Destacadas
PAN rumbo a la alcaldía: los cuatro perfiles en disputa
El proceso interno reúne a una senadora que también dirige el partido, un legislador con cuatro periodos y una derrota previa por este mismo cargo, un diputado federal respaldado por una familia de larga presencia panista, y un empresario que lleva el apellido del único gobernador que el PAN dio a San Luis Potosí
Por: Redacción
El Partido Acción Nacional abrió formalmente la disputa por la candidatura a la alcaldía de San Luis Potosí en 2027. Cuatro perfiles se registraron para la contienda interna: la senadora Verónica Rodríguez Hernández, el diputado local Rubén Guajardo Barrera, el diputado federal David Azuara Zúñiga y el empresario Marcelo de los Santos Anaya. El registro cerró esta semana. La definición del candidato o candidata se espera después del 31 de agosto, mediante un proceso que incluye foros y una encuesta cuyos detalles deberán acordarse con un delegado del Comité Ejecutivo Nacional que llegará la próxima semana.
La selección que haga el PAN no produce todavía una candidatura formal para la elección de 2027: lo que está en juego es la coordinación municipal del partido en la capital, la posición que servirá de plataforma para quien resulte elegido. Las reglas del proceso deberán garantizar condiciones iguales para los cuatro — aunque al menos uno ya lo pidió antes de que comenzara. El diputado Guajardo advirtió el martes que la llegada del delegado del CEN es necesaria para que haya “cancha pareja“. La razón es evidente: uno de sus rivales es la dirigente estatal del propio partido.
El blanquiazul no planea ir en coalición. “Para 2027 el PAN va solo”, afirmó Guajardo.
Verónica Rodríguez: la senadora que también dirige el partido
Verónica Rodríguez Hernández llega a la contienda desde la posición más poderosa dentro del PAN potosino. Es senadora de la República desde 2024 — llegó al cargo por el principio de primera minoría como candidata de la coalición PAN, PRI y PRD — y preside el Comité Directivo Estatal del PAN desde 2021.
En el Senado encabeza la Comisión de Participación Ciudadana e integra las de Puntos Constitucionales, Derechos Humanos, Educación y Jurisdiccional. Antes de llegar al Senado fue regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí durante el periodo 2018-2021 — la única de los cuatro aspirantes con experiencia directa en el cabildo capitalino. Es licenciada en Derecho y cuenta con dos maestrías: una en Administración con énfasis en Gestión Pública y otra en Gobierno y Políticas Públicas.
Su trabajo legislativo en el Senado apunta hacia lo que podría ser su agenda municipal. La Comisión de Participación Ciudadana que preside se ocupa de mecanismos de consulta, gobierno abierto y transparencia — temas que en el nivel municipal se traducen en rendición de cuentas del Ayuntamiento, acceso a la información y canales formales de participación vecinal. Combinada con su paso previo por el cabildo y su formación especializada en políticas públicas, el perfil que proyecta es el de una gestora institucional enfocada en el diseño de gobernanza local.
Su reelección como dirigente estatal en 2025 no fue sin tropiezos: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó repetir parte del procedimiento por irregularidades en la aprobación del método de selección. El Consejo Estatal la ratificó en junio de 2025 para el periodo 2025-2027, tras reponer el proceso.
Para participar en la contienda interna pedirá licencia a la presidencia del Comité Directivo Estatal — pero no a su curul en el Senado. El secretario general, Enrique Dahud Uresti, asumirá la dirigencia estatal de forma interina.
David Azuara: el más votado en 2024 y el apellido familiar como segundo activo
David Azuara Zúñiga es diputado federal por el Distrito 5 de San Luis Potosí — el que comprende la capital. Ganó la elección de 2024 como candidato de la coalición PAN, PRI y PRD con 101 mil 795 votos, el resultado electoral más amplio de los cuatro aspirantes.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Antes de llegar a la Cámara de Diputados trabajó como coordinador administrativo de la oficina de regidores del Ayuntamiento capitalino durante el periodo 2018-2021 — lo que lo ubica, como a Rodríguez, con conocimiento directo de la operación municipal, aunque desde la estructura administrativa y no desde el cabildo.
Se desempeña también como vocero de la Fundación Somos Potosí, que distribuye productos básicos para el hogar, útiles escolares y servicios a precios reducidos. El trabajo de la fundación apunta hacia una agenda de servicios sociales de base — acceso a bienes esenciales, economía doméstica — que podría trasladarse a una plataforma municipal orientada a programas de apoyo directo.
