La secretaria de Finanzas dijo que la CEA paga 12 millones de pesos al mes por el saneamiento de aguas residuales que le corresponde al Interapas

Por: Redacción

La titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal, afirmó que el Interapas tiene un adeudo estimado en más de 900 millones de pesos con el Gobierno del Estado por el saneamiento de aguas residuales.

Según explicó en su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, la Comisión Estatal del Agua (CEA) paga 12 millones de pesos al mes por ese servicio, un costo que, dijo, le corresponde cubrir al organismo operador. El saneamiento es el tratamiento de las aguas negras para limpiarlas antes de devolverlas al ambiente o reutilizarlas.

El Estado también debe

A pregunta de la diputada Mireya Vancini, la funcionaria reconoció que inmuebles y dependencias del Gobierno del Estado tienen adeudos con el Interapas, que en 2025 se estimaron en 184 millones de pesos.

Sin embargo, dijo que el monto definitivo está pendiente de conciliar, es decir, de revisarse entre ambas partes hasta acordar una cifra, porque hay “inconsistencias” en los cobros que el Interapas hace a esas dependencias.

“Considerar las obligaciones de ambas partes”

García Vidal consideró que el tema se debe tratar de manera integral con el organismo, tomando en cuenta las obligaciones financieras de ambas partes y “no solamente los adeudos que se atribuyen al Gobierno del Estado”. Dijo que hay apertura para revisar la situación.

La versión del Interapas

El alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, dijo la semana pasada que el organismo atraviesa una crisis financiera y que el Gobierno del Estado le debe casi 300 millones de pesos. Pidió que el Congreso lo invite a explicar dónde está la responsabilidad.

En agosto, Galindo había dicho que la conciliación de cuentas con el Gobierno del Estado estaba pendiente desde hacía cuatro años, con montos superiores a 400 millones de pesos.

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La secretaria de Finanzas dijo que el número de jubilados pasó de cerca de 5 mil a cerca de 10 mil en esta administración y que la presión financiera llegará pronto a unos 4 mil millones de pesos

Por: Redacción

El número de personas jubiladas del Gobierno del Estado se duplicó en esta administración, de cerca de 5 mil a cerca de 10 mil en 2026, informó la titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal. Advirtió que eso genera una presión financiera creciente sobre el Sistema de Pensiones, que pronto será de alrededor de 4 mil millones de pesos.

La funcionaria respondió así a una pregunta del diputado César Arturo Lara durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.

2,600 millones este año

García Vidal informó que en 2026 se autorizó un presupuesto de 2,600 millones de pesos para fortalecer el sistema. Aseguró que los pagos a las personas pensionadas están garantizados.

También afirmó que el Gobierno del Estado no tiene ningún adeudo con la Dirección de Pensiones, lo que calificó como un avance para saldar las deudas que, dijo, dejaron administraciones anteriores.

Más jubilados, mismo sistema

Una presión financiera es un gasto que crece más rápido que los ingresos disponibles para cubrirlo. En el caso de las pensiones, crece porque cada año se jubilan más trabajadores del Estado y hay que pagarles su pensión durante el resto de su vida.

La funcionaria no precisó si los 4 mil millones serán un gasto anual ni a partir de cuándo se alcanzará esa cifra.

La deuda de largo plazo, a la baja

En la misma comparecencia, García Vidal informó que la deuda pública de largo plazo del Estado bajó de 3,609 millones de pesos en 2021 a 2,900 millones al 30 de septiembre de 2026, y dijo que no se contratará deuda nueva de largo plazo en el último año de la administración.

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El diputado del PAN dijo que, si la ley electoral no los obligó, los partidos deben revisar en su vida interna que sus candidatos no tengan vínculos con la delincuencia

Por: Redacción

El diputado del PAN Rubén Guajardo Barrera pidió que los partidos políticos pongan sus propios candados para que no lleguen a las candidaturas de 2027 personas involucradas con la delincuencia organizada. Recordó que los exámenes de control de confianza para aspirantes quedaron como voluntarios.

“Al final, si alguien es candidato es porque un partido político lo está autorizando y creo que también ahí debe haber mucha responsabilidad”, dijo. Agregó que, “si no se pudo por medio de la ley, en este caso la ley electoral”, los partidos pueden hacerlo en su vida interna.

Los exámenes, voluntarios

La reforma electoral que aprobó el Congreso del Estado eliminó la obligación de que los aspirantes a un cargo de elección popular presenten exámenes de control de confianza, que son evaluaciones para revisar sus antecedentes y su confiabilidad. Quien quiera podrá presentarlos, pero negarse no le impedirá competir.

Guajardo preside la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso. El proceso electoral en San Luis Potosí arranca el 15 de noviembre.

Tanquián, a la FGR

Sobre los enfrentamientos armados en Tanquián de Escobedo, el diputado dijo que el caso “sí se debería de ingresar a la Fiscalía General de la República, porque pues también va siendo un delito federal”.

Sobre si deberían investigarse otros alcaldes por posibles vínculos con el crimen, respondió que primero tiene que haber un delito: “La Fiscalía General del Estado está obligada a que se generen las investigaciones (…) siempre y cuando exista un delito por parte de alguna autoridad”. Agregó que el Secretario de Seguridad deberá informar sobre lo que ocurre en Tanquián en su comparecencia de este miércoles ante el Congreso.

Sin focos rojos, por ahora

El legislador dijo que, en los órganos internos del PAN estatal, el Consejo Estatal y la Comisión Permanente, no ha escuchado que exista algún riesgo político electoral rumbo a 2027. Aun así, pidió que todos los partidos dialoguen con las autoridades para que el proceso sea “transparente, limpio” y sin riesgos en materia de seguridad.

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