Gobierno de SLP niega tener denuncia formal por presunto cobro a personas trans en cambio de identidad

Por: Redacción

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, respondió a un señalamiento de un colectivo de personas trans que denunció un cobro indebido por parte del gobierno estatal en el trámite de cambio de identidad de género. El funcionario aclaró que ese trámite es completamente gratuito y que no debe generar ningún cobro.

El señalamiento se relaciona con una denuncia previa de la colectiva DignidadEs Todas, que documentó un cobro de 1 mil 488 pesos por el trámite de reconocimiento legal de identidad de género en San Luis Potosí.

De acuerdo con el colectivo Todes Trans, ese cobro fue incorporado en diciembre de 2025, cuando el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de Hacienda sin consulta previa a la comunidad trans. Según datos de la propia colectiva, once personas no binarias realizaron el trámite durante el último año y todas tuvieron que cubrir el pago.

Torres Sánchez dijo que su oficina no tiene registrada una denuncia formal sobre el señalamiento, pero ofreció mecanismos de aclaración y, en su caso, la devolución del dinero cobrado indebidamente. Añadió que las puertas de su dependencia están abiertas para atender cualquier caso similar.

El funcionario destacó que la actual administración estatal ha emitido reglamentación relacionada con actos del Registro Civil que involucran a personas de la diversidad sexual y de género, con el objetivo de darles certeza jurídica en su convivencia cotidiana y frente a las autoridades.

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Elementos de la Policía Municipal hallaron 35 casquillos en el domicilio, mientras la Fiscalía General del Estado ya interviene en el caso

Por: Redacción

Un domicilio de la colonia Simón Díaz, en Camino Viejo al Aguaje, recibió disparos de arma de fuego entre las 05:00 y las 06:00 horas de este lunes. El inmueble presuntamente pertenece a un mando de la Policía Municipal de San Luis Potosí.

Elementos de la corporación, que fungieron como primeros respondientes, habrían localizado en el lugar aproximadamente 35 casquillos percutidos, además de daños en la fachada. La propietaria señaló que las detonaciones ocurrieron alrededor de las 05:30 horas.

Juan Antonio Villa, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPC), confirmó el ataque y dijo que Guerra no había recibido amenazas previas. La funcionaria ya contaba con escoltas, agregó, y la corporación reforzará su esquema de seguridad.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y la Guardia Civil Estatal ya intervienen en el caso, según Villa. La Policía Municipal resguardó el domicilio para evitar que la escena se contaminara, en su papel de primer respondiente.

Villa reconoció que quienes trabajan en temas de seguridad con resultados operativos “siempre van a estar en una línea muy delgada” y recordó que en otras corporaciones del país han fallecido elementos en circunstancias similares.

Consultado sobre si el ataque está relacionado con el trabajo operativo de la corporación, Villa evitó señalar una línea de investigación: “sería muy aventurado decirte yo ahorita si es una línea en ese sentido”, dijo, y agregó que por ahora se limitan a recabar información.

De manera extraoficial, mandos de la Policía Municipal indicaron que no darán mayor información sobre el ataque mientras avanza la investigación. Tampoco se descarta que esté relacionado con los operativos de seguridad que la corporación mantiene en la capital.

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El gobierno de Tamaulipas se deslindó del proyecto que Nuevo León reactivó ante Semarnat para llevar agua del río Pánuco hasta su zona metropolitana

Por: Redacción

Organizaciones campesinas de Tamaulipas y San Luis Potosí denunciaron que el proyecto Monterrey VI —el acueducto que trasladaría agua del río Pánuco, en la Huasteca Potosina, hasta la zona metropolitana de Nuevo León— fue reactivado, tres años después de que Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de México, lo rechazara “de manera definitiva”.

De acuerdo con las organizaciones denunciantes, Samuel García, gobernador de Nuevo León, revivió el 13 de agosto el proyecto con la solicitud de autorización ambiental que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para construir el Acueducto Pánuco-Cerro Prieto, una obra de 390 kilómetros con capacidad inicial de cinco mil litros de agua por segundo. Semarnat publicó la solicitud en su gaceta el 27 de agosto; el proyecto aún no cuenta con autorización.

El trazo captaría el agua en el municipio de Ébano y contempla un tramo de más de 26 kilómetros dentro de territorio potosino; de ahí cruzaría Veracruz y Tamaulipas hasta conectar con la infraestructura de abasto de Nuevo León.

La propia Manifestación de Impacto Ambiental reconoce que la disminución del caudal del Pánuco representa un impacto ambiental negativo “muy significativo” durante la operación del acueducto. Especialistas y organizaciones ambientales advierten riesgos para la recarga de acuíferos, la agricultura, la ganadería de pequeña escala y el abasto de comunidades indígenas de la Huasteca, además de salinización en la parte baja de la cuenca y afectaciones a los sistemas kársticos. Entre los ríos que podrían resentir alteraciones se encuentran el Tampaón, Valles, Amajac, Gallinas, Santa María, Tamasopo y Moctezuma.

El gobierno de Tamaulipas se deslindó de la iniciativa, pese a que ambas administraciones habían planteado antes una estrategia regional conjunta para aprovechar la cuenca. Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, afirmó que la administración de Américo Villarreal Anaya no participa en el proyecto impulsado por Agua y Drenaje de Monterrey: “Desconozco los alcances actualmente de ese proyecto. No es un proyecto de Tamaulipas”.

Agua y Drenaje de Monterrey, en un comunicado del 28 de agosto, dijo que evalúa la “optimización” de Monterrey VI dentro de una planeación hídrica a 30 años y que requiere estudios complementarios de eficiencia energética y aprovechamiento del Pánuco, sin fijar fecha para iniciar la obra.

Monterrey VI se originó en 2011, durante el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz, y fue licitado en 2014 con una inversión inicial de 13 mil 644 millones de pesos. La administración de Jaime Rodríguez Calderón detuvo la obra por cuestionamientos sobre su costo y esquema financiero; el proyecto volvió a la discusión pública tras la crisis de abasto que enfrentó la zona metropolitana de Monterrey en 2022.

Cuando Samuel García planteó revivirlo ese mismo año, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, se opuso de forma tajante y calificó la extracción de agua de la Huasteca Potosina como un “ecocidio”. En marzo de 2023, López Obrador rechazó de manera definitiva el proyecto durante una visita a Nuevo León y reconoció que la población de la Huasteca no permitiría la extracción.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, había señalado en enero de 2025 que el proyecto seguía en estudio y que el primer paso era el diálogo entre Nuevo León y Tamaulipas para compartir la concesión del agua del Pánuco.

La Manifestación de Impacto Ambiental presentada por Agua y Drenaje de Monterrey queda ahora bajo revisión de Semarnat, el trámite que definirá si el acueducto avanza pese al rechazo histórico de San Luis Potosí y, ahora, al deslinde de Tamaulipas.

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