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¿Quiénes serán los 28 diputados y diputadas que integrarán la LXIV Legislatura?
Dentro de los perfiles más destacados son: Rubén Guajardo, Cuauhtli Badillo, Hector Serrano, Marco Gama y Sara Rocha
Por: Daniel Rocha
Este sábado se tomó protesta a las y los diputados que conformarán la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Sin embargo, una manifestación por parte del Partido Acción Nacional (PAN), generó discusiones durante esta ceremonia y provocó que la directiva tomará protesta a 28 legisladores.
A continuación haremos un listado de todos los integrantes de la legislatura:
Distrito 1: Tomás Zavala González – Partido del Trabajo (PT)
Fue candidato a la alcaldía de Matehuala por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las elecciones del 2021.
Distrito 2: Diputada Dulcelina Sánchez de Lira, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En el 2015 fue electa como diputada local por el VI Distrito con el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Durante su legislatura promovió reformas a favor de los derechos humanos, erradicación de la violencia de género y protección a los niños.
Dulcelina Sánchez de Lira también fue coordinadora de Derechos Humanos en el municipio de Villa de Reyes durante el 2019.
Durante la actual administración estatal se desempeñó como directora general técnica del despacho de la Secretaría General de Gobierno (SGG).
Distrito 3: César Arturo Lara Rocha, del Partido Verde Ecologista de México.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Durante más de 20 años se ha desempeñado en el área sindical. Actualmente trabaja como secretario general de la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM) en San Luis Potosí.
Ha sido delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Distrito 4: Jacqueline Jauregui Mendoza, del Partido del Trabajo.
Es originaria de la Ciudad de México. Dentro de sus principales propuestas para llevar al Congreso del Estado de San Luis Potosí son: la escasez de agua, que buscará legislar para que haya más escuelas en las comunidades de la capital y el abastecimiento de medicamentos en las clínicas médicas.
Distrito 5: Rubén Guajardo Barrera, del Partido Acción Nacional (PAN).
Se ha mantenido en diferentes puestos al interior del PAN desde el 2006, cuando trabajó en la secretaría juvenil de este partido, así como coordinador estatal del programa “Rescate de Espacios Públicos” del Instituto Mexicano de la Juventud.
Ha sido legislador local de 2012 a 2015, 2018 a 2021, 2021 a 2024 y en el actual periodo. Además de otros cargos al interior del PAN estatal y nacional entre 2012 hasta el 2019.
Distrito 6: Martha Patricia Aradillas Aradillas, del Partido Verde Ecologista de México.
En 2018 compitió en el VII Distrito por el Congreso del Estado, siendo abanderada por el PRD, sin embargo perdió en las elecciones. Tres años después volvió a ser candidata por el mismo Distrito. Este sería su segundo periodo como diputada local.
Distrito 7: Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, de Morena.
Fue diputado federal por la vía plurinominal del 2018 al 2021, y del 2021 al 2024 ocupó el cargo de diputado local también por la vía plurinominal. Esta es la primera vez que es diputado por la vía democrática.
Es licenciado en contaduría pública por parte de la Universidad Potosina. Dentro de sus principales propuestas está la de garantizar el agua como un derecho fundamental y que parte del presupuesto sea para los programas del Bienestar.
Distrito 8: María Aranzazu Puente Bustindui, del Partido Acción Nacional.
Fue consejera estatal de Acción Nacional en 2020, Durante la administración de Marcelo de los Santos Fraga se desempeñó como directora de Gestión y Atención de la Secretaría Particular.
Es abogada y se desarrolló como postulante en el Despacho Jurídico Durón-Santillán, también en el Despacho Jurídico Rodríguez-Chessal, y ha sido maestra de preparatoria, en las materias de Derecho e Historia de México en el Instituto Andes.
En el 2021 fue electa a la diputación por el VII Distrito, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en representar a ese distrito y este 2024 consiguió la reelección por el mismo distrito.
Distrito 9: Luis Fernando Gamez Macías, del Partido Verde Ecologista de México.
Es licenciado y maestro en Administración, ambos por la Universidad Tangamanga. También es licenciado en Derecho por parte de la Universidad José Vasconcelos.
Ha sido regidor del cabildo de Soledad de Graciano Sánchez, director de Desarrollo Urbano del mismo municipio y delegado del Interapas para Soledad y Cerro de San Pedro.
Distrito 10: Diana Ruelas Gaitán, del Partido del Trabajo.
Ha trabajado en diversos puestos en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez como en el Área de Comercio, en el Sindicato Democrático de los Trabajadores del Ayuntamiento y delegada regional del DIF Estatal.
Distrito 11: María Leticia Vázquez Hernández, del Partido del Trabajo.
Es licenciada en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y estudió una maestría en Política Criminal por la máxima casa de estudios potosina.
Es la alcaldesa con licencia del municipio de Cerritos. Durante el 2000 al 2005 se desempeñó como agente del Ministerio Público. De 2007 a 2009 fue secretaria general del Ayuntamiento de Cerritos. En 2015 fue candidata a la alcaldía cerritense y desde 2018 es presidenta municipal de dicho municipio.
Distrito 12: José Roberto García Castillo, de Morena.
Es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Justo Sierra, ubicada en el municipio de Rioverde, y tiene estudios de maestría en Administración Pública.
