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PAN rumbo a la alcaldía: los cuatro perfiles en disputa
El proceso interno reúne a una senadora que también dirige el partido, un legislador con cuatro periodos y una derrota previa por este mismo cargo, un diputado federal respaldado por una familia de larga presencia panista, y un empresario que lleva el apellido del único gobernador que el PAN dio a San Luis Potosí
Por: Redacción
El Partido Acción Nacional abrió formalmente la disputa por la candidatura a la alcaldía de San Luis Potosí en 2027. Cuatro perfiles se registraron para la contienda interna: la senadora Verónica Rodríguez Hernández, el diputado local Rubén Guajardo Barrera, el diputado federal David Azuara Zúñiga y el empresario Marcelo de los Santos Anaya. El registro cerró esta semana. La definición del candidato o candidata se espera después del 31 de agosto, mediante un proceso que incluye foros y una encuesta cuyos detalles deberán acordarse con un delegado del Comité Ejecutivo Nacional que llegará la próxima semana.
La selección que haga el PAN no produce todavía una candidatura formal para la elección de 2027: lo que está en juego es la coordinación municipal del partido en la capital, la posición que servirá de plataforma para quien resulte elegido. Las reglas del proceso deberán garantizar condiciones iguales para los cuatro — aunque al menos uno ya lo pidió antes de que comenzara. El diputado Guajardo advirtió el martes que la llegada del delegado del CEN es necesaria para que haya “cancha pareja“. La razón es evidente: uno de sus rivales es la dirigente estatal del propio partido.
El blanquiazul no planea ir en coalición. “Para 2027 el PAN va solo”, afirmó Guajardo.
Verónica Rodríguez: la senadora que también dirige el partido
Verónica Rodríguez Hernández llega a la contienda desde la posición más poderosa dentro del PAN potosino. Es senadora de la República desde 2024 — llegó al cargo por el principio de primera minoría como candidata de la coalición PAN, PRI y PRD — y preside el Comité Directivo Estatal del PAN desde 2021.
En el Senado encabeza la Comisión de Participación Ciudadana e integra las de Puntos Constitucionales, Derechos Humanos, Educación y Jurisdiccional. Antes de llegar al Senado fue regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí durante el periodo 2018-2021 — la única de los cuatro aspirantes con experiencia directa en el cabildo capitalino. Es licenciada en Derecho y cuenta con dos maestrías: una en Administración con énfasis en Gestión Pública y otra en Gobierno y Políticas Públicas.
Su trabajo legislativo en el Senado apunta hacia lo que podría ser su agenda municipal. La Comisión de Participación Ciudadana que preside se ocupa de mecanismos de consulta, gobierno abierto y transparencia — temas que en el nivel municipal se traducen en rendición de cuentas del Ayuntamiento, acceso a la información y canales formales de participación vecinal. Combinada con su paso previo por el cabildo y su formación especializada en políticas públicas, el perfil que proyecta es el de una gestora institucional enfocada en el diseño de gobernanza local.
Su reelección como dirigente estatal en 2025 no fue sin tropiezos: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó repetir parte del procedimiento por irregularidades en la aprobación del método de selección. El Consejo Estatal la ratificó en junio de 2025 para el periodo 2025-2027, tras reponer el proceso.
Para participar en la contienda interna pedirá licencia a la presidencia del Comité Directivo Estatal — pero no a su curul en el Senado. El secretario general, Enrique Dahud Uresti, asumirá la dirigencia estatal de forma interina.
David Azuara: el más votado en 2024 y el apellido familiar como segundo activo
David Azuara Zúñiga es diputado federal por el Distrito 5 de San Luis Potosí — el que comprende la capital. Ganó la elección de 2024 como candidato de la coalición PAN, PRI y PRD con 101 mil 795 votos, el resultado electoral más amplio de los cuatro aspirantes.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Antes de llegar a la Cámara de Diputados trabajó como coordinador administrativo de la oficina de regidores del Ayuntamiento capitalino durante el periodo 2018-2021 — lo que lo ubica, como a Rodríguez, con conocimiento directo de la operación municipal, aunque desde la estructura administrativa y no desde el cabildo.
Se desempeña también como vocero de la Fundación Somos Potosí, que distribuye productos básicos para el hogar, útiles escolares y servicios a precios reducidos. El trabajo de la fundación apunta hacia una agenda de servicios sociales de base — acceso a bienes esenciales, economía doméstica — que podría trasladarse a una plataforma municipal orientada a programas de apoyo directo.
La huella legislativa de Azuara en la Cámara es aún corta: lleva menos de dos años en funciones. Lo que tiene, en cambio, es capital político familiar. Su hermano Xavier Azuara Zúñiga fue presidente estatal del PAN, diputado local y diputado federal — y representó el mismo Distrito 5 federal entre 2012 y 2015. David ganó ese mismo distrito en 2024 con la votación más alta de los cuatro. Ese es su argumento central: sabe ganar donde más importa ganar.
