César Arturo Lara Rocha, afirmó que el tema es delicado porque podrían estar involucrados agencias del Ministerio Público y juzgados

Por: Redacción 

 RedacciónEl presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, diputado César Arturo Lara Rocha, afirmó que el despojo de viviendas en San Luis Potosí es un tema muy grave, delicado y preocupante porque aparentemente está involucrado personal de las agencias del Ministerio Público y de juzgados, entre otras instituciones.

Ante los reportes de la operación de un presunto “Cartel Inmobiliario” al registrarse en el primer semestre 270 casos de despojo cuando en todo 2024 fueron unos 500, afirmó que el Congreso del Estado “está poniendo especial atención en el tema, haremos un llamado a la autoridad, porque hay algunas carpetas de investigación, la Fiscalía General del Estado tiene información respecto del asunto que no ha revelado por secrecía”.

El legislador añadió que “haremos lo necesario desde el Poder Legislativo para atender estas situaciones complejas; hay una iniciativa desde mayo del 2024 para aumentar las penas en este tema de despojo y sobre todo cuando se atente contra personas, por ejemplo, adultos mayores, personas con discapacidad”.

Expuso que “seguramente lo vamos a estudiar en razón de lo que hoy estamos viendo y de la problemática que pudiera crecer inclusive, porque esto es apenas el inicio, pareciera ser la punta de un Iceberg, tendremos que analizar la iniciativa y sacarla entre todos, debido a estos antecedentes peligrosos que están sucediendo”.

Señala que corresponde al órgano de control interno esclarecer la denuncia contra el regidor capitalino

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El diputado local Rubén Guajardo se pronunció sobre el caso del regidor de la capital de San Luis Potosí, Jorge Zavala López, quien fue denunciado públicamente por presuntamente exigir el 5 % del salario de sus trabajadores como un “agradecimiento” por tener empleo en el gobierno municipal.

Guajardo señaló que la investigación debe ser realizada por el órgano de control interno, y solicitó que dicho proceso se lleve a cabo sin ningún tinte político.

Al ser cuestionado sobre si Zavala López debería solicitar licencia

Por último, Guajardo consideró que centrar esfuerzos en investigar un solo caso como este podría significar destinar recursos a un tema que, en su opinión, no es urgente en este momento.

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La iniciativa fue enviada por el gobernador del Estado, José Ricardo Gallardo Cardona el 30 de julio

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Las y los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad el dictamen que reforma la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado y Municipios, en materia de retiro digno de las personas integrantes de los cuerpos de seguridad pública municipal.

La iniciativa fue enviada por el gobernador del Estado, José Ricardo Gallardo Cardona el 30 de julio, y propone brindar certeza jurídica a las personas integrantes de los cuerpos de seguridad de los municipios del Estado de San Luis Potosí, promover la sostenibilidad financiera en cada municipio, y consolidar un marco normativo que privilegie la responsabilidad institucional sin contravenir la autonomía local.

El diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la comisión legislativa, informó que el dictamen será sometido a consideración del Pleno en un periodo extraordinario y, existe la confianza de que reciba el apoyo y respaldo de la mayoría de sus integrantes.

Los Ayuntamientos deberán garantizar que las personas integrantes de los cuerpos de seguridad pública accedan de manera efectiva a prestaciones de retiro, jubilación o pensión, solamente mediante esquemas operados por instituciones públicas de seguridad social que consideren su naturaleza funcional y condiciones de riesgo.

La iniciativa de reforma parte del respeto irrestricto al principio de autonomía municipal consagrado en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y replicado en la Constitución local. Por ello, no impone esquemas rígidos ni centralizados, sino que faculta a los Ayuntamientos para definir, conforme a sus capacidades administrativas y presupuestales, las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones pensionarias dentro de un marco técnico, transparente y evaluable.