La huella legislativa de Azuara en la Cámara es aún corta: lleva menos de dos años en funciones. Lo que tiene, en cambio, es capital político familiar. Su hermano Xavier Azuara Zúñiga fue presidente estatal del PAN, diputado local y diputado federal — y representó el mismo Distrito 5 federal entre 2012 y 2015. David ganó ese mismo distrito en 2024 con la votación más alta de los cuatro. Ese es su argumento central: sabe ganar donde más importa ganar.
Rubén Guajardo: cuatro legislaturas, una derrota previa y una agenda municipal clara
Rubén Guajardo Barrera es el participante con el mayor número de periodos en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Ha sido diputado local en cuatro legislaturas: 2012-2015, 2018-2021, 2021-2024 
Lo que más diferencia a Guajardo de los otros tres no es solo la acumulación de años: es que la alcaldía capitalina ya estuvo en su radar. En el proceso electoral de 2024, buscó encabezar la candidatura de la coalición opositora al Ayuntamiento. Como dentro del acuerdo de coalición la postulación correspondía al PRI, participó en el proceso de ese partido junto con Enrique Galindo Ceballos. Galindo obtuvo la candidatura y fue reelegido alcalde. Guajardo regresó al Congreso.
Su huella legislativa da las pistas más claras sobre lo que propondría al frente del Ayuntamiento. En la actual legislatura promovió la derogación de la “Ley Serrano” — el paquete de delitos ligados al uso de inteligencia artificial que generó críticas por su alcance sobre la libertad de expresión — y presentó esta semana un exhorto para que los 56 municipios de SLP que aún no operan el sistema de justicia cívica lo incorporen a sus presupuestos de 2027 antes de que cierren el ciclo legislativo de egresos.
La justicia cívica es un modelo de gestión municipal: resolver conflictos menores — ruido, acumulación de basura, maltrato animal, choques leves — sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. “Imagínense cuántas carpetas de investigación tenemos en la Fiscalía con este tipo de problemas”, dijo Guajardo al presentar el exhorto. Es también integrante de la Primera Comisión de Hacienda Municipal en el Congreso estatal. El perfil que proyecta hacia la alcaldía: ejecutor de gobierno, con énfasis en estructura normativa, finanzas locales y seguridad preventiva.
El dato político que complica su panorama lo dijo él mismo: compite contra quien preside el partido que definirá las reglas. Por eso pidió árbitro externo.
Marcelo de los Santos: el empresario con el apellido que el PAN no olvida
Marcelo de los Santos Anaya es el único de los cuatro sin antecedentes en un cargo de elección popular. Se registró en el proceso como aspirante ciudadano — la figura que el PAN admite en su proceso interno — y viene de la iniciativa privada: es contador público certificado y socio director del despacho Marcelo de los Santos y Compañía, firma fundada por su padre.
Ha sido el más explícito en su agenda para la capital: seguridad, movilidad y abastecimiento de agua como ejes de gobierno. Ha propuesto también construir una alianza opositora amplia y utilizar encuestas para definir candidaturas — posición que contrasta con la de Guajardo, quien fue tajante: el PAN irá solo en 2027.
El antecedente que más pesa en su perfil no es propio sino heredado. Es hijo de Marcelo de los Santos Fraga, presidente municipal de San Luis Potosí entre 2000 y 2003 y gobernador del estado de 2003 a 2009 — el primero y hasta ahora único gobernador que el PAN ha dado a San Luis Potosí.
Guajardo lo señaló sin nombrarlo el martes: “Ayer se presentó un candidato que no está afiliado al PAN. Las puertas están abiertas.” Sin estructura legislativa propia ni militancia formal, De los Santos Anaya llega al proceso con un apellido que el PAN potosino reconoce como fundacional y con una agenda concreta, pero sin la base territorial ni los votos propios que acreditan sus tres rivales. Si gana, llega al Ayuntamiento sin deuda con el aparato. Si pierde, el aparato no le debe nada a él.
El proceso que viene
La definición no ocurrirá antes del 31 de agosto. El delegado del CEN llegará la próxima semana para acordar el formato de los foros y los detalles de la encuesta que servirá de base para la selección.
Lo que el proceso medirá: cuatro perfiles con activos que no se superponen. Rodríguez es la única con experiencia directa en el cabildo capitalino y encabeza el partido estatal. Guajardo tiene cuatro periodos legislativos, una derrota que conoce el terreno y la agenda municipal más articulada. Azuara tiene la votación más reciente donde más importa y un apellido familiar de peso propio. De los Santos tiene el apellido más conocido en la historia del PAN potosino y la agenda más concreta en temas de ciudad.
Su trabajo será convencer a los cuatro de que las reglas son parejas.