Rubén Guajardo: cuatro legislaturas, una derrota previa y una agenda municipal clara
Rubén Guajardo Barrera es el participante con el mayor número de periodos en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Ha sido diputado local en cuatro legislaturas: 2012-2015, 2018-2021, 2021-2024 y la actual, que concluye en 2027. Representa el Distrito 5 local, coordina el grupo parlamentario del PAN y presidió la Junta de Coordinación Política del Congreso en el último año de la legislatura anterior. En 2024 ganó su cuarto periodo con 45 mil 500 votos.
Lo que más diferencia a Guajardo de los otros tres no es solo la acumulación de años: es que la alcaldía capitalina ya estuvo en su radar. En el proceso electoral de 2024, buscó encabezar la candidatura de la coalición opositora al Ayuntamiento. Como dentro del acuerdo de coalición la postulación correspondía al PRI, participó en el proceso de ese partido junto con Enrique Galindo Ceballos. Galindo obtuvo la candidatura y fue reelegido alcalde. Guajardo regresó al Congreso.
Su huella legislativa da las pistas más claras sobre lo que propondría al frente del Ayuntamiento. En la actual legislatura promovió la derogación de la “Ley Serrano” — el paquete de delitos ligados al uso de inteligencia artificial que generó críticas por su alcance sobre la libertad de expresión — y presentó esta semana un exhorto para que los 56 municipios de SLP que aún no operan el sistema de justicia cívica lo incorporen a sus presupuestos de 2027 antes de que cierren el ciclo legislativo de egresos.
La justicia cívica es un modelo de gestión municipal: resolver conflictos menores — ruido, acumulación de basura, maltrato animal, choques leves — sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. “Imagínense cuántas carpetas de investigación tenemos en la Fiscalía con este tipo de problemas”, dijo Guajardo al presentar el exhorto. Es también integrante de la Primera Comisión de Hacienda Municipal en el Congreso estatal. El perfil que proyecta hacia la alcaldía: ejecutor de gobierno, con énfasis en estructura normativa, finanzas locales y seguridad preventiva.
El dato político que complica su panorama lo dijo él mismo: compite contra quien preside el partido que definirá las reglas. Por eso pidió árbitro externo.
Marcelo de los Santos: el empresario con el apellido que el PAN no olvida
Marcelo de los Santos Anaya es el único de los cuatro sin antecedentes en un cargo de elección popular. Se registró en el proceso como aspirante ciudadano — la figura que el PAN admite en su proceso interno — y viene de la iniciativa privada: es contador público certificado y socio director del despacho Marcelo de los Santos y Compañía, firma fundada por su padre.
Ha sido el más explícito en su agenda para la capital: seguridad, movilidad y abastecimiento de agua como ejes de gobierno. Ha propuesto también construir una alianza opositora amplia y utilizar encuestas para definir candidaturas — posición que contrasta con la de Guajardo, quien fue tajante: el PAN irá solo en 2027.
El antecedente que más pesa en su perfil no es propio sino heredado. Es hijo de Marcelo de los Santos Fraga, presidente municipal de San Luis Potosí entre 2000 y 2003 y gobernador del estado de 2003 a 2009 — el primero y hasta ahora único gobernador que el PAN ha dado a San Luis Potosí.
Guajardo lo señaló sin nombrarlo el martes: “Ayer se presentó un candidato que no está afiliado al PAN. Las puertas están abiertas.” Sin estructura legislativa propia ni militancia formal, De los Santos Anaya llega al proceso con un apellido que el PAN potosino reconoce como fundacional y con una agenda concreta, pero sin la base territorial ni los votos propios que acreditan sus tres rivales. Si gana, llega al Ayuntamiento sin deuda con el aparato. Si pierde, el aparato no le debe nada a él.
El proceso que viene
La definición no ocurrirá antes del 31 de agosto. El delegado del CEN llegará la próxima semana para acordar el formato de los foros y los detalles de la encuesta que servirá de base para la selección.
Lo que el proceso medirá: cuatro perfiles con activos que no se superponen. Rodríguez es la única con experiencia directa en el cabildo capitalino y encabeza el partido estatal. Guajardo tiene cuatro periodos legislativos, una derrota que conoce el terreno y la agenda municipal más articulada. Azuara tiene la votación más reciente donde más importa y un apellido familiar de peso propio. De los Santos tiene el apellido más conocido en la historia del PAN potosino y la agenda más concreta en temas de ciudad.
Su trabajo será convencer a los cuatro de que las reglas son parejas.
