Congreso del Estado
Rinde protesta ante el Congreso nueva presidenta de CEDH
Giovanna Itzel Argüelles Moreno es la nueva titular de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado
Por: Redacción
En Sesión Solemne, rindió protesta de ley ante el pleno del Congreso del Estado, Giovanna Itzel Argüelles Moreno como titular de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, para el periodo 2025-2029.
De la misma forma, rindieron también protesta de ley, las y los integrantes titulares del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, integrado por: Diana Edith Ortiz Pérez, Roxana C. Dimas, Sayuri Vidales Estrada, María del Socorro Segovia Leyva, Martha Gloria Rubio Aguilera, Emmanuel Adrián Gutiérrez de la Fuente, Gerardo Daniel García Sánchez, Israel Morales San Román, Luis Eduardo Piña Olavide, y Alfonso Juventino Nava Díaz.
Finalmente, rindieron protesta de ley las y los integrantes suplentes, del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, integrado por: Marisela Torres Rodríguez, Blanca Elba Banda Maldonado, Alicia Villagomez Carvajal, Constantino Méndez Ponce, José Enrique Mendoza Torres, Javier Aram Luna Cano, y Eduardo Duarte Jasso.
Todos los cargos, para el periodo comprendido del 1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2029.
En la Sesión Solemne, se contó con la presencia del Licenciado Miguel Ángel Méndez Montes, consejero jurídico de Gobierno del Estado, en representación del Poder Ejecutivo; y de la Magistrada Silvia Torres Sánchez, en representación del Poder Judicial.
Agotados los asuntos, se citó a Sesiones Solemne y Ordinaria, el día de mañana martes 1 de abril a partir de las 11:00 horas en el municipio de Rioverde, el Auditorio “Ing. Valentín Gama”, ubicado en Escandón 113, Zona Centro.
Congreso del Estado
Guajardo exhortará a municipios a crear sistemas de justicia cívica
El legislador panista busca que los ayuntamientos incorporen el sistema en su presupuesto de 2027
Por: Redacción
Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, presentará este miércoles ante la comisión permanente del Congreso del Estado un exhorto a 56 municipios de San Luis Potosí que aún no operan el sistema de justicia cívica, previsto en la ley aprobada por el Legislativo estatal en el cuarto periodo.
La ley no obliga a los municipios a operar el sistema, pero sí exige que los ayuntamientos que ya cuenten con uno propio se adecuen al nuevo marco normativo estatal. Actualmente solo tres municipios lo tienen en funcionamiento: San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles.
Guajardo, integrante de la primera Comisión de Hacienda Municipal, planteó que julio y agosto son el momento idóneo para que los 56 municipios restantes incorporen el gasto del sistema en su Ley de Ingresos y Egresos de 2027, antes de presentarla al Congreso del Estado.
El diputado sostuvo que la justicia cívica permitiría resolver conflictos menores —ruido, maltrato animal, acumulación de basura y choques leves— sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí
. “Imagínense cuántas carpetas de investigación tenemos en la Fiscalía General del Estado con este tipo de problemas”, advirtió.La nueva ley, dijo, también fijó requisitos para los jueces cívicos que antes cada ayuntamiento definía a su libre albedrío: ahora deben ser abogados y acreditar cierta experiencia. Guajardo sostuvo que el sistema, además de aligerar la carga de la Fiscalía, contribuiría a una mejor convivencia y a la seguridad pública en los municipios, al tratarse de un mecanismo preventivo.
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Congreso del Estado
Se busca nueva ley para garantizar detección y tratamiento oportuno de cáncer infantil
El cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México
Por: Redacción
Con el objetivo de establecer disposiciones en apego a los ordenamientos normativos generales en materia de salud y de detección del cáncer, la diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para expedir la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado.
Con esta nueva legislación, se busca coordinar de mejor manera la estrategia para canalizar los recursos materiales y humanos que requieren los menores de edad en el tratamiento de este padecimiento, de acuerdo con su condición física, garantizando con ello el derecho a la salud, del interés superior de la niñez y a la vida.
Indica que que el cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México, con predominio de leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central.
Además, señaló que la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, establece derechos y obligaciones que deben ser replicados y fortalecidos en el ámbito estatal.
Congreso del Estado
Propone Sara Rocha iniciativa para mejorar Ley de Atención a Víctimas
Se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio
Por: Redacción
Con el fin de garantizar el acceso a asesoría jurídica especializada, visibilizar el feminicidio y los derechos de las personas integrantes de comunidades y pueblos indígenas, y la población afromexicana, la diputada Ma. Sara Rocha Medina propuso una iniciativa para reformar disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.
Explicó que con estas reformas, se busca una armonización con lo establecido en la Ley General de Víctimas, en lo relacionado con la ampliación de las garantías procesales en cuanto al acceso efectivo a la justicia, la debida diligencia y el acompañamiento humanitario de las víctimas; así como dotar de mayor inclusión, visibilización y enfoque diferencial en las políticas públicas de atención a las personas de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas.
Asimismo, se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio en el catálogo de supuestos que exigen esquemas prioritarios de protección estatal.
Esta adición armoniza nuestra legislación con las obligaciones suscritas por el Estado Mexicano en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
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