Nancy Jeanine García Martínez pidió mantener protocolos y coordinación permanente entre ayuntamientos y el estado

Por: Redacción

La diputada Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, llamó a los presidentes municipales de los 59 municipios de San Luis Potosí a preparar albergues temporales ante el pronóstico de lluvias torrenciales en las cuatro zonas del estado.

Reconoció el trabajo de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), que cuenta actualmente con 126 albergues temporales distribuidos en los 59 municipios para atender a la población ante alguna situación extraordinaria derivada de las lluvias, principalmente en la Huasteca, donde numerosas familias habitan cerca de ríos y arroyos.

García Martínez consideró indispensable que los ayuntamientos mantengan preparados estos espacios, verifiquen que cuenten con las condiciones necesarias para recibir a la población, y que el personal conozca y aplique los protocolos correspondientes.

“Hay que prevenir, hay que estar con todos los protocolos. Protección Civil y los ayuntamientos, en esa coordinación, es indispensable”, dijo.

La diputada pidió que los municipios mantengan una articulación permanente con Protección Civil y el Gobierno del Estado, para que las autoridades locales conozcan los procedimientos de actuación y tengan identificados los sitios que podrían habilitarse como refugios.

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Especialistas del Colegio de Mediadores presentaron un documento de respaldo a la propuesta federal; el legislador propuso abrir un espacio de coordinación y diálogo técnico con instancias estatales

Por: Redacción

El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann se reunió con la dirigencia del Colegio de Mediadores de San Luis Potosí, A.C. En el encuentro participaron la abogada Alejandra Retes Arredondo, presidenta de la asociación, y la mediadora Lorena Chávez, quienes expusieron el panorama operativo que enfrentan los mecanismos de conciliación en el estado frente a la saturación ordinaria de los tribunales.

Ambas profesionistas hicieron entrega de un pronunciamiento formal. En él manifiestan su adhesión a la iniciativa que Valladares promovió en San Lázaro a inicios de año, enfocada en fijar la mediación como una etapa prejudicial en asuntos del orden civil y familiar mediante cambios al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Valladares destacó el alcance de su intervención y se manifestó respetuoso de las facultades locales:

“Nuestro ámbito de trabajo está en el Congreso de la Unión, con las leyes marco. Lo que nosotros ponemos sobre la mesa es respaldo técnico y coordinación. Hay que escuchar a los especialistas que están en campo y sumar con los poderes estatales para que las familias resuelvan sus desacuerdos rápido y sin desgaste”.

En ese sentido, Valladares planteó coadyuvar en una mesa de diálogo técnico en la que participen los poderes estatales y el gremio de la abogacía, a fin de abordar tres temas de interés común: la certificación y profesionalización de personas facilitadoras en la entidad, la ampliación de la capacidad instalada de los centros públicos de mecanismos alternativos, y la coordinación de criterios entre la reforma federal y la legislación estatal.

El legislador expuso la dimensión del problema que la iniciativa busca atender. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2024 del Inegi, la materia familiar concentra el 42.6% de la carga de trabajo de los tribunales estatales y la materia civil el 27.2%: casi siete de cada diez asuntos que llegan a los juzgados.

Valladares valoró las cifras que reporta el propio Centro Estatal de Mediación y Conciliación, que durante el periodo judicial 2024 recibió 1,065 solicitudes y concluyó 1,020 expedientes, de acuerdo con datos del Poder Judicial del Estado. A su juicio, el sistema local cuenta con cimientos sólidos y personal capacitado, por lo que el reto consiste en preparar la infraestructura estatal ante la fecha límite del 1 de abril de 2027, para la entrada en vigor plena del Código Nacional en todo el país.

“Cuando un gremio profesional busca canales de diálogo, hay que responder. En San Luis Potosí las instituciones funcionan y dan resultados; el objetivo de este acercamiento es simplemente abonar datos y coadyuvar desde la federación para que el servicio público de mediación siga siendo gratuito, digno y accesible para quien lo necesite”, concluyó el representante del Distrito VI.

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La afectada tuvo oportunidad de poner al tanto del caso a la titular del poder ejecutivo

Por: Ana G Silva

Tras tres años de denunciar amenazas, hostigamiento y un presunto despojo de tierras, Blanca Estela Hernández Martínez logró llevar su caso hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien pidió ayuda directamente durante su visita a San Luis Potosí este viernes.

El encuentro fue breve, pero Blanca Estela aprovechó para contarle a la mandataria su situación y solicitar su intervención.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, Sheinbaum le aseguró que su caso no quedaría impune y se comprometió a ayudarla.

La denuncia de Blanca Estela involucra a J. Santos Nava Arista, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava Loredo, en un conflicto relacionado con un predio que la mujer asegura es de su propiedad.

La denunciante sostiene que desde 2023 ha enfrentado amenazas y hostigamiento derivados de este conflicto, e incluso ha señalado haber recibido amenazas de muerte.

Los hechos que dieron origen a la denuncia ocurrieron el 14 de mayo de 2023, cuando Blanca Estela acudió a un predio ubicado en las inmediaciones de las calles Independencia y Arroyo San Nicolás, luego de enterarse de que había personas trabajando en el lugar.

Según su testimonio, al cuestionar qué ocurría en el terreno se produjo una confrontación con J. Santos Nava, quien, afirma, la insultó, empujó y jaló del cabello, además de amenazarla de muerte.

Por estos hechos se abrió la carpeta de investigación 18077-23

Blanca Estela también ha relatado que en los últimos años ha recibido llamadas intimidatorias y que el temor incluso la llevó a dejar de impulsar durante un tiempo la denuncia.

“Yo ahorita sí tengo miedo”, dijo previamente a La Orquesta, al señalar que ya no trabaja con tranquilidad en su negocio.

Su abogado, Antonio Pérez Oldevilla, ha solicitado que se reactiven las diligencias y que se otorguen medidas de protección para la denunciante.

El acercamiento con Sheinbaum ocurrió este viernes, durante la visita de la presidenta a San Luis Potosí.

Blanca Estela aprovechó el momento para explicarle que su denuncia involucra al padre del alcalde de Cerro de San Pedro y que, pese al tiempo transcurrido, el caso continúa sin resolverse.

Según relató la afectada, la presidenta le manifestó que su caso no quedaría impune y que recibiría apoyo.

El encuentro duró apenas unos instantes, pero para Blanca Estela representó la oportunidad de llevar una denuncia que durante tres años ha permanecido en las instancias estatales directamente ante la titular del Ejecutivo federal.

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