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¿Qué podemos esperar del gobierno de Enrique Galindo?
Analistas prevén qué tipo de gobierno tendrá el nuevo alcalde
Por: Itzel Márquez
Desde hoy, Enrique Galindo Ceballos es alcalde de San Luis Potosí, es por ello que convocamos a Lourdes Moreno y Oswaldo Ríos, analistas políticos, para conocer sus expectativas del nuevo gobierno capitalino.
“Tengo altas expectativas, porque creo que, a diferencia del candidato a gobernador por la misma coalición, Galindo tiene oficio político y entiende cuestiones de género y derechos humanos; además, en el ayuntamiento habrá paridad, lo cual se traduce en políticas públicas con esa perspectiva”, mencionó Moreno.
Oswaldo Ríos apuntó que Enrique Galindo ha hecho historia al ganarle a Xavier Nava de forma contundente y “creo que logra ganar así porque la sociedad potosina cree que puede ser un buen alcalde, lo suficientemente bueno como para que eso le premie su trayectoria política”.
En temas específicos, la analista dijo que, tomando en cuenta que Galindo tiene experiencia en seguridad pública, piensa que va a poner atención en el tema de feminicidios, pues el alcalde realizó foros ciudadanos con representantes de distintos sectores de la sociedad.
“Creo que Galindo tendrá un mejor desempeño que Xavier Nava porque tiene voluntad política para enfrentar los problemas y no se esconde de las responsabilidades, pero me parece que debe tomar en cuenta que la alcaldía ha sido una trituradora de carne para las aspiraciones políticas de quien ha querido ser gobernador como Octavio Pedroza, Ricardo Gallardo Juárez, entre otros, porque han buscado usar al ayuntamiento para proyectar su carrera política y han fracasado en su intento, se tiene que ser buenos alcaldes para que esto catapulte su trayectoria política al gobierno, el único que lo logró así fue Marcelo de los Santos”, agregó Ríos.
Moreno mencionó que el gabinete de Enrique Galindo es paritario: “pues es una persona con voluntad política y moverá temas de género y derechos humanos, pude verlo en reuniones de entrega-recepción y eran puros hombres, pero en una segunda etapa creo que reflexionaron y tomaron los comentarios, lo cual creo que es un a buena señal de que habrá diálogo y posturas flexibles”.
El analista dijo que la expectativa es que el gabinete de Enrique Galindo logre una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Lourdes Moreno dijo que Enrique Galindo trabajará de la mano con la sociedad civil, pues esto pudo verse desde la campaña con los foros ciudadanos y reuniones, “creo que en el Estado se necesita impulso a la sociedad, pues no había visto que desde los gobiernos se hiciera este diálogo tan cercano y tengo esperanza de que así continúe”.
Por último, Oswaldo Ríos afirmó que el alcalde debe trabajar con la sociedad civil, pues el ayuntamiento es el orden de gobierno más cercano y obligado a escuchar el sentir popular, “el diagnóstico de los problemas en la capital ya lo tiene, lo obtuvo en los foros durante la campaña, el interrogante es si su equipo le dará los resultados que se comprometió con la gente”.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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