También lee: Guajardo defiende unidad panista, pero marca distancia con invitados
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SLP en primer lugar nacional en muertes prenatales
La entidad registró 625 muertes fetales durante 2025 y alcanzó una tasa de 81.3 casos por cada 100 mil mujeres de 15 a 49 años, la más alta entre las 32 entidades
Por: Ana G Silva
San Luis Potosí ocupó en 2025 el primer lugar nacional en la tasa de defunciones fetales, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Fetales (EDF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El estado alcanzó una tasa de 81.3 muertes fetales por cada 100 mil mujeres en edad fértil, por encima de la media nacional de 58.9, lo que representa una diferencia de aproximadamente 38 por ciento.
Con esta cifra, San Luis Potosí se colocó ligeramente por encima de Ciudad de México, que registró una tasa de 81.0, y Durango, con 80.2. En contraste, las tasas más bajas se observaron en Oaxaca, con 25.7; Campeche, con 29.5, y Sinaloa, con 31.1.
En términos absolutos, el INEGI contabilizó 625 muertes fetales en San Luis Potosí durante 2025, de las cuales 492 correspondieron a la captación tradicional y 133 fueron casos complementarios captados por la Secretaría de Salud e incorporados en formato digital.
Los 625 casos representan alrededor de 3 por ciento de las 20 mil 741 muertes fetales registradas en todo el país durante el año. Sin embargo, el volumen absoluto debe leerse junto con la tasa, debido a las diferencias de población entre las entidades. Es precisamente la tasa la que coloca a San Luis Potosí como la entidad con mayor incidencia registrada en el país.
Las complicaciones del embarazo, entre las principales causas
A nivel nacional, las afectaciones al feto relacionadas con factores maternos y complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto representaron la principal causa, con 45.6 por ciento de las defunciones fetales.
Le siguieron otros trastornos originados en el periodo perinatal, con 24.8 por ciento, y los trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal, con 11.9 por ciento.
En conjunto, las dos primeras categorías representan más de 70 por ciento de las defunciones fetales registradas en el país.
Otro de los datos que dimensiona el fenómeno es la atención durante el embarazo.
En México, 79.6 por ciento de las mujeres cuyo embarazo terminó en una muerte fetal recibió atención médica prenatal, mientras que 17 por ciento no recibió atención y en 3.4 por ciento de los casos no se especificó.
Entre las mujeres que sí acudieron a consulta, 63.9 por ciento recibió entre una y cinco consultas; 30.6 por ciento tuvo entre seis y diez; 3.2 por ciento entre 11 y 15 y porcentajes menores reportaron más consultas.
Del total de muertes fetales registradas en México durante 2025, 80.5 por ciento ocurrió antes del parto, 18.3 por ciento durante el parto y en 1.2 por ciento de los casos no se especificó el momento.
Por edad gestacional, el mayor porcentaje de las muertes fetales correspondió a embarazos de 20 a 27 semanas, con 39 por ciento de los casos.
Después estuvieron los embarazos de 28 semanas o más, con 32.7 por ciento, y aquellos de 12 a 19 semanas, con 28.2 por ciento.
Además, 65.2 por ciento de los productos que fallecieron tenía un peso menor a mil un gramos, mientras que los casos con peso de entre 4 mil 001 y 5 mil gramos representaron apenas 1.1 por ciento.
El fenómeno tampoco se concentra exclusivamente en embarazos de mujeres de mayor edad.
Los grupos de mujeres de 20 a 24 y de 25 a 29 años representaron cada uno 23.4 por ciento de los casos a nivel nacional. Juntos concentraron 46.8 por ciento.
Si se agrega el grupo de 30 a 34 años, que representó 20 por ciento, estos tres grupos acumularon 66.8 por ciento de las muertes fetales.
El reporte también muestra un perfil social de las mujeres cuyos embarazos terminaron en muerte fetal: 53 por ciento vivía en unión libre y 23.4 por ciento estaba casada. En cuanto a escolaridad, secundaria y preparatoria concentraron conjuntamente 64 por ciento de los casos.
Además, 64.9 por ciento declaró no trabajar y 31.7 por ciento sí tenía actividad económica.
También lee: Hombres, mayoría de las víctimas de accidentes y homicidios en SLP: INEGI
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Raúl Tortolero llama a “recristianizar” la cultura de Occidente
En su libro, Derecha Popular: Geopolítica Cristiana de la Clase Trabajadora frente al Dragón Rojo, llama a los trabajadores cristianos a encabezar una “recristianización” de Occidente
Por: Haniel Valdés
Raúl Tortolero, presidente del Consejo Nacional de Nueva Derecha, presentó en entrevista con La Orquesta su más reciente libro, Derecha Popular: Geopolítica Cristiana de la Clase Trabajadora frente al Dragón Rojo, en el que llama a los trabajadores cristianos a encabezar una “contrarrevolución cultural” y una “recristianización” de Occidente frente a lo que describe como el avance de ideologías de izquierda.
