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¿Por qué no hay paridad de género en los cargos de la UASLP?
En las consejerías los hombres tienen 140% más representación que las mujeres; Urenda Navarro pide una reforma a los estatutos universitarios
Por: Ana G Silva
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) celebró el fin su elección de consejeros y consejeras alumnos y alumnas, quienes representarán al estudiantado de las diferentes facultades y escuelas de la institución durante el periodo 2023-2025. De ese proceso resultaron electos doce hombres y cinco mujeres, esto significa que los hombres tendrán un 140% más representación ante el Consejo Directivo Universitario (CDU). La Orquesta conversó con Urenda Queletzú Navarro Sánchez, defensora de los Derechos Universitarios en la institución, para conocer su opinión sobre la falta de paridad y si la universidad tiene planeado implementar políticas para abatir esa brecha.
Navarro Sánchez explicó que el que no existiera paridad en el proceso de la elección de las consejerías estudiantiles y de maestras (o) obedece a que no hay una reforma estatutaria que garantice de manera puntual que en las postulaciones se recurra a las fórmulas paritarias, sobre todo en facultades en donde la ocasión anterior haya sido ocupada la vacante por un hombre, pues solo existe una “medida afirmativa”, mediante la cual las candidaturas deben tener a una mujer como titular de la misma o como suplente para cumplir el criterio de cuota, lo que deja a los grupos políticos decidir en qué posición estarán las mujeres, esto ocasiona que regularmente les den las suplencias.
Urenda Queletzú consideró que hay resistencia a la participación de las mujeres en todas las instancias, pues “se sigue creyendo que no se cuenta con las capacidades para participar, que es una acción errónea y bastante regresiva en términos de derechos humanos”.
La funcionaria universitaria declaró que todas las instituciones, incluida la UASLP, tienen que avanzar en el sentido de integrar de manera más efectiva a las mujeres, pues “no bastan las cuotas, ya que por sí mismas no garantizan que las mujeres lleguen a los espacios de toma de decisiones”.
La defensora de los Derechos Universitarios comentó que lo que ya se ha hecho en las pasadas elecciones fue una solicitud expresa de candidatear solo mujeres como medida afirmativa, aunque en esta ocasión, no se presentaron estas fórmulas. Añadió que es necesario que se proponga al Consejo Directivo Universitario una reforma estatutaria, en los términos de que se garanticen las representaciones de consejeras y consejeros 
“Se tiene que transitar a un nivel institucional de que el principio de paridad no sea sólo una medida afirmativa, sino que se integre de manera formal hasta en tanto se garantice la participación efectiva y las mujeres en los espacios de toma de decisiones”.
Urenda manifestó que en el escenario nacional ya es una obligación la paridad en materia de administración pública, tanto local como federal, con sus excepciones, es decir, que todos los cargos de representación se rigen bajo el principio de paridad, sin embargo, a nivel organizacional, como en la integración de gabinetes no es paritarios; señaló que ese sería el siguiente proceso:
“Que no nada más sean los cargos de elección o de representación, sino que sean también aquellos que forman parte de la Administración Pública, que las mujeres formen parte de los de la integración de los gabinetes, es decir de los equipos de trabajo de quienes suelen llegar a los cargos de representación”.
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El alcalde cuestionó los intentos de clasificar o desacreditar a quienes ejercen la comunicación y defendió el derecho de cualquier persona a expresarse en medios y redes sociales
Por: Haniel Valdés
En medio de la polémica generada por la llamada “Ley Serrano” y las declaraciones del diputado Héctor Serrano sobre quién puede considerarse periodista, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, lanzó una crítica directa a la idea de que una autoridad o un político pueda erigirse como árbitro de la libertad de expresión.
El presidente municipal sostuvo que en la actualidad la comunicación pública ya no está limitada a quienes poseen un título universitario o trabajan en medios tradicionales, por lo que consideró un error intentar establecer categorías entre periodistas, comunicadores, creadores de contenido o ciudadanos que utilizan las redes sociales para expresar opiniones.
Galindo afirmó que el debate no debería centrarse en quién tiene derecho a hablar, sino en garantizar que nadie sea perseguido, censurado o criminalizado por hacerlo.
“Yo no soy quién para calificar quién comunica y quién no”, declaró.
La respuesta surge luego de que Héctor Serrano defendiera públicamente que no cualquiera puede asumirse como periodista, una postura que ha sido cuestionada por distintos sectores al considerar que desconoce la evolución de los medios digitales y el ejercicio contemporáneo de la comunicación.
Para Galindo, intentar desacreditar a quienes ejercen la crítica pública con el argumento de que no cuentan con determinada formación académica resulta particularmente delicado en un contexto donde la libertad de expresión se encuentra en el centro del debate estatal.
El alcalde recordó que algunos de los periodistas más influyentes de México construyeron su prestigio a partir de su trabajo y trayectoria, no necesariamente de una formación universitaria específica en periodismo o comunicación.
“Muchos grandes periodistas de este país no estudiaron ni periodismo ni ciencias de la comunicación”, señaló.
Las declaraciones del presidente municipal también pueden leerse como una crítica de fondo a la visión que ha acompañado la reforma sobre inteligencia artificial y violencia digital
El alcalde sostuvo que la realidad digital ha transformado la forma en que circula la información y que hoy millones de personas participan en la conversación pública a través de plataformas digitales, por lo que intentar restringir o jerarquizar esas voces representa una visión anacrónica.
“Todo mundo opina. Vivimos en el mundo de las redes sociales, en un mundo muy abierto”, expresó.
La controversia ocurre en un momento en que organizaciones civiles, periodistas y creadores de contenido han advertido que la discusión sobre inteligencia artificial en San Luis Potosí se ha desplazado hacia un debate más amplio sobre libertad de expresión, censura y uso del derecho penal para castigar publicaciones en internet.
En ese contexto, la postura de Galindo apunta a una crítica de fondo: que el problema ya no es únicamente una ley, sino la idea de que desde el poder se pueda definir quién tiene derecho a ejercer la comunicación pública y quién no. Una discusión que, para muchos de los actores involucrados, toca uno de los principios fundamentales de cualquier democracia.
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Se cerró temporalmente el principal aeropuerto del país
Por: Roberto Mendoza
Al menos 164 personas han muerto y otras 971 resultaron heridas tras los dos poderosos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio, informaron autoridades del país, mientras continúan las labores de rescate entre edificios colapsados y zonas severamente afectadas.
Los movimientos telúricos, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia y con epicentro en la región costera de Carabobo, provocaron daños considerables en Caracas y el estado de La Guaira, considerado uno de los puntos más golpeados por la emergencia. Decenas de inmuebles sufrieron derrumbes parciales o totales, lo que obligó a intensificar la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros.
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas reportó además más de 30 réplicas
El gobierno venezolano anunció la creación de un fondo extraordinario de 200 millones de dólares para atender la reconstrucción de infraestructura estratégica, hospitales y vialidades, aunque organismos internacionales estiman que las pérdidas económicas podrían superar los 10 mil millones de dólares debido a la magnitud de los daños.
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El Gobierno Federal asignó los trabajos que permitirán evaluar los impactos ambientales del tramo de 203 kilómetros
Por: Redacción
El proyecto del tren de pasajeros entre Querétaro y San Luis Potosí registró un nuevo avance luego de que el Gobierno Federal adjudicara los estudios ambientales necesarios para continuar con la planeación de la obra ferroviaria.
Será el consorcio conformado por Ingeniería y Construcción 3G y Ecosfera Consultoría Desarrollo y Supervisión Ambiental el que se encargue de esta parte del proyecto.
Los trabajos forman parte del proceso previo a la construcción del tramo Querétaro-San Luis Potosí, considerado dentro del corredor ferroviario México-Nuevo Laredo, una de las principales apuestas de infraestructura de la administración federal.
De acuerdo con la convocatoria emitida por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi)
El tramo contemplado tiene una longitud aproximada de 203 kilómetros y atravesaría municipios de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. En territorio potosino, la ruta considera el paso por Santa María del Río, Villa de Reyes, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.
Como parte de los trabajos también deberá elaborarse la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), así como estudios relacionados con cobertura vegetal, uso de suelo, manejo ambiental y evaluación técnico-económica del proyecto.
El tren Querétaro-San Luis Potosí forma parte de la segunda fase de expansión de la red nacional de trenes de pasajeros impulsada por el Gobierno Federal, junto con los tramos San Luis Potosí-Saltillo, Irapuato-Querétaro y Mazatlán-Los Mochis.
Aunque la adjudicación de los estudios no implica el inicio inmediato de las obras, sí representa uno de los pasos indispensables para obtener las autorizaciones ambientales y definir la viabilidad final del proyecto ferroviario.
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