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¿Qué es un Concejo? (sí, con “C”)
En Villa de Pozos se hizo la elección de esta forma de gobierno, que ejercerá hasta 2027
Por: Redacción
La semana pasada, el Congreso del Estado de San Luis Potosí, eligió a las y los quince integrantes del Concejo Municipal (sí, con “C”) del recién erigido municipio de Villa de Pozos, presidido por María Teresa de Jesús Rivera Acevedo.
Pero, ¿qué es un Concejo?
Un concejo (sí, con “C”), de acuerdo a la Real Academia Española, se define como un ayuntamiento o corporación municipal. A diferencia de su palabra homófona (“consejo”), se asocia con la creación de una institución gubernamental de un municipio o alcaldía.
En San Luis Potosí, de acuerdo al artículo 122 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, establece que en caso de declararse suspendido o desaparecido un Ayuntamiento, el Congreso designará, de entre los vecinos, un Concejo Municipal (sí, con “C”), que concluirá el período respectivo, si la causal se da después de un año de ejercicio del período constitucional para el que fue electo.
En el caso de Villa de Pozos, al pasar de delegación a municipio, se decidió mediante decreto que el Concejo (sí, con “C”), ejerza desde el 1 de octubre de 2024 y hasta el 30 de septiembre de 2027. Con ello, se brindará la oportunidad de generar las direcciones y áreas para que sean asumidas en la siguiente elección de un ayuntamiento en 2027.
Las y los 15 integrantes del Concejo 
Concejal Presidente del Municipio Libre de Villa de Pozos:
María Teresa de Jesús Rivera Acevedo.
Concejal Regidor 1, Propietario, Lauro Espinoza Nava.
Suplente, Mario Cortez Martínez.
Concejal Síndico 1, Propietaria, Liliana Méndez Fajardo.
Suplente, María Paula Estela Alonso Villegas
Concejal Síndico 2, Propietario, Gerardo Ávila Rodríguez.
Suplente, Armando Rangel Reyes.
Concejal Regidor 2, Propietaria, Maribel Lemoine Loreno.
Suplente, Lilia Faviola Hernández Calderón.
Concejal Regidor 3, Propietario, Gaspar Méndez Ramírez.
Suplente, Francisco Duarte Cervantes.
Concejal Regidor 4, Propietaria, Nadia Esmeralda Ochoa Limón.
Suplente, Laura Chavarría Moreno.
Concejal Regidor, 5, Propietario, Ricardo Gutiérrez Ortega.
Suplente, Álvaro Israel Leyva Frías.
Concejal Regidor 6, Propietaria, Ma. Guadalupe Hernández Méndez.
Suplente, Graciela Castro Medina.
Concejal Regidor, 7, Propietario, Dante Alan Carreón Sandoval.
Suplente, Víctor Guevara Galarza.
Concejal Regidor 8, Propietaria, Mónica López Villagrán.
Suplente, María del Carmen Rosas Pérez.
Concejal Regidor 9, Propietario, Efraín Hernández Medina.
Suplente, Jesús Arturo Tayabas Castillo.
Concejal Regidor 10, Propietaria, Julie Carrillo Saucedo.
Suplente, Ana Belem Moreno Muñiz.
Concejal Regidor 11, Propietaria, María Luisa Zavala López.
Suplente, Reyna Yadhira Ochoa Franco.
Concejal Regidor 12, Propietario, Víctor Nájera Vidales
Suplente, Evan Faustino López Sánchez.
El legislador explicó que la remoción sería un procedimiento natural del Congreso, la presidenta Patricia Aradillas permanecería en el cargo
Por: Cristian Betancourt
El diputado local Héctor Serrano confirmó que existe la intención de remover a los concejales de Villa de Pozos, también precisó que este proceso se realizaría de la misma forma en que fueron designados, como la establece el marco legal y los transitorios aprobados.
En entrevista, Serrano explicó que la facultad de retirar a los integrantes del concejo municipal recae en el Congreso, el cual debe seguir el procedimiento formal a tráves de un acuerdo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo)
Serrano fue enfático al señalar que la presidenta Patricia Aradillas no está contemplada dentro de los cambios, pues la revisión se centra en 14 concejales.
Finalmente, el legislador reconoció que la agenda se encuentra “apretada”, pero reiteró su compromiso de informar con claridad la información.
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Vacunas reetiquetadas. Tratamientos para cáncer, diálisis e hipertensión abandonados en un almacén del IMSS en la capital
Por: Redacción
En el almacén delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí —ubicado en Avenida de los Conventos 107— quedaron abandonados cientos de medicamentos y vacunas que nunca llegaron a los pacientes, pese a que muchos de ellos dependen de estos insumos para sobrevivir.
