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¿Por qué SLP tiene las rentas más caras del Bajío?
En nuestro estado los costos llegan a ser hasta 60% más elevados que en León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y Guadalajara
Por: Ana G Silva
La Orquesta realizó un estudio comparativo del mercado inmobiliario de San Luis Potosí con el resto de las capitales del Bajío (León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y Guadalajara), en ella se encontró que una propiedad en nuestro ciudad puede costar hasta 60 por ciento más cara en renta. Esta elevación en los precios fue confirmada por Luis Alvarado Moreno, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), quien, en conjunto con algunos otros expertos inmobiliarios, explicó el motivo de dicha situación.
Para este cotejo, se tomaron en consideración casas ubicadas en los centros históricos de las capitales. En el caso de San Luis Potosí se seleccionó una propiedad promovida por la inmobiliaria Ríos Banda, esta tiene dos plantas, tres recamaras, un baño y medio, tres closet, cochera para dos autos, sala, comedor y cocina y alcanza un precio en renta de 12 mil 500 pesos mensuales.
En Querétaro una casa con las mismas prestaciones y ubicación parecida, la empresa Lamudi la oferta en 11 mil pesos; 7 mil 800 pesos para una casa en Aguascalientes, igualmente con Lamudi; también con Lamudi del estado de Zacatecas tiene un costo de 7 mil 500 pesos; en Guadalajara la renta es de 7 mil pesos con Casas y Terrenos; y en León costaría 9 mil 700 pesos con “Lamudi”.
Por lo que la renta de una casa en San Luis Potosí es 13 por ciento más cara que en Querétaro y 60% más que en Aguascalientes, contra Zacatecas 66.66% superior el precio, con Guadalajara lo supera con 28.86% por ciento y por último el valor de renta contra León es 28% mayor. Se debe señalar que el tamaño de las propiedades varía entre los 120 y los 140 metros cuadrados, mientras que la casa en el territorio potosino tiene un terreno de 120 metros cuadrados, además de que la casa en Guadalajara está amueblada.
Luis Alvarado Moreno comentó que el alto costo en las rentas y ventas de casas en San Luis comparado con Querétaro, León, Aguascalientes, Guadalajara y Zacatecas no es por el tema de la construcción, sino por el alto costo del metro cuadrado de terreno:
“Sucede porque el metro cuadrado de la tierra afecta en el precio final y por la alta demanda de zonas de interés: en el poniente de la ciudad se encuentran la mayoría de los servicios de nivel socioeconómico medio-alto, plazas comerciales, centros hospitalarios, comercios, escuelas, que elevan los precios”.
El titular de la AMPI dijo que una solución para que los precios puedan bajar es distribuyendo los servicios: hospitales, colegios, fraccionamientos de calidad, en otras zonas de la ciudad; además de mejorar las vías de comunicación ya que los problemas de vialidades y de concentración de servicios han generado incrementos importantes en los arrendamientos.
Alvarado Moreno comentó que la zona con más especulación para rentar o comprar es en el Barrio de Tequis y lugares cercanos, por lo que su precio aumenta constantemente:
“Para el resto de la ciudad hay tres problemas: el costo del metro cuadrado de la tierra, el que colindamos ya con ejidos en el que se ha limitado el crecimiento del área y que todos los servicios se saturan y se incrementan los precios. A diferencia de lo que mucha gente cree, de que a nosotros nos conviene que el metro cuadrado sea más caro porque nos quedamos con más comisión, es falso, en realidad nos conviene el volumen, y para que haya más volumen tiene que haber más oferta y para que las haya tiene que haber más servicios”.
El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios señaló que las consecuencias de no contar con los servicios necesarios en más áreas de la ciudad serán: continuar con el incremento de los precios, saturar las zonas y quitar inversión a otras áreas de la ciudad por la alta especulación de una en específico.
“En los otros estados se encuentran zonas de nivel socioeconómico medio-alto al norte y sur de la ciudad como en Querétaro y eso genera más competitividad, más oferta, que se pongan a competir los fraccionadores, no solo con sus vecinos sino en otros proyectos similares en otras áreas de la ciudad y eso genera condiciones y oferta para el consumidor, para distribuir las zonas de mayor interés a lo largo de la ciudad.
Las inmobiliarias en el Bajío
Para saber un poco acerca de en qué parámetros se encuentran las inmobiliarias consultadas se conversó con algunos de sus representantes.
