El alcalde dijo que ya se reparó el pozo Jacarandas 2 y que faltan otros siete por renovar; calcula terminar entre diciembre y enero

Por: Redacción

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que arrancan las licitaciones para reperforar y reubicar dos pozos de agua, uno en Las Terceras y otro en El Saucito. Una licitación es el concurso en el que empresas compiten por hacer la obra.

“Esto va a resolver prácticamente de lleno el problema del norte de la ciudad”, dijo. Reperforar significa abrir de nuevo un pozo que ya no da suficiente agua, y reubicarlo es perforarlo en un punto cercano donde ha ya más.

Jacarandas 2, ya reparado

El alcalde dijo que también se renuevan bombas, sistemas eléctricos y cableado de otros pozos. Puso como ejemplo el Jacarandas 2

, que tenía “muy lastimada” la zona de Jacarandas y Retornos. “Ya se reparó y estamos prácticamente recuperando volumen de distribución de agua en el norte”, señaló.

El 15 de octubre, Galindo dijo que la reparación de ese pozo tardó entre 60 y 70 días. Por casos como ese, el Interapas propuso al Congreso un descuento para los usuarios cuando la reparación de un pozo tarde más de cinco días.

Faltan siete pozos

Galindo dijo que todavía hay otros siete pozos que deben terminar de renovarse para “ganar presión”. “Hay agua, medio funciona; ahora con esta modernización tiene que funcionar muy bien”, explicó.

Calculó que todo lo planteado se terminará entre diciembre y enero. No precisó cuánto costarán las obras ni a cuántas colonias beneficiarán.

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La Dirección de Desarrollo Económico presentó su informe del segundo año, que tuvo como eje la Feria de Proveeduría

Por: Redacción

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, destacó los resultados de la Dirección de Desarrollo Económico en el segundo año de su administración. Los dos ejes fueron la capacitación para emprendedores y empresas y la Feria de Proveeduría en la Zona Industrial.

Galindo dijo que capacitar y vincular a las empresas permite “desarrollar habilidades, mejorar la competitividad de los negocios” y que más empresas crezcan. Agregó que acercar a proveedores y compradores ayuda a ampliar los mercados y a fortalecer la economía del municipio.

Rendición de cuentas ante industriales

La directora de Desarrollo Económico, Korina Toro Reyna, presentó los resultados en un desayuno con directivos industriales. Asistieron Imelda Elizalde Martínez, presidenta de Canacintra y coordinadora de la Alianza Empresarial; Rodrigo Sánchez Espinosa, presidente de Industriales Potosinos (IPAC), y Mario Gerardo González Martínez, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

En el encuentro, el mentor en ventas David Pirela dio la conferencia “Hyperfoco y Liderazgo de Alto Impacto”.

La Feria de Proveeduría en cifras

La cuarta edición de la Feria se hizo el 13 y 14 de agosto. Según el Ayuntamiento, la visitaron más de 10 mil personas, participaron 182 empresas e instituciones expositoras y se generaron 7 mil 680 encuentros de negocio. Además, 350 empresas se sumaron al Catálogo de Proveedores de San Luis Capital.

En esa misma feria, el Ayuntamiento firmó un convenio con el Clúster Automotriz para ayudar a certificar a 20 proveedores locales en una primera etapa. La certificación es un requisito para que las pequeñas y medianas empresas puedan vender a las grandes armadoras.

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Tras el señalamiento contra el dirigente panista Carlos Enrique Dahud por recibir honorarios del Ayuntamiento, el alcalde Enrique Galindo respondió con una acusación contra el presidente del Congreso: afirma que registros de transparencia muestran que Luis Fernando Gámez Macías sigue cobrando 32 mil pesos en la Secretaría General de Gobierno

Por: Jorge Saldaña

Foto creada con IA

La confrontación entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y el bloque político del Gobierno del Estado escaló este martes, luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos acusó al presidente de la Directiva del Congreso local, Luis Fernando Gámez Macías, de aparecer simultáneamente en la nómina de la Secretaría General de Gobierno con una percepción de 32 mil pesos.

El señalamiento surgió un día después de que se hiciera público que Carlos Enrique Dahud Uresti, secretario general y presidente en funciones del PAN estatal, mantiene un contrato de honorarios con el Ayuntamiento capitalino por alrededor de 28 mil pesos mensuales.

