La iniciativa incluye cambios al sistema de candidaturas judiciales y nuevas reglas para la organización electoral

Por: Roberto Mendoza

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a la Cámara de Diputados la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para modificar la reforma judicial y reordenar el calendario electoral constitucional. La propuesta plantea que la elección judicial federal y local se celebre el primer domingo de junio de 2028 y que la revocación de mandato coincida con las jornadas electorales ordinarias. El proyecto forma parte de los temas previstos para un periodo extraordinario del Congreso.

La iniciativa reorganiza la elección judicial mediante distritos por circuito y especialidad, modifica el diseño de boletas y establece que las autoridades electorales no podrán alterar resultados ni asignación de cargos posteriores a la elección.

También prevé reducción de candidaturas mediante insaculación pública, reglas de paridad de género y la creación de una Comisión Coordinadora entre los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión

para homologar criterios y exámenes de conocimiento. El Instituto Nacional Electoral (INE) quedará encargado de reorganizar el marco geográfico electoral y operar la distribución territorial de candidaturas.

El paquete legislativo también contempla reformas para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas vinculada al INE y adicionar una causal de nulidad electoral por intervención extranjera.

El régimen transitorio establece que los cargos judiciales pendientes de renovación desde 2025 deberán elegirse en 2028 y que las entidades federativas deberán armonizar sus procesos judiciales locales con el modelo federal previsto en la reforma constitucional.

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Con base en esa información los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura

Por: Redacción

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de evitar que haya candidatos de cualquier partido político con posibles vínculos con la delincuencia organizada.

“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada es algo que se ha estado trabajando, platicando desde hace tiempo y ayer tomamos la decisión de que será enviada de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027”, puntualizó.

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que esta iniciativa está en el marco de la presunción de inocencia que marca la Constitución y destacó que se trata de un mecanismo que permitirá a los partidos políticos saber si una persona que se postula tiene o no algún antecedente, por lo que pueden o no tomarlo en cuenta para sus postulaciones; sin embargo, de encontrarse posible riesgo, las instituciones del Estado mexicano presentarán denuncias.

La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas será integrada por 5 consejeros electorales elegidos y votados por un periodo de tres años por el Consejo General del INE.

Esta Comisión servirá de vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR)

, sobre la existencia de información para establecer un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada.

Detalló que la Comisión funcionaría de la siguiente forma: Los partidos políticos entregan voluntariamente a la Comisión la lista de aspirantes a ser candidatos. La Comisión consulta a las dependencias de seguridad, quienes analizan y determinan si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable”. Posteriormente la Comisión informa a los partidos políticos si existe o no riesgo razonable, señalando las instancias o dependencias que advierten ese riesgo​, con base en ello los partidos políticos son responsables de determinar si registran o no la candidatura; sin embargo, de encontrar información relevante, las instituciones, de acuerdo con sus atribuciones, continuarán con la investigación correspondiente.​

Detalló que quienes deseen aspirar a una candidatura deberán como requisito obligatorio manifestar al partido político que lo postule su conformidad para ser evaluados por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE.

Agregó que el proceso se realizará en condiciones de confidencialidad entre todas las partes y la información que identifiquen las autoridades competentes tendrá carácter reservado para no afectar, en su caso, el debido proceso.

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El proyecto plantea ajustar los comités de evaluación y la organización interna de la Suprema Corte

Por: Roberto Mendoza

La Secretaría de Gobernación entregó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el proyecto presidencial que modifica el sistema de elección judicial: “se busca mejorar la operación de los comités de evaluación, su proceso de evaluación y la selección de personas. También reduce el número de candidaturas propuestas por comité con el fin de simplificar la boleta y que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en un mecanismo más simple para al asistir a la casilla”.

Sobre el envío de esta iniciativa, la dependencia federal argumentó: “defender la reforma significa reconocerla como una conquista democrática, no de un partido ni de un gobierno, sino de la gente que existió un poder judicial más justo y transparente”.

El texto recibido en el Senado establece una reorganización operativa para el máximo tribunal del país: “Se crean las secciones en la Suprema Corte y con ello se plantea que el trabajo sea más eficaz y reducir los rezagos. Con ello se dejará al pleno de la Corte los asuntos de gran relevancia”.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, equiparó esta nueva figura jurídica con la estructura previa: “Yo considero que estas nuevas secciones son para quitar el rezago y para atender asuntos también de importancia en la corte,

pero podría decirle como abogado y constitucionalista que viene a ser una especie de salas, pero con el nombre de secciones”.

El trámite parlamentario perfila la convocatoria a un periodo extraordinario para que el documento se someta a votación en el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo miércoles 27 de mayo. Sobre el debate legislativo acotado a esta entrega, el diputado Monreal precisó: “hay otros temas que se pueden incluir en el Sí, pero no tenemos otros temas, solamente los siete artículos. Pero les decía que no impide que de aquí a mañana se piense en una reforma aparte de esta que se presentó”.

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