La propuesta de Tortolero parte de una idea bastante amplia de lo que significa ser de derecha: su organización, explicó, realiza iniciativas de ley, manifestaciones, protestas y hasta oración pública para defender los llamados “valores cristianos”. El objetivo, dijo, no sería únicamente ganar elecciones, sino transformar culturalmente a Occidente, al que considera “invadido por ideologías de izquierda muy perniciosas para la fe, para la familia, para la vida, para la propiedad privada”.
Sobre el público al que dirige el libro, afirmó que está escrito “para la clase trabajadora”, aunque aclaró que no usa esa categoría en sentido marxista: “si tú trabajas estás con nosotros”, dijo, y puso como ejemplo a albañiles, plomeros, electricistas, meseras y enfermeras, pero también contadores, abogados, filósofos y empresarios. Sostuvo que es esa “clase trabajadora cristiana” —y no los gobiernos— la que debe protagonizar el cambio que propone: “no lo van a hacer los cambios nada más los presidentes o los gobernadores o los alcaldes”.
El autor contrastó su propuesta con el marxismo, al que acusó de usar a los pobres “como base electoral” y “como fuerza de choque”. Citó el Manifiesto Comunista de 1848 para sostener que Karl Marx llamaba a los trabajadores a una revolución violenta contra los ricos: “solamente la mente de un psicótico puede concebir tal locura”, afirmó. Como contraparte, citó el pasaje bíblico de Mateo 25:40 como base de lo que llamó una ayuda a los pobres “con valores cristianos” y no “con fines de explotación electoral”.
Acusó a la izquierda de utilizar a los pobres mediante programas sociales para mantenerlos dependientes del gobierno y sostuvo que, en lugar de entregar apoyos, deberían impulsarse créditos para que las familias puedan abrir negocios pequeños. En su lista aparecieron papelerías, pollerías, carnicerías, barberías, zapaterías, fondas y hasta pequeñas farmacias.
Tortolero descartó que Nueva Derecha busque construir un partido político propio. Dijo que su intención es que las plataformas existentes —”mientras no sea Morena”— retomen sus ideas. Como antecedente, afirmó que planteamientos de un libro suyo previo, La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo posmoderno, fueron retomados en campaña por Abelardo de la Espriella, actual presidente de Colombia, cuando este llamó a “expulsar la ideología de género de las aulas” y “volver a poner a Dios al centro de la vida”.
El autor se declaró militante panista y sostuvo que el Partido Acción Nacional nació en 1939 abierto a todos los sectores sociales, no solo al empresarial. Acusó a la izquierda de instalar la idea de que “si eres del PAN es porque eres rico” para desalentar el voto de la clase trabajadora, y llamó a ese partido a “retomar” las ideas de Nueva Derecha para disputarle a Morena el respaldo de los sectores populares.
Uno de los ejes del libro, dijo Tortolero, es lo que llama “geopolítica cristiana”: una lectura de las relaciones internacionales basada en valores religiosos compartidos y no en factores “comerciales, económicos o armamentistas”
. Como ejemplo citó el Escudo de las Américas, la coalición de más de 15 países liderada por Estados Unidos contra el crimen organizado, que —dijo— debería ir acompañada de una “guerra cultural” con base cristiana.En esa lógica, Tortolero dijo esperar que Jair Bolsonaro gane las elecciones de octubre en Brasil frente a Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “pillo”, y que la oposición mexicana recupere la mayoría del Congreso en 2027. Para 2030, mencionó a Ricardo Salinas Pliego como posible “candidato ciudadano” capaz de unificar a los partidos opositores frente a Morena.
Su “nueva derecha”, explicó, tampoco sería una defensa del dinero por encima de todo. Rechazó una derecha “elitista” y dijo que su propuesta no es “economista”, “comercialista”, “monetarista” ni “liberal”. En su lugar, propuso una derecha que “pone a Dios al centro de la vida”.
Tortolero cuestionó la interpretación del Estado laico en México. Sostuvo que ese principio “únicamente” implica que no hay una religión oficial, pero no impide a los funcionarios públicos vivir su fe de manera explícita. Acusó que los ministros de culto en el país son “ciudadanos de segunda” porque la ley les exige renunciar a su ministerio religioso para poder ser candidatos a un cargo de elección popular, restricción que atribuyó al “juarismo”. También criticó el uso de la figura de Quetzalcóatl como emblema por parte del gobierno federal —entre ellos por Andrés Manuel López Obrador en 2021— y sostuvo que un país cristiano debería usar en su lugar “