Gallardo llega a 67 por ciento de aprobación mientras el Verde domina la contienda por la gubernatura

Por: Roberto Mendoza

El 67 por ciento de los ciudadanos de San Luis Potosí aprueba la labor de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, de acuerdo con una encuesta estatal en vivienda levantada por Grupo Reforma del 9 al 13 de septiembre. El ejercicio, realizado a mil 5 adultos con credencial de elector vigente, registra una desaprobación del 27 por ciento hacia su gestión.

El respaldo ciudadano se sostiene principalmente en tres rubros de gestión administrativa: el 69 por ciento de los encuestados califica como “Bien” el manejo de los programas sociales; el 67 por ciento aprueba la gestión en infraestructura y obra pública; y el 65 por ciento respalda el desempeño en educación pública. En contraparte, los indicadores con mayor desaprobación se concentran en el combate al narcotráfico y crimen organizado, con 52 por ciento; el combate a la corrupción, con 50 por ciento; y la seguridad pública, con 48 por ciento.

El 55 por ciento de los encuestados percibe que la situación económica de su familia mejoró en el último año. La inseguridad pública, en cambio, es el principal problema que enfrenta San Luis Potosí, según el 50 por ciento

Ese respaldo se traduce en ventaja electoral: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) encabeza las preferencias en el estado. Ante el escenario de una elección para gobernador, el PVEM registra 41 por ciento de la preferencia efectiva, por encima de Morena, con 25 por ciento; el Partido Acción Nacional, con 10 por ciento; y el Partido Revolucionario Institucional, con 8 por ciento.

La misma casa encuestadora ubicó al PVEM en 43 por ciento de la intención de voto y a Morena en 23 por ciento —una brecha de 20 puntos— en una medición levantada del 22 al 26 de julio, cuando la aprobación de Gallardo era de 63 por ciento. Frente a esa fotografía, el margen entre ambos partidos se redujo a 16 puntos, mientras la aprobación del gobernador subió cuatro puntos porcentuales.

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La diputada Sara Rocha atribuyó a la Federación el abandono de las carreteras estatales frente al aumento de feminicidios en San Luis Potosí

Por: Redacción

La diputada local Sara Rocha Medina, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que el aumento de feminicidios en San Luis Potosí es un tema de responsabilidad compartida, no solo del gobierno, y señaló que la mayor responsabilidad de investigación recae en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP). La fiscal general, María Manuela García Cázares, confirmó la semana pasada el aumento de muertes violentas de mujeres en la entidad.

La Fiscalía había registrado, hasta julio, cinco feminicidios confirmados en 2026 frente a los seis de todo 2025. En septiembre se sumaron al menos dos casos más: el de una mujer colombiana asesinada en un hotel de Villa de Reyes, tipificado como feminicidio, y el de otra víctima investigada por el mismo delito en La Pila

Cuestionada sobre el llamado a las autoridades tras la desaparición de una joven en la carretera federal 57, rumbo a la zona Altiplano, y sobre la falta de atención de las autoridades federales responsables de esa vía, Rocha respondió que no se trata de un tema nuevo: “Las autoridades federales han abandonado a México en todos los temas, y éste ni se diga: no les interesan ni los temas de las mujeres, mucho menos los de la sociedad.”

Sobre los avances del Congreso del Estado en materia de protección a las mujeres, Rocha dijo que la legislatura ya ha legislado al respecto y que los diputados tienen la responsabilidad de seguir dando herramientas a las investigaciones y a la Fiscalía.

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El diputado dijo que cambiar a jueces y magistrados sin cambiar el sistema deja todo prácticamente igual

Por: Redacción

El rezago en la impartición de justicia sigue siendo un problema de fondo, pese a la elección de jueces y magistrados que impulsó Morena a nivel nacional, dijo el diputado local Rubén Guajardo Barrera, del PAN. Recordó que su bancada advirtió desde el inicio, cuando se planteó la reforma, que ese no era el problema real.

Guajardo Barrera dijo que lo que hace falta es más presupuesto para todo el proceso de impartición de justicia, y que sustituir a las personas que ocupan los cargos, sin modificar el sistema en su conjunto, no resuelve nada. “De nada sirve cambiar a las personas que solamente se cambiaron los nombres si todo el sistema judicial queda igual”, afirmó.

El diputado dijo que la situación se repite tanto a nivel nacional como en San Luis Potosí: se sustituyeron jueces, magistrados y ministros por la vía electoral, pero el sistema de impartición de justicia permanece prácticamente sin cambios. Llamó a hacer un diagnóstico a fondo para mejorar los procesos y lograr que la justicia sea pronta y expedita.

La postura contrasta con la de la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, quien defendió este mes que el rezago judicial no se debe a una falta de autonomía financiera del Poder Judicial, y citó más de 25 mil audiencias penales y otras 25 mil resoluciones familiares resueltas como parte del primer informe del Poder Judicial tras la reforma.

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