Galindo reconoció que Dahud presta servicios al gobierno municipal, pero rechazó que se trate de una irregularidad o de un caso de “aviaduría”. Según explicó, el dirigente panista cuenta con un contrato por honorarios, cumple funciones específicas y ese esquema no necesariamente implica un horario fijo.

“No es ilegal, no es aviador tampoco. Cumple una función en función de un contrato de honorarios”, sostuvo el alcalde, quien aseguró que está dispuesto a mostrar la documentación y las actividades realizadas por Dahud.

Acto seguido, Galindo devolvió el señalamiento al Congreso.

De acuerdo con el alcalde, información obtenida mediante solicitudes de transparencia indica que Gámez Macías todavía aparece como director general dentro de la Secretaría General de Gobierno y recibe aproximadamente 32 mil pesos.

“Eso sí es un delito, si es que no ha renunciado”, afirmó Galindo, quien insistió en que el legislador debe aclarar públicamente si mantiene o no una relación laboral y salarial con el Poder Ejecutivo al mismo tiempo que ejerce como diputado y presidente de la Directiva del Congreso.

La afirmación corresponde al señalamiento del alcalde y, hasta el momento, no se ha acreditado públicamente que Gámez continúe cobrando ese salario ni se ha determinado por una autoridad que exista responsabilidad penal o administrativa.

Galindo elevó además el tono del enfrentamiento al asegurar que, si se pretende abrir una investigación contra el Ayuntamiento por el caso Dahud, el Congreso debería aplicar el mismo criterio al propio Gámez.

“Que el presidente del Congreso, el diputado Gámez, explique primero si sigue cobrando en la Secretaría General. Es un dato muy reciente, cobra 32 mil pesos”, declaró.

Incluso sostuvo que, en caso de comprobarse una incompatibilidad, a Gámez también podrían alcanzarle procedimientos como un juicio político o una eventual inhabilitación.

El alcalde ironizó sobre el caso al señalar que el presidente de la Directiva no sería “un aviador chiquito”, sino “un aviador del 727”, debido al nivel del cargo que, según Galindo, aparece registrado en la administración estatal.

Más allá del posible doble cobro, Galindo acusó a Gámez de utilizar la presidencia del Congreso para mantener una ofensiva política contra el Ayuntamiento capitalino.

A pregunta expresa sobre si consideraba que el legislador había sido colocado al frente de la Directiva con el propósito de confrontarlo rumbo al proceso electoral de 2027, respondió: “Estoy seguro de eso, pero el Congreso no se lo merece”.

Galindo sostuvo que las expresiones de Gámez comprometen institucionalmente al Poder Legislativo porque, en su calidad de presidente de la Directiva, sus declaraciones ya no pueden ser consideradas únicamente opiniones personales.

“Hoy que es presidente representa a un poder. No es Gámez el que habla, habla el Congreso”, señaló.

Por ello, pidió al legislador separarse de la presidencia de la Directiva si pretende continuar con la confrontación política.

“Yo le pido que mejor deje la Directiva. Que si él como presidente del Congreso es nombrado para golpearme, yo invito al diputado a que deje la Directiva para que nos golpeemos a gusto”, expresó.

El alcalde también reclamó una postura del Gobierno del Estado y particularmente de la Secretaría General de Gobierno para aclarar si Gámez mantiene actualmente algún nombramiento o percepción económica dentro de esa dependencia.

“Si Gámez no deja fehacientemente claro que renunció como director general de la Secretaría General, pues también el secretario general tiene que decir algo. Yo también creo que el Gobierno del Estado tiene que fijar una postura”, afirmó.

El episodio abre un nuevo frente en la disputa pública entre el Ayuntamiento capitalino y actores políticos ligados al Gobierno del Estado y al Partido Verde, ahora con señalamientos cruzados sobre nóminas públicas, posibles incompatibilidades y utilización política de las instituciones.

Galindo aseguró que responderá cualquier investigación relacionada con la contratación de Dahud, pero exigió que el mismo nivel de escrutinio se aplique al presidente del Congreso.

“Yo me comprometo a aclarar lo mío y a demostrar que no es ilegal. Que él aclare”, sentenció.

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