señaló que hace falta más cultura de mediación entre las partes que llevan sus conflictos a juicio en lugar de buscar un acuerdo.

Explicó que, del lado d el Poder Judicial, ha habido rezago para nombrar personal como actuarios

, secretarios de acuerdos y secretarios proyectistas, y que la apuesta es transitar hacia la modernización tecnológica para agilizar los trámites.

La magistrada dijo que la prioridad para impulsar la conciliación y el arbitraje es la materia familiar

, donde las partes pueden llegar a acuerdos sobre pensiones alimenticias o los días y horas de convivencia con hijos menores, en lugar de agotar el litigio hasta el final.

Zarazúa Martínez planteó que los procedimientos jurisdiccionales deberían incluir un componente preventivo que evite que los conflictos lleguen a juicio, en un contexto en el que, dijo, la mayoría de las partes prefiere agotar el proceso hasta sus últimas instancias.

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Estado

Valladares propone prohibir que el gobierno pida documentos ya entregados

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Juan Carlos Valladares planteó digitalizar las guías de tránsito ganadero para frenar la extorsión en retenes carreteros

Por: Redacción

El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y a la Ley Agraria que prohíbe a las dependencias de gobierno exigir documentos que ya tienen en sus propios archivos.

Con el cambio, ninguna autoridad podría pedir a un productor un título, acta o constancia que otra oficina pública ya tramitó. “Si el gobierno ya tiene tu RFC, tu acta, constancia o cualquier documento tuyo en una ventanilla, debe estar prohibido que te la pida en la de junto”, señaló Valladares durante un encuentro con el gremio agropecuario de San Luis Potosí.

El diputado planteó la reforma como respuesta a un rezago que, dijo, afecta a casi 27 millones

de personas que trabajan en el campo mexicano y que hoy pierden tiempo y dinero en trámites duplicados entre autoridades federales, estatales y municipales.

La iniciativa crea la Ventanilla Única Rural y el Expediente Digital Único del Productor, un sistema donde los productores podrán realizar y dar seguimiento a sus trámites en tiempo real desde un solo punto. También plantea digitalizar las guías de tránsito ganadero, con permisos sanitarios de liberación inmediata que eliminarían las inspecciones duplicadas que hoy sirven de pretexto para extorsionar a camiones en carreteras como la 57

.

“El tiempo del agricultor y del ganadero vale dinero, y la burocracia tiene que aprender a respetarlo”, afirmó Valladares.

Como exsecretario de Desarrollo Económico del estado, Valladares señaló que la ineficiencia logística y la extorsión en carreteras encarecen de forma directa los alimentos de la canasta básica.

La reforma mantiene la atención presencial obligatoria en ventanillas físicas para los pequeños productores sin acceso a internet, con la infraestructura ya existente y sin costo adicional para el erario.

También prevé sanciones bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas para los funcionarios que retrasen de forma injustificada los trámites del campo.

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En SLP, 4 de cada 10 viviendas en rezago fueron construidas por sus propios habitantes

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Uno de cada seis hogares en la entidad presenta algún tipo de rezago habitacional

Por: Carlos Ruíz

San Luis Potosí tiene 135 mil 358 viviendas en rezago habitacional, el 16.2% de su parque de 833 mil 815 viviendas, de acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). De esas viviendas, 44.3% son autoconstruidas — la tercera proporción más alta del país, solo detrás de Zacatecas (48.1%) y por delante de Durango (37.4%), y casi el doble del promedio nacional (23.9%).

El rezago habitacional no es, sobre todo, un problema de falta de vivienda: 89.4% de las viviendas afectadas ya son propias o se están terminando de pagar. Conavi define el rezago por materiales precarios en piso, techo o muros, ausencia de excusado, o hacinamiento (más de 2.5 personas por cuarto).

El fenómeno se concentra en los hogares de menor ingreso: 37.1% de las viviendas en rezago del estado corresponden al decil de ingreso más bajo y 19.1% al segundo — más de la mitad del rezago estatal está en los dos deciles más pobres.

Por edad, el rezago afecta más a personas de 30 a 59 años (34.4% de quienes viven en esta condición) y de 12 a 29 años (28.9%). En total, casi 493 mil potosinos — 17.1% de la población del estado — residen en una vivienda en rezago habitacional.

El término ha aparecido en anuncios oficiales de este año sin que se precisara su tamaño. El Instituto de Regularización y Vivienda Social (Inrevis) lo usó el 29 de junio, al evaluar un predio en Tampamolón para el programa “Tu Casa, Tu Apoyo”, y de nuevo el 2 de agosto, durante la Feria de la Vivienda. En el estado operan actualmente dos programas dirigidos al tema: Vivienda para el Bienestar, de la Comisión Nacional de Vivienda, con registro este año en cinco municipios, y Tu Casa Tu Apoyo, del Gobierno del Estado, que a mediados de agosto anunció la entrega de 5 mil lotes urbanizados adicionales para familias sin vivienda propia.

La medición de Conavi se actualiza con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que el INEGI levanta cada dos años. 

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