La medida busca proteger los derechos humanos y garantizar el respeto a la orientación sexual e identidad de género de todas las personas

Por: Redacción

Con la aprobación de reformas al Código Penal del Estado, el Congreso del Estado de San Luis Potosí dio un  paso decisivo a la erradicación de las “terapias de conversión sexual”, prácticas que atentan contra la orientación sexual y la identidad de género de las personas.

La iniciativa, promovida por la diputada Frinné Azuara Yarzábal fue respaldada por los diputados y diputadas de la LXIV Legislatura.

Con esta reforma, se establecen sanciones a quienes promuevan o realicen cualquier tipo de procedimiento que pretenda modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona reconociendo estos actos de delito contra la libertad y el libre desarrollo de la personalidad.

Pedraza añadió que defender la diversidad no divide, humaniza, y recordó que, según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), en San Luis Potosí existen más de 137 mil personas que forman parte de esta comunidad.

El Congreso del Estado refrenda su compromiso con la igualdad, inclusión y respeto a los derechos humanos avanzando hacia un San Luis Potosí donde las personas vivan libres, seguras y sin discriminación.

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Por vulnerar derechos de personas privadas de su libertad en los separos municipales 

Por: Redacción

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH) emitió la Recomendación 6/2025 dirigida al Ayuntamiento de Villa de la Paz, derivada de la acreditación de violaciones a los derechos humanos de personas privadas de su libertad que ingresan a los separos municipales.

De acuerdo con la investigación realizada por personal de la Tercera Visitaduría del Organismo, se determinó que existió abstención u omisión en el deber de custodia; se vulneró el Derecho a la legalidad por omitir fundar y motivar el acto de autoridad; el Derecho a la Integridad Personal, por la inadecuada certificación de las personas detenidas; y el Derecho al Trato Digno, por no proporcionar una estancia digna a las personas detenidas. 

La CEDH constató que el municipio incumplió con las condiciones mínimas para garantizar la seguridad e integridad de quienes se encuentran bajo su resguardo, además de carecer de procedimientos administrativos debidamente fundamentados que sustenten las detenciones y la custodia de las personas privadas de su libertad.

Por lo que se emitió la Recomendación con los siguientes puntos: 

Realice las gestiones presupuestales necesarias a efecto de que las celdas preventivas Municipales de Villa de la Paz, cuenten con instalaciones y servicios, en las condiciones de operación y mantenimiento idóneos. 

Implemente Protocolos de atención para personas sometidas a detención, así como las que pertenezcan a los grupos vulnerables como migrantes, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, comunidad LGBTIQ+ y para personas de pueblos y comunidades indígenas

Se cuente con los servicios de personal médico disponible las 24 horas del día y de un protocolo de actuación para el tratamiento de personas sometidas a detención.

Se de vista de la presente Recomendación a Regidores y Síndico que integran el Pleno del Cabildo de Villa de la Paz, con el objetivo de que en el ámbito de sus facultades se analice, discuta, designe y apruebe presupuesto para la creación e implementación de un proyecto estratégico enfocado en la modernización de las celdas preventivas, en un plazo máximo de seis meses. 

Como Garantía de No Repetición, se realice las gestiones necesarias a efecto de incluir dentro de su política pública de seguridad, la profesionalización en derechos humanos de las y los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y Jueces Calificadores.

La Presidenta de la CEDH, Mtra. Giovanna Itzel Argüelles Moreno, reiteró que las autoridades municipales tienen la obligación de salvaguardar la vida, integridad y dignidad de toda persona, especialmente cuando se encuentra bajo su custodia, por lo que reiteró el apoyo a las autoridades municipales para el cumplimiento de las Recomendaciones emitidas.

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El diputado dijo que no debe destinarse el dinero público universitario a una compañía privada cuando existe la Guardia Civil Estatal y la Guardia Nacional

Por: Redacción

El diputado Carlos Arreola, quien ha sido señalado de intentar intervenir en la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) durante las recientes manifestaciones estudiantiles, cuestionó ahora el presupuesto destinado a la seguridad interna de la institución, calificando como “excesivos” los 28 millones de pesos asignados a una empresa privada que brinda el servicio.

Arreola argumentó que, ante la existencia de la Guardia Civil Estatal y la Guardia Nacional, no debería destinarse dinero público universitario a una compañía privada:

“Es un gran exceso cuando tenemos una guardia civil, una guardia nacional y nuevos cuerpos de seguridad. Estamos en contra de la privatización de los servicios públicos. No puede ser que los presupuestos de la universidad se estén yendo en dinero para empresas que garantizan una seguridad que no garantizan”, expresó.

El legislador, quien también ha sido criticado por presionar públicamente para que la próxima rectoría sea encabezada por una mujer, insistió en que el Congreso debe “acceder a las cuentas” de la universidad, bajo el argumento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la UASLP forma parte del gobierno y, por tanto, debe transparentar su gasto.

El planteamiento de Arreola parece un nuevo intento de vulnerar la autonomía universitaria, al pretender supervisar o decidir sobre el manejo de recursos internos.

De acuerdo con los datos disponibles, los 28 millones de pesos destinados a seguridad se distribuyen entre 88 elementos, lo que equivaldría a 26 mil 515 pesos mensuales por guardia en caso de pagarse directamente a cada uno; sin embargo, al estar contratados por una empresa, parte del monto corresponde a comisiones y servicios administrativos.

La UASLP cuenta con más de 35 mil estudiantes, además de docentes y personal administrativo, por lo que el gasto en seguridad representa una medida de protección para una comunidad universitaria de gran tamaño.

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