También lee: Guajardo defiende unidad panista, pero marca distancia con invitados
Destacadas
Guerra de nóminas: Está en juego juicio político contra Galindo o pérdida de curul de Gámez
El cruce de acusaciones entre el alcalde Enrique Galindo y el presidente de la mesa directiva del congreso local en San Luis Potosí, diputado Luis Fernando Gámez, abrió dos rutas legales: una revisión a contratos municipales por honorarios y una posible causal de pérdida del cargo legislativo
Por: Haniel Valdés
El conflicto político entre el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, y el diputado local Luis Fernando Gámez Macías escaló de las declaraciones públicas a un terreno jurídico de mayores consecuencias. Mientras Gámez amagó con promover juicio político contra el presidente municipal por la contratación de Carlos Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal en funciones del PAN, Galindo respondió con un señalamiento que, de comprobarse, tendría efectos directos sobre el legislador: la posible pérdida de su curul si actualmente cobrara también en el Gobierno del Estado.
El intercambio dejó dos preguntas legales abiertas. La primera, si el Ayuntamiento capitalino puede pagar honorarios a Dahud Uresti sin que ello implique uso indebido de recursos públicos con fines partidistas. La segunda, si Gámez Macías mantiene o mantuvo simultáneamente un cargo remunerado en la Secretaría General de Gobierno después de haber rendido protesta como diputado local.
El caso de Dahud Uresti se hizo público el lunes, cuando el dirigente panista fue cuestionado por la periodista Ana Dora Cabrera, en conferencia de prensa sobre una posible relación contractual con el Ayuntamiento. Ante la pregunta, remitió a la comunicadora a los mecanismos de transparencia. Un día después, Galindo confirmó que Dahud sí cobra en la administración municipal.
“Sí, Enrique cobra en el Ayuntamiento, no es ilegal, no es aviador tampoco. Cumple una función con un contrato de honorarios”, declaró el alcalde. Diversas fuentes ubican el pago en aproximadamente 28 mil pesos mensuales.
La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí no prohíbe expresamente que un ayuntamiento contrate a un dirigente partidista. Sin embargo, el artículo 32, fracción VI, establece que los ayuntamientos no pueden “autorizar o destinar recursos humanos y partidas para el financiamiento de campañas políticas de partidos o candidatos” lo que no es el caso pues no hay campaña en el PAN ni Dahud es candidato.
En reacción, Gámez Macías anunció que solicitará al Instituto de Fiscalización Superior del Estado una revisión especial de las contrataciones por honorarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Además, adelantó que presentará denuncias ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En ese mismo contexto, advirtió que podría impulsar un juicio político contra Galindo por el presunto uso irregular de recursos públicos.
Galindo, por su parte, sostuvo que puede acreditar la función que desempeña Dahud dentro de la administración municipal y respondió con un señalamiento contra el diputado. El alcalde afirmó que registros de transparencia ubican a Gámez como director general en la Secretaría General de Gobierno, con un sueldo cercano a los 32 mil pesos mensuales
La consecuencia jurídica de ese supuesto sería mayor para el legislador. El artículo 49 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí prohíbe que los diputados desempeñen, sin licencia del Congreso, cargos o empleos remunerados en los gobiernos federal, estatal o municipal. La propia norma establece que la infracción se castiga con la pérdida del cargo.
Documentos atribuidos a la Secretaría General de Gobierno, citados por medios potosinos señalan que Gámez presentó renuncia voluntaria e irrevocable al cargo el 29 de febrero de 2024, con efectos a partir del 1 de marzo de ese año. Es decir, más de seis meses antes de asumir como diputado local.
Los documentos referidos incluyen un aviso de suspensión de pago y un movimiento de personal con folio SGG/127/2024. No obstante, también existe un documento atribuido a la CEGAIP actualizado al 30 de agosto del presente año en el que aparece el nombre del legislador como Director de área en la SGG.
Tanto el contrato de Dahud como el expediente de personal de Gámez pueden solicitarse por la vía de transparencia, pero la Plataforma Estatal de Transparencia permanece suspendida desde el 5 de octubre debido a trabajos de actualización y adecuación, según informó la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública a través de sus redes sociales 8 días después.
La CEGAIP prevé reanudar el sistema el 19 de octubre. Mientras tanto, los registros de honorarios del Ayuntamiento capitalino y los datos de personal de la Secretaría General de Gobierno no pueden consultarse en esa plataforma.
En juego está la amenaza de juicio político contra el alcalde o la pérdida de la curul por parte de Gámez.
También lee: Galindo revira a Gámez: cobra en Gobierno y Congreso; exige que deje la Directiva
El diputado de Morena presentó en abril la reforma que obligaría a los ayuntamientos a incluir una partida anual para los bomberos
Por: Haniel Valdés
El diputado local Luis Emilio Rosas Montiel dijo que su iniciativa para obligar a los municipios a destinar dinero a los bomberos sigue en comisiones, unos seis meses después de que la presentó. La propuesta, de abril, reforma la Ley Orgánica del Municipio Libre para que los 59 ayuntamientos incluyan una partida anual para los cuerpos de bomberos.