Berenice González, administradora en Hogare Grupo Inmobiliario en León, dijo que el costo de renta y venta de casas en ese sitio se estima que es más barato que Guadalajara y Querétaro, pero más caro que áreas más chicas como San Luis Potosí.
La administradora de Hogare Grupo Inmobiliario detalló que las inmobiliarias locales suelen establecer los parámetros de los precios de las propiedades dependiendo del costo de construcción, siempre y cuando la demanda no lo encarezca: “puede dar un sobreprecio y el valor lo rige la comparativa de mercado de la zona”.
Por su parte, Oswaldo Sánchez, vendedor de Orange Home Inmobiliaria en Jalisco, consideró que el precio de las rentas y ventas de inmuebles en ese estado están dentro del parámetro y no consideró que fueran más elevadas que el resto del bajío.
“Para poner el valor de venta se considera un valor de piso y la renta se hace dependiendo a los precios de la zona, se hace competitiva, depende de la demanda”.
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Ricardo Gallardo dijo que en más de 12 municipios hay solo cuatro elementos por turno
Por: Redacción
Nueve municipios de San Luis Potosí todavía no han querido elevar el sueldo de sus policías municipales, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien agregó que más de 12 municipios tienen apenas siete u ocho elementos divididos en dos turnos.
“Tienen cuatro policías por turno. Uno lo trae el alcalde, otro lo trae la puerta de la presidencia y dos están en la plaza principal con el lleva-lleva. Entonces, prácticamente tienen cero seguridad municipal”, dijo.
Sobre las sanciones a esos ayuntamientos, Gallardo remitió al Congreso del Estado.
La reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026 fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.
Desde el 1 de septiembre, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas llevan el procedimiento administrativo contra los ayuntamientos que no homologaron los sueldos. Las sanciones van de la amonestación a la inhabilitación
El 2 de octubre, Gallardo habló de una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados. El 23 de octubre, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, dijo que prefiere concientizar a los alcaldes antes que sancionarlos.
Ese mismo día, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, dijo que en algunas supervisiones a corporaciones municipales “no hay a quien supervisar” y que “tres o cuatro elementos durante un turno para un municipio, pues son muy pocos”.
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Además, cada negocio potosino pagó más por la delincuencia, mientras en el país ese costo bajó
Por: Ana G Silva
Nueve de cada cien negocios de San Luis Potosí sufrieron al menos un robo o asalto de bienes o dinero durante 2025, una proporción 50 por ciento mayor que la del promedio nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La tasa estatal fue de 898 unidades económicas víctimas de ese delito por cada 10 mil, contra 597 en el país. Con esa cifra, San Luis Potosí ocupó el quinto lugar nacional, solo detrás de Chihuahua, Campeche, Querétaro y Aguascalientes.
En total, la encuesta estimó 15 mil 777 robos o asaltos de bienes o dinero contra negocios potosinos en el año. Es una tasa de mil 410 por cada 10 mil unidades económicas, frente a 885 a nivel nacional.
Si se cuentan todos los delitos, 31 mil 814 de los casi 112 mil negocios del estado fueron víctimas de al menos uno. Es 28.4 por ciento, por encima del 25.9 por ciento nacional.
Más caro que hace dos años
La delincuencia también le salió más cara a cada negocio. El costo promedio del delito por unidad económica en San Luis Potosí aumentó 6 por ciento entre 2023 y 2025, mientras que en el país bajó 18.2 por ciento.
San Luis Potosí fue uno de los 12 estados donde ese costo creció. El INEGI ubicó al estado en el rango medio, de entre 40 mil 986 y 61 mil 983 pesos
Pequeñas y grandes, las más expuestas
La brecha con el resto del país es mayor en las empresas pequeñas y grandes. En las pequeñas, 5 mil 596 de cada 10 mil fueron víctimas de algún delito, contra 4 mil 154 a nivel nacional: 35 por ciento más.
En las grandes, la tasa fue de 6 mil 68 por cada 10 mil, frente a 4 mil 840 en el país. Según las estimaciones del INEGI, el delito más frecuente entre estas empresas fue el robo de mercancía en tránsito, con 29 por ciento de sus casos.
Ese delito está en el centro de las protestas del transporte de carga. En octubre, transportistas potosinos se sumaron al paro nacional para exigir seguridad en la carretera federal 57. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ubicó tramos de riesgo cerca de Santa María del Río, La Pila y El Huizache.
En las microempresas, que son la gran mayoría de los negocios, la tasa fue de 2 mil 704 por cada 10 mil, apenas arriba de la nacional de 2 mil 507. Por sector, el comercio fue el más golpeado: 3 mil 475 de cada 10 mil comercios sufrieron algún delito, contra 3 mil 49 en el país.
El robo hormiga, de mercancía en pequeñas cantidades, alcanzó a mil 108 de cada 10 mil negocios potosinos, contra 954 en el promedio nacional.
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La Conagua en San Luis Potosí clausuró tres de los cuatro pozos de José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, en Salinas de Hidalgo y anunció sanciones. El agua que sale de esa propiedad abastece su hotel Canto de Sal
Por: Redacción
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró tres de los cuatro pozos que José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, tiene en Salinas de Hidalgo, y abrió procedimientos administrativos que concluirán en sanciones.
Así lo informó el delegado federal en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo.
“No puede robarle el agua a la gente, y menos en el altiplano”, dijo el funcionario.
El delegado no aludió al político del Partido Verde, pero confirmó que los pozos están en predios de la familia Romero Calzada y el agua que extraen abastece el hotel Canto de Sal, propiedad que él ha reconocido como propia de manera pública.
El nombre del hotel es también su coartada: en Salinas hay sequía y en Canto de Sal hay alberca.
Los pozos operaban sin la concesión correspondiente, según la dependencia. En estos casos la sanción reactiva es la clausura inmediata de la fuente de agua.
El pozo de la discordia
El del Rancho La Estancia del Carmen no es un pozo cualquiera: abasteció al municipio por más de 30 años. El Ayuntamiento lo operaba con un convenio privado de usufructo firmado el 3 de abril de 2008 por 28.06 metros cuadrados. En 2012, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado avaló una servidumbre legal de paso: los propietarios debían permitir el ingreso de personal municipal para operar y dar mantenimiento a la fuente, de 8:00 a 18:00 horas, porque se usaba “para el servicio de la comunidad”.
En noviembre de 2018, Romero Calzada tramitó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de un pozo agrícola para proveer de agua a su hotel Canto de Sal. El hotel abrió y opera desde entonces. Ese mismo año, habitantes de Salinas denunciaron que la población se quedó en sequía después de que el pozo saliera de las manos del municipio.
El exalcalde Teódulo Contreras Martínez (2007-2009), señalado en su momento por la venta del pozo, ha negado el hecho: el expediente del juicio civil acredita que el Ayuntamiento seguía operando la fuente años después de su gestión.
Las cifras de la dependencia
González Castillo dijo que en lo que va del año la delegación ha realizado alrededor de mil 600 inspecciones
Añadió que desde diciembre de 2024 no se ha otorgado ningún nuevo título de concesión en los acuíferos de San Luis, Salinas, Matehuala y Vanegas, y que está en curso un proceso para regularizar concesiones vencidas entre 2009 y 2026, con plazo al 4 de julio de 2027.
También reconoció los límites de la vigilancia: “No tengo el personal para estar revisando todo a nivel estatal”. La dependencia actúa sobre todo por denuncias ciudadanas.
Más allá de Salinas
En la misma entrevista, el delegado informó que en Ciudad Fernández, El Jabalí y la Media Luna se clausuraron tres pozos clandestinos y se detuvo la extracción de material de la cuenca del río. Sobre la Media Luna dijo que el agua se mantiene, pero que el daño está en el ecosistema, con “una petrificación impresionante” en el piso y raíces expuestas: esa parte corresponde a la SEGAM, la Semarnat y la Profepa.
Sobre las presas de jale de las mineras, sostuvo que la dependencia sancionó, clausuró y multó a una empresa que pagó y realiza obra civil para desviar el agua de lluvia, pero que el manejo de los depósitos corresponde “sobre todo” a la Profepa, a la que ya envió oficios.
Qué sigue
Los procedimientos administrativos abiertos en Salinas definirán el monto de las sanciones y si la clausura de los tres pozos se mantiene. Sigue vigente la servidumbre que obliga a los propietarios del Rancho La Estancia del Carmen a permitir el acceso del Ayuntamiento al pozo. Y el proceso federal de regularización de concesiones vence en julio de 2027.
Al ser cuestionado al respecto en Ciudad Valles, Romero Calzada huyó de la prensa.
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