El partido presentó expedientes ante entidades estadounidenses argumentando intervención del crimen organizado en los comicios de Sinaloa

Por: Roberto Mendoza

Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó un recurso formal ante el Instituto Nacional Electoral para anular el estatus jurídico de la actual organización política en el poder: “Aquí está la solicitud para que pierda el registro el narcopartido político Morena. Morena no es un partido político. Morena es un cartel del crimen organizado que entregó la seguridad y la paz de las familias mexicanas”.

Durante la conferencia en el Senado, enmarcada por pantallas y lonas que exigían la extradición de funcionarios, gobernadores y del expresidente de la República, el legislador expuso la presunta cooptación de las instituciones de seguridad estatales: “El Estado de Sinaloa se convirtió en una estructura criminal porque no solo era el gobernador, era el secretario de gobierno, era el de finanzas, eran las fiscalías, eran las policías, era el alcalde de la capital. Se pusieron de acuerdo con los carteles del crimen organizado para ganar las elecciones. Se reunieron con ellos. Les entregaron las fiscalías. Les entregaron las policías. Les entregaron las listas de quienes estaban participando en la elección, los levantaron, los asesinaron”.

El partido ingresó expedientes sancionadores en dependencias extranjeras y anunció una escalada diplomática de sus exigencias: “La denuncia y el escrito y la información en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Aquí está claro, el brazo político del partido Morena son los carteles del crimen organizado y por eso vamos a iniciar una intensa y contundente gira internacional para denunciar esto. Y por ello las sanciones que pueda establecer el gobierno de los Estados Unidos. Desde que les quiten las visas, los imputen, hagan solicitudes de extradición, es lo que corresponde porque en su facultad, en su ley la tienen”.

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“Exigimos la detención inmediata de Rubén Rocha. Si el gobierno federal no lo quiere detener, entonces es cómplice”, aseguró Ricardo Anaya

Por: Roberto Mendoza

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, presentó la solicitud formal para convocar a sesión extraordinaria y declarar la desaparición de poderes en Sinaloa: “exigimos que se convoque de inmediato un periodo extraordinario y que este Senado de la República declare la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. Porque no nos confundamos, no solamente el narco se infiltró en el Poder Ejecutivo, en la Fiscalía, en la policía, en su alianza con Morena y con Rocha Moya. También a través de la narcoelección judicial se infiltraron en el Poder Judicial, y es evidente que también están infiltrados en el Poder Legislativo local”.

Sobre la situación procesal del gobernador con licencia y la exigencia de aplicar el Tratado de Extradición, la bancada advirtió similitudes operativas con evasiones previas

: “ése es el riesgo porque eso pasó con Javier Duarte. Primero pidió licencia y después apareció que estaba en Guatemala. Ése es exactamente el riesgo y probablemente sea el acuerdo: no lo detenemos para darle tiempo de darse a la fuga”.

La representación legislativa determinó que el retraso en la ejecución de la captura solicitada por el Departamento de Justicia trasladará la responsabilidad judicial a la administración central: “exigimos la detención inmediata de Rubén Rocha Moya y de sus cómplices. Y si el gobierno federal no lo quiere detener, entonces el gobierno federal también es cómplice de Rubén Rocha Moya”.

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Aseguró que la solidez de la democracia no depende únicamente de la pulcritud de sus procesos, sino de la eficacia de sus instituciones para transformar los derechos escritos en realidades palpables

Por: Redacción

La democracia de alta calidad es aquella donde la ciudadanía no solo vota, sino que ejerce su autonomía; donde los derechos sociales no son promesas de campaña, sino obligaciones exigibles ante tribunales independientes”, expresó la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.

Al participar en la instalación del observatorio sobre la calidad democrática y construcción de ciudadanía, Esquivel Mossa aseguró que la justicia se convierte en el puente entre la voluntad popular y el límite al poder; y que la solidez de la democracia no depende únicamente de la pulcritud de sus procesos, sino de la eficacia de sus instituciones para transformar los derechos escritos en realidades palpables.

En las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), la ministra reconoció que un observatorio con anclaje territorial y vocación pública permitirá comprender cómo se vive el Estado constitucional en la experiencia diaria del ciudadano: “este Observatorio tiene la vocación de ser el espacio donde el rigor académico de la universidad se encuentre con la experiencia operativa de las instituciones, para generar una agenda de fortalecimiento institucional que responda a las necesidades de las juventudes y de las comunidades que se sienten al margen del sistema”, subrayó.

Previamente, la Ministra Esquivel asistió al Encuentro Nacional de Coordinadores del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos, donde habló del mandato que tienen las autoridades judiciales de promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos, además de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a éstos.

Ante profesores y estudiantes de las instituciones que conforman dicho posgrado, Esquivel Mossa recordó que los derechos humanos se sustentan en la dignidad de las personas, y constituyen una exigencia para una vida digna, libre, sin discriminación.

En el marco del 10º aniversario de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Yasmín Esquivel también habló del protocolo para juzgar con perspectiva de género; del protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia; con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales con perspectiva intercultural; protocolo para juzgar en casos de feminicidio, entre otros.

Estas actividades contaron con la presencia de Mónica Aralí Soto Fregoso, Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Dante Arturo Salgado González, Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur; Luis Armando González Plascencia, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES; José María Avilés Castro, Subsecretario de Enlace Legislativo y Municipal del Gobierno de BCS.

Así como Sinia Álvarez Ramos, Vocal Ejecutiva del INE en la entidad; Sara Flores de la Peña, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Baja California Sur; Malka Meza Arce, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de BCS; y Gabriela Cardoza Coronel, alumna del Doctorado Interinstitucional de Derechos Humanos de la UABCS.

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