Congreso del Estado
Ramírez Konishi abierto a reducir la jornada laboral en SLP
Sin embargo, el legislador potosino dijo que la medida tendría que ser acompañada de una adecuación del sistema educativo.
Por: Redacción
El diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi manifestó que no por trabajar ocho horas o más en un lugar, la persona es más productiva ya que lo puede ser incluso estando en otro sitio y menos tiempo, cuando las funciones lo permiten.
Aseguró que la reducción de la jornada laboral es una alternativa, si y solo si, viene acompañada de una adecuación al sistema educativo, porque su fin es ser más productivos, con una mejor organización y tener herramientas como el pensamiento lógico matemático, capacidad de resolver los conflictos, investigar y encontrar soluciones.
En América Latina, México es el país que trabaja más horas a la semana en comparación a países como Chile, Colombia, Brasil, pero ello no no significa más productividad: durante la pandemia se demostró que se puede trabajar fuera de las fuentes de trabajo, “podemos ser más productivos, organizarnos mejor y son herramientas que deben darse por parte del sistema educativo para entregar mejores resultados”.
El diputado Ramírez Konishi señaló que hay posturas de los grandes empresarios de este país que señalan que la jornada laboral debería ser de lunes a jueves, “son temas extrapolados, porque la productividad no se da por estar ciertas horas al día en un mismo lugar y por ello, creemos que el apoyo educativo es fundamental”.
El presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, añadió que “el hecho de estar ocho horas cinco días a la semana en un trabajo, no implica que la persona sea más productiva o que entregue resultados positivos, por eso a esta iniciativa hay que darle más elementos, que haya más espacio y calidad de vida para el trabajador, que pase más tiempo con su familia, son situaciones que se deben tomar en consideración”.
Añadió que ciertamente se deben evaluar los impactos que tendría en el ámbito económico para las empresas una medida de esta naturaleza, pero “lo más importante es que haya beneficios en ambas partes, por eso es importante que una medida de esta naturaleza vaya acompañada de mayor educación, que permita obtener beneficios”.
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Congreso del Estado
Se busca desde el Congreso fortalecer atención integral a pacientes de Alzheimer
La iniciativa contempla adicionar diversas fracciones , así como incorporar el denominado “Atención Integral del Alzheimer y Otras Demencias”
Por: Redacción
Con el propósito de visibilizar el Alzheimer y fortalecer la atención integral de las personas que viven con esta condición, la diputada Frinne Azuara Yarzábal, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.
La iniciativa plantea incorporar un marco jurídico específico para la atención del Alzheimer y otras demencias, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y acompañamiento integral; además de brindar mayor protección a las personas que enfrentan estas enfermedades y a quienes se encargan de su cuidado.
La legisladora explicó que la ausencia de disposiciones específicas limita la capacidad de respuesta del Estado y contribuye a mantener en la invisibilidad a quienes viven con estas condiciones, por lo que consideró que la reforma representa un acto de justicia, humanidad y visión de futuro para avanzar hacia un sistema de salud más solidario, preparado y digno.
La legisladora Azuara Yarzábal puntualizó que la iniciativa contempla adicionar diversas fracciones a los artículos 4, 13, 23 y 25, así como incorporar el Capítulo X Bis, denominado “Atención Integral del Alzheimer y Otras Demencias”, con los artículos 67 Sexties 1, 2, 3, 4 y 5.
Dentro de las modificaciones propuestas se establece una definición de la enfermedad de Alzheimer como un trastorno neurocognitivo mayor, progresivo y degenerativo que afecta la memoria, el pensamiento, la conducta y la autonomía funcional.
Congreso del Estado
Congreso analiza endurecer sanciones a funcionarios por corrupción
La iniciativa contempla destitución e inhabilitación de tres a diez años
Por: Redacción
El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa para reformar el artículo 316 del Código Penal del Estado, con la que busca incrementar las sanciones para los servidores públicos que intervengan en delitos de corrupción.
La propuesta plantea que, cuando en la comisión de un delito de los previstos en los capítulos I a III del título correspondiente participe un servidor público en ejercicio de sus funciones o aprovechándose de su cargo —ya sea por acción u omisión—, la pena de prisión prevista se incremente en una mitad. Además, contempla la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un periodo de tres a diez años.
Lara Rocha señaló que la reforma no es solo una modificación técnica, sino que busca enviar un mensaje de tolerancia cero frente a la corrupción y el uso indebido de las instituciones públicas. Explicó que precisar la responsabilidad de los servidores públicos que faciliten o coadyuven en un delito, incluso por omisión, daría a los juzgadores mayores herramientas para sancionar y proteger la función pública.
El legislador dijo que la propuesta busca atender espacios de impunidad derivados de la participación pasiva o indirecta de servidores públicos, y citó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece obligaciones a los Estados en materia de prevención, incluidas medidas legislativas sobre abuso de funciones y uso indebido de influencias. La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y dictamen.
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Congreso del Estado
Iniciativa busca fomentar la creación de centros de recuperación y albergues de animales
Es necesario fortalecer la atención, vacunación, esterilización, rehabilitación y adopción de animales en situación de calle o abandono: Dip. Dulcelina Sánchez de Lira
Por: Redacción
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa para armonizar la Ley de Protección a los Animales y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en relación a la creación de Centros de Recuperación y albergues de protección animal en los municipios del estado.
Señala que en la mayoría de los municipios del Estado, los Centros de Recuperación y los albergues previstos por la ley, no existen o funcionan de manera insuficiente, debido principalmente a la ausencia de asignaciones presupuestales permanentes y a la falta de incorporación expresa de estas funciones dentro de la estructura competencial de los Municipios.
El principal obstáculo para la ejecución efectiva de las políticas públicas de bienestar animal no radica en la inexistencia de obligaciones legales, sino en la falta de armonización entre la Ley de Protección a los Animales y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, ya que mientras la legislación especial impone obligaciones específicas a los municipios, la legislación orgánica no incorpora de manera expresa dichas atribuciones dentro de las competencias municipales, situación que dificulta su ejecución.
Por ello, la iniciativa propone establecer como facultad de los ayuntamientos, el implementar o mediante esquemas de colaboración pública, social o privada, sus C entros de Recuperación Animal para la atención, vacunación, esterilización, rehabilitación y adopción de animales
en situación de calle o abandono conforme a la Ley de Protección a los Animales del Estado de San Luis Potosí.Se indica que todos los municipios en el Estado, podrán realizar el “Programa Animal Comunitario” mediante esquemas de colaboración pública, social o privada, y de manera permanente y con el fin de garantizar el bienestar de los animales en situación de calle o abandono.
La legisladora señala que de aprobarse esta reforma, se contribuirá a reducir progresivamente la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle mediante métodos éticos de control poblacional; disminuir la incidencia de enfermedades zoonóticas, mordeduras y accidentes relacionados con animales abandonados; fortalecer la salud pública y mejorará las condiciones de convivencia comunitaria.
Asimismo, permitirá que la protección animal deje de depender de decisiones administrativas aisladas para convertirse en una obligación institucional permanente, susceptible de planeación, evaluación y fiscalización.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y Régimen Interno y Asuntos Electorales.
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