Explicó que la iniciativa, que dijo tiene el visto bueno del comandante Adolfo Benavente Duque y de los bomberos, obliga a los municipios a incluir ese monto en el paquete económico que envían al Congreso y a visitar las estaciones para hacer un inventario de sus deficiencias.
Rosas Montiel dijo que el problema no es solo de la zona metropolitana, sino también de Matehuala, Ciudad Valles y Rioverde. “No es posible que ni siquiera pongan para la gasolina, muchos de ellos”, afirmó.
Según sus cifras, el cuerpo de bomberos metropolitano tiene un déficit de 38 millones de pesos. Afirmó que, de los nueve municipios a los que da servicio, solo uno aporta, y que de las ocho estaciones únicamente cuatro están en servicio.
El patronato de los bomberos señaló otra cuenta: recibe 1.85 millones de pesos al mes del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de la capital y Soledad, y opera con un déficit mensual de 800 mil a 900 mil pesos. Dijo también que solo cuatro estaciones abren las 24 horas y que otras lo hacen “un día sí y un día no”.
El diputado aseguró que el último camión nuevo que se donó a los bomberos de la zona metropolitana fue en el año 2000, hace 26 años. Dijo además que los trajes de protección son donados desde Estados Unidos y que los bomberos le han comentado que entran a los incendios sin saber si tienen algún químico que los haga prenderse.
Sobre el avance de la iniciativa, señaló que está en la Comisión de Régimen Interno, que dijo que preside Rubén Guajardo, y que hay que hacer el cabildeo. “Estaré dándole seguimiento como a todas las iniciativas que tengo”, afirmó.
También lee: Bomberos atienden a nueve municipios, pero sólo dos les pagan
Destacadas
Diputados modifican las reglas del Impuesto Sobre la Renta para pequeños contribuyentes y grandes empresas
El ajuste amplía el techo del régimen simplificado y acota los gastos deducibles de las corporaciones
Por: Roberto Mendoza
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 349 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención, el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal para reformar el cobro del Impuesto Sobre la Renta. Durante la presentación del documento, Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, resumió el objetivo de los controles incorporados: “Se combate el uso indebido de facturas y deducciones”.
Para el sector de menores ingresos, el ajuste permite que profesionistas, arrendadores y dueños de micronegocios que perciban hasta cinco millones de pesos al año —un millón y medio más que el tope previo— tributen en el Régimen Simplificado de Confianza con una tasa máxima mensual del 2.50 por ciento. El esquema se extiende además a negocios que facturen hasta 50 millones de pesos anuales, y los productores del campo y la pesca quedan exentos de impuestos hasta por un millón de pesos.
Por el contrario, a las compañías con ingresos superiores a 50 millones de pesos anuales se les restringe el porcentaje de gastos operativos y de pérdidas de años anteriores que pueden descontar. También se reduce del 30 al 20 por ciento
Respecto a estos candados, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que aplicar un límite generalizado, en vez de detectar individualmente las facturas improcedentes, posterga las deducciones excedentes hasta por veinte años e incrementa el pago inmediato del impuesto para las industrias manufactureras y comerciales que operan con márgenes de utilidad reducidos.
La reforma también fija en la ley, con vigencia hasta 2030, incentivos fiscales para descontar de inmediato las inversiones y los gastos en capacitación e innovación dentro del Plan México y en los corredores industriales del Istmo de Tehuantepec, Yucatán y de economía circular. Con estas medidas, el Gobierno Federal proyecta simplificar el pago de contribuciones, frenar a las empresas factureras y captar mayores recursos para programas sociales y obras de infraestructura.
Lee también: Hacienda defiende ante diputados el Paquete Económico 2027
-
Destacadas2 años agoCon 4 meses trabajando, jefa de control de abasto del IMSS se va de vacaciones a Jerusalén, echando mentiras
-
Ciudad4 años ago¿Cuándo abrirá The Park en SLP y qué tiendas tendrá?
-
Ciudad5 años agoTornillo Vázquez, la joven estrella del rap potosino
-
Destacadas5 años ago“SLP pasaría a semáforo rojo este viernes”: Andreu Comas
-
Ciudad4 años agoCrudo, el club secreto oculto en el Centro Histórico de SLP
-
Estado3 años agoA partir de enero de 2024 ya no se cobrarán estacionamientos de centros comerciales
-
#4 Tiempos4 años agoLa disputa por el triángulo dorado de SLP | Columna de Luis Moreno
-
Destacadas4 años agoSLP podría volver en enero a clases online