El secretario de seguridad reconoce que prófugos radicados en otros estados generan dificultades operativas inmediatas, aunque relativiza la magnitud del problema al invocar factores de salud mental.

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, secretario de seguridad pública del Estado reconoció que órdenes de captura contra personas prófugas residentes en otras entidades ralentizan la capacidad de respuesta inmediata del estado. Esa condición trasnacional genera limitaciones jurisdiccionales que impiden operativos rápidos, aunque el funcionario indicó que esto no releva de responsabilidad estatal en materia de seguridad.

Ante cuestionamientos sobre avances en investigaciones de casos críticos, el secretario explicó que la información que comparte respeta límites jurídicos estrictos. “No podemos dar información confidencial porque luego la Fiscalía reclama“, expresó, aludiendo al riesgo legal de exponer detalles de investigaciones en proceso.

Confirmó que evaluaciones internas indican que varios prófugos están alojados en otra entidad y provienen de otra jurisdicción. “Tendríamos que trasladarnos a otro estado”, señaló, lo que ralentizan respuestas inmediatas. Sin embargo, relativizó el problema al introducir un factor adicional: “El problema es de salud psicotóxica”. No especificó a qué se refiere exactamente ni cuántos casos involucra este factor.

En paralelo, el secretario reportó que en la zona de La Pila se mantiene patrullaje intensificado, especialmente en madrugadas, con bases operativas móviles interinstitucionales. Afirmó que la estrategia genera “contención” del delito, aunque reconoció que requiere equilibrio para no descuidar otras zonas del estado.

El secretario no cuantificó cuántos prófugos están en otras entidades ni proporcionó datos sobre el componente de salud mental que menciona. Tampoco aclaró si la dificultad jurisdiccional afecta a decenas o a unos pocos casos específicos.

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El aseguramiento del estupefaciente ocurrió la noche del miércoles 29 de julio, cuando los agentes que participaban en el despliegue

Por: Redacción

Tres kilos de marihuana quedaron asegurados durante la implementación del operativo BOMI (Bases de Operaciones Mixtas) que encabezo la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, luego de que un motociclista abandonara en la vía pública una bolsa con enervantes al percatarse de la presencia policial del operativo institucional en la colonia Ejido Soledad.

El aseguramiento del estupefaciente ocurrió la noche del miércoles 29 de julio, cuando los agentes que participaban en el despliegue policial realizaban labores de patrullaje y vigilancia, detectactabdo a un individuo que viajaba a bordo de una motocicleta tipo cross, sin luces y sin casco.

Está persona, al percatarse de la presencia de las unidades policiales, arrojó una bolsa que transportaba sobre el tanque de gasolina, para después emprender huida por distintos caminos de terracería entre Portezuelo y Camino Viejo a San Pedro, hasta perderse por vías de difícil acceso.

Sin embargo, durante la revisión del objeto abandonado, los agentes municipales localizaron en su interior 10 bolsas con hierva verde seca, que corresponde a las características propias de la marihuana, y que en su totalidad correspondió a un peso aproximado de tres kilogramos asegurados. Dicha sustancia finalmente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado.

“Ningún parentesco da impunidad”: Guadalupe Torres Sánchez responde por caso del padre del alcalde de Cerro de San Pedro

Por: Redacción

J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, sostuvo que ningún parentesco con un funcionario público exime de responsabilidad penal a quien la tenga, luego de que se le preguntó sobre las denuncias de tráfico de influencias en el caso del padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro.

“Eso no le da cobija de impunidad absolutamente a nadie”, afirmó el funcionario estatal, quien añadió que, de existir responsabilidad, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí debe actuar “de manera implacable como en cualquier otro asunto”, sin que el vínculo familiar sea un factor de protección.

El pasado 3 de julio, J. Santos “N”, padre del alcalde Jesús “Chuy” Nava, del PRI, fue detenido por una agresión contra una mujer identificada como Mayra “N”, pero recuperó su libertad horas después. Además de que se dio a conocer que existen dos carpetas de investigación previas contra el padre del edil, abiertas en 2019

Habitantes de Cerro de San Pedro cuestionaron en redes sociales la rapidez con la que el detenido recuperó su libertad y señalaron un posible uso de influencias políticas para favorecerlo. Fuentes consultadas por este medio indicaron que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón al agresor, versión que no ha sido confirmada por la Fiscalía.

El secretario fue cuestionado sobre si el gobierno estatal había dado parte del caso a la Fiscalía. En su respuesta remitió el tema al principio de que ningún cargo público protege a sus familiares. Torres Sánchez remató su respuesta sobre el caso asegurando que el gobierno estatal “busca, impulsa y abandera las causas justas”.

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