La próxima agenda legislativa refleja un esfuerzo por alinear las leyes secundarias con los cambios constitucionales recientes

Por Roberto Mendoza

 

En su conferencia matutina de este jueves 26 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló una agenda legislativa de gran envergadura que será presentada en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Este paquete incluye 20 iniciativas orientadas a fortalecer las reformas constitucionales aprobadas previamente y a abordar temas clave como la no reelección, el nepotismo y la modernización de leyes relacionadas con sectores estratégicos.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran las reformas a las leyes secundarias de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que buscan consolidar los cambios constitucionales ya realizados con el objetivo de fortalecer el control estatal sobre los recursos energéticos del país. Asimismo, se trabajará en la actualización de la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras Públicas, ambas consideradas fundamentales para garantizar transparencia y eficiencia en los procesos gubernamentales.

Otro punto clave será la revisión a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit),

una iniciativa que quedó pendiente en el periodo legislativo anterior. Además Sheinbaum anunció una reforma constitucional para prohibir la reelección y combatir el nepotismo en los cargos públicos.

La presidenta informó que sostuvo reuniones estratégicas con líderes legislativos del Movimiento de Transformación para definir esta ambiciosa agenda. Entre los participantes estuvieron Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el senador Ignacio Mier.

La próxima agenda legislativa refleja un esfuerzo por alinear las leyes secundarias con los cambios constitucionales recientes, garantizando así su plena implementación. El próximo periodo legislativo, que iniciará en febrero, si no hay algún periodo extraordinario, promete ser crucial para el futuro del país, pues estas reformas abarcan áreas fundamentales que impactan directamente a millones de ciudadanos y sectores clave para el desarrollo nacional.

Ese presupuesto contempla una variedad de rubros que impactarán positivamente en sectores clave del estado

Por: Roberto Mendoza

San Luis Potosí ha sido priorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 con más de 37 mil millones de pesos. Esta asignación forma parte de los 9.3 billones de pesos aprobados para el gasto público del país, marcando un enfoque en desarrollo social, educación, salud, infraestructura y seguridad, tanto a nivel nacional como local.

El presupuesto contempla una variedad de rubros que impactarán positivamente en sectores clave del estado. A continuación, se destacan los montos más relevantes:

Educación. FONE: Se destinarán $14,987.4 millones de pesos al pago de nómina y gastos operativos del sistema educativo básico. Este es el mayor rubro asignado al estado, asegurando el salario y estabilidad laboral para los docentes.
FAETA: Con $780 millones de pesos, para fortalecer la educación tecnológica y de adultos, promoviendo la capacitación y alfabetización.
Salud. FASSA: Más de $6,132.8 millones de pesos serán destinados a la operación del sistema de salud estatal. Este recurso busca cubrir insumos médicos, infraestructura hospitalaria y salarios médicos.

Infraestructura estratégica. Proyectos carreteros: $1,250 millones de pesos que estarán destinados a obras clave como la ampliación de la carretera San Luis Potosí-Matehuala, facilitando la conectividad y el comercio en la región.
Inversión plurianual: Con $3,800 millones de pesos, se desarrollarán proyectos como un nuevo hospital regional y el Parque Logístico e Industrial, que busca convertir a San Luis Potosí en un referente industrial y económico en el Bajío.
FAIS: Con $4,723.5 millones de pesos, se priorizará infraestructura básica como agua potable, drenaje y electrificación en zonas rurales e indígenas.

Seguridad y fortalecimiento municipal. FORTAMUN: Los municipios recibirán $2,895.6 millones de pesos para proyectos de seguridad pública, alumbrado y pavimentación, mejorando las condiciones de vida en comunidades urbanas y rurales.
FASP: Se contempla $580 millones de pesos para capacitación policial, equipamiento y tecnología.
Bienestar social y equidad. Programas sociales: Más de $2,340 millones de pesos estarán destinados a programas como pensiones para adultos mayores y apoyos a personas con discapacidad, así como para becas y subsidios agrícolas.

Igualdad de género: $250 millones de pesos, para ejecutar estrategias buscando empoderar a las mujeres potosinas y combatir la violencia de género.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, con un gasto neto total de 9.3 billones de pesos, prioriza la atención a los sectores más vulnerables, impulsando la educación, salud e infraestructura a nivel nacional. Además, se ha definido un déficit presupuestario récord de $1.17 billones de pesos, reflejando un fuerte compromiso del gobierno federal para reactivar la economía y atender las desigualdades.
En este marco global, San Luis Potosí emerge con una inversión de $37,739,300,000, como uno de los estados beneficiados que busca consolidándose como un eje de desarrollo en el centro del país.

Las leyes buscan combatir prácticas de corrupción y nepotismo en el sistema judicial mexicano, garantizando su independencia y eficacia.

Por: Roberto Mendoza

Tras la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias de la LXVI Legislatura, el Congreso de la Unión estableció un precedente de trabajo legislativo, según el enfoque de la mayoría, en la justicia, la igualdad sustantiva y el bienestar social. Durante este periodo, que abarcó cerca de 300 horas de deliberaciones distribuidas en 40 sesiones ordinarias y extraordinarias, se alcanzaron avances significativos en la construcción de un marco normativo que responde a las necesidades de la población mexicana.

Entre los logros más destacados, de este intenso periodo de la LXVI Legislatura se aprobó un total de 32 dictámenes, que incluyen 16 reformas constitucionales y tres nuevas leyes. Tres nuevas leyes marcaran en los próximos años el futuro institucional del país:

• La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
• La Ley de Carrera Judicial.
• La reforma en materia de inimpugnabilidad, promovida por Morena, que brindara la certeza jurídica que requiere el proceso de las próximas reformas constitucionales.

Estas leyes buscan, en teoría, combatir prácticas de corrupción y nepotismo en el sistema judicial mexicano, garantizando su independencia y eficacia.

Entre las reformas constitucionales aprobadas, destacan las promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocadas en la igualdad sustantiva, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la eliminación de la brecha salarial de género. Además, se realizaron modificaciones sustanciales en áreas de seguridad pública, bienestar social y derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, tratando de consolidar un compromiso con el tejido social del país.

En materia de legislación secundaria, se aprobaron 17 modificaciones que fortalecen áreas prioritarias como el Poder Judicial, los derechos laborales, la igualdad sustantiva y el Paquete Económico 2025. Este último refleja las recientes prioridades legislativas, consolidando un enfoque hacia un México más justo e incluyente.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, también aprobado en este periodo, alinea los recursos de la nación con los principios de la Cuarta Transformación.

Durante este primer periodo de sesiones, se registraron momentos históricos como la conmemoración del Bicentenario del Primer Congreso Constituyente y la dolorosa pérdida de la presidenta de la Mesa Directiva, la destacada legisladora Ifigenia Martínez. Asimismo, se presentaron un total de 412 iniciativas y se recibieron 253 puntos de acuerdo.
El trabajo legislativo realizado durante este primer periodo ha sido descrito como uno de los más productivos y transformadores en la historia reciente. La LXVI Legislatura también puso de manifiesto que las diferencias ideológicas no son una barrera para construir un futuro más equitativo.