De acuerdo con Fuerza Informativa Azteca, documentos muestran que más de 30 millones de pesos en fármacos caducaron en este espacio sin haber sido distribuidos.
El caso más grave corresponde al medicamento Ribociclib, utilizado en el tratamiento de cáncer de mama: 196 piezas, valuadas en casi 5 millones de pesos, fueron dejadas vencer. A ello se suman 8 mil 400 piezas de Sevelamero, empleado para pacientes en diálisis, con un valor cercano a 9 millones de pesos, y 371 mil piezas de Irbesartán, recetado para la hipertensión arterial, cuyo costo asciende a 17 millones de pesos. Ninguno fue entregado a tiempo.
Personal del IMSS denunció que la problemática también afecta a las vacunas. Las cajas vacías regresan a los almacenes, donde —según los testimonios— se reetiquetan y rellenan con dosis caducadas o próximas a vencer
A esta situación se suma la polémica contratación, por adjudicación directa, de la empresa Medam, encargada de recolectar insumos caducos. Esta compañía fue clausurada previamente en Yucatán y Baja California Sur por el mal manejo de residuos biológicos y peligrosos. La Semarnat documentó que Medam vertía materiales contaminantes —incluidos medicamentos— que terminaron afectando ríos y mantos acuíferos.
El almacén, que debería ser el punto de distribución para todas las unidades del IMSS e IMSS-Bienestar en San Luis Potosí, se convirtió en un depósito donde tratamientos esenciales jamás llegaron a quienes los necesitaban, dejando a pacientes con cáncer, insuficiencia renal e hipertensión sin alternativas y evidencia de un grave desorden administrativo.
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La Legislatura mantuvo intacto el Paquete Económico, excepto en el rubro universitario y el aumento al Ceepac
La aportación estatal baja de 506 MDP que propuso el ejecutivo a 320 millones y reaviva el choque político con la Máxima Casa de Estudios
Por: Jorge Saldaña
El Congreso del Estado aprobó este jueves el Presupuesto de Egresos 2026 con una modificación de alto impacto: un recorte de 186 millones de pesos a la partida destinada a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), pese a que el Ejecutivo había solicitado asignar 506 millones para cumplir con el convenio federal–estatal de financiamiento universitario del siguiente año.
La Legislatura mantuvo sin cambios el resto del Paquete Económico, a excepción de un incremento al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por 20 millones de pesos, y en contra parte redujo la aportación universitaria a 320 millones, apenas 20 millones más que lo aprobado para 2025, un monto que demostró ser insuficiente y que dejó a la institución al borde.
El ajuste se vota en el punto más tenso de la relación entre el rector Alejandro Zermeño Guerra y los diputados, luego de semanas de desencuentros públicos e invitaciones de ida y vuelta entre el poder legislativo y la máxima casa de estudios.
En ese contexto, el dictamen de la Comisión de Hacienda argumentó que el recorte obedece a la falta de información suficiente sobre la aplicación del gasto universitario. Pero en los hechos, la decisión se interpreta como una respuesta política a lo que los legisladores consideran desplantes de la institución.
Un error que se repite.
En 2024, el Congreso aprobó en diciembre solo 300 millones para la UASLP, pero el Gobierno estatal firmó en enero un acuerdo con la Federación por 506 millones, diferencia que generó un conflicto que escaló en todos los niveles.
La tensión terminó con un pago tardío —y políticamente costoso— tanto para el Ejecutivo como para la UASLP.
Ahora, para 2026, el escenario se repite, pero sin que exista un adeudo pendiente que obligue al Gobierno a intervenir: el Congreso dejó la aportación en 320 millones, muy por debajo de lo requerido para operar con estabilidad.
Diputadas como Gabriela López Torres advirtieron que el ajuste “repite el error del año pasado”, pero la Comisión no abrió deliberación y procedió directamente con la votación.
De mantenerse la cifra aprobada, la UASLP enfrentaría en 2026 un déficit similar o peor al vivido este año, cuando la falta de recursos amenazó con paros generalizados al no contar con los recursos para el pago de nóminas y prestaciones. La diferencia para el próximo año es que la institución no tiene una compensación federal garantizada para cubrir el faltante.
La aprobación del paquete económico 2026 entrará en vigor tras su publicación, pero deja sembrada una nueva batalla política: la Universidad busca instalarse en la narrativa de víctima frente al poder, mientras el Congreso presume el recorte como una medida de “responsabilidad” ante la supuesta falta de transparencia universitaria.
En medio, una comunidad de más de 30 mil estudiantes y trabajadores espera que la pugna no vuelva a traducirse en incertidumbre financiera y un constante enfrentamiento político.
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