En el 2021 fue candidato a la presidencia municipal de Santa Catarina. Es hijo de Roberta Castillo Ramos, ex alcaldesa de Santa Catarina.
Distrito 13: Nancy Jeanine García Martínez, de Morena .
Es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Se desempeñó como coordinadora territorial del programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar del Estado de San Luis Potosí.
Distrito 14: Roxanna Hernández Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México.
Es licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria por la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, estudia la maestría en Administración Educativa y es fundadora del colectivo feminista “Las hijas de Tomiyahuatl”.
Además ha sido coordinadora del programa 3X1 para Migrantes de la Secretaría del Bienestar, directora de Asuntos Migratorios General en el Instituto de Migración y Enlace Internacional y delegada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Huasteca Sur.
Distrito 15: Diputada Brisseire Sánchez López, del Partido Verde Ecologista de México.
Tiene estudios como Técnico Superior Universitario en Rehabilitación por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Trabajó como terapeuta físico durante varios años en la Unidad Básica de Rehabilitación dentro del Sistema Municipal del DIF en el municipio de Tampacán.
En el 2018 fue electa como la primera alcaldesa de Tampacán y en el 2021 consiguió la reelección
Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional.
Mireya Vancini Villanueva, del Partido Acción Nacional
Es médica de profesión y es la primera presidenta municipal electa de Ciudad del Maíz.
Sara Rocha Medina, del Partido Revolucionario Institucional.
Fue nombrada como secretaria de Organización del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ha trabajado como diputada federal por San Luis Potosí, fue presidenta del Comité Municipal del PRI en San Luis Potosí, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, presidenta estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, dirigente nacional de la mujer campesina, vicepresidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, dirigente del Frente Juvenil Revolucionario de Catorce. Actualmente es la dirigente estatal del tricolor.
Frinne Azuara Yarzabal, del Partido Revolucionario Institucional.
Es médica cirujana y partera por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y tiene una maestría en Medicina Tradicional China y Moxibustión por la Universidad de Santiago de Compostela. Es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ha sido diputada federal en dos periodos consecutivos.
Ha trabajado en la Secretaría de Salud del Estado de México, el Instituto Nacional Indigenista y ha sido directora del Programa IMSS-PROSPERA.
Luis Felipe Castro Barrón, del Partido Verde Ecologista de México.
En el 2018, fue candidato al Congreso del Estado por el segundo distrito, actualmente conocido como el quinto.
También ocupó cargos en el Senado de la República y fue coordinador de delegados del Sistema DIF Estatal.
María Dolores Robles Chairez, del Partido Verde Ecologista de México.
Se desempeñó como asesora legislativa del grupo parlamentario del Partido del Trabajo entre 2018 y 2021, y ha tenido diversos puestos en la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).
Héctor Serrano Cortes, del Partido Verde Ecologista de México.
Es licenciado en Derecho por parte de la UNAM, desempeñó diversos cargos importantes, tales como oficial mayor de la Cámara de Diputados y secretario de Gobernación en el Distrito Federal durante el 2012 al 2015 con Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera.
Marco Antonio Gama Basarte, del Partido Movimiento Ciudadano.
Es el actual dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, ha sido regidor en San Luis Potosí, diputado federal en dos periodos (2003-2006 y 2015-2018) y senador 2018.
Carlos Artemio Arreola Mallol, de Morena
Fue dirigente estatal de Morena, trabajó en la Secretaría General de Gobierno y en la Secretaría del Bienestar.
Jessica Gabriela López Torres, de Morena.
Ha sido servidora de la nación en el Gobierno de México durante el 2021 y 2022.
Luis Emilio Rosas Montiel, de Morena.
Fue asesor externo de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (CDMX) del 2023 al 2024.
Juan Carlos Bárcenas Ramírez, del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí.
Es el Secretario General de la Sección 26 del SNTE para el período 2021-2025. También es miembro del Consejo Estatal de Participación Escolar en la Educación (COESPAEE).
Enrique Gerardo Ortiz Hernández, quien se declaró sin partido.
Es licenciado en contaduría pública, del 2015 al 2016 fue director de desarrollo social en la delegación de La Pila, además fue tesorero del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.
Marcelino Rivera del Partido Acción Nacional
Fue presidente municipal de San Martín Chalchihuautla en el trienio de 2012 a 2015, también fue diputado federal por el séptimo distrito del 2018 a 2021 y secretario general del PAN del 2015 al 2018.
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Ciudad
Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina
Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía
A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.
Por: Redacción
La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.
Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.
La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.
Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.
Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?
A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.
Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.
También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.
La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.
Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.
El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.
Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación
Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.
Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.
Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.
La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.
La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.
De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.
El arzobispo, ausente de la primera respuesta
La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.
Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.
Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.
La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.
La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.
La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?
La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.
La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí
Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.
En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.
Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.
Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.
Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.
La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.
Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños
Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.
Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.
La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.
También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.
Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.
La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.
Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina
Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.
La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.
La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.
Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.
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Destacadas
“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares
El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.
A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.
Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.
Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”
Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.
Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.
También lee: Verde será el último en definir candidatos en SLP: Gallardo
Ciudad
SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo
El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.
Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.
Cajeros del centro histórico
Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.
Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”
, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.Fraudes en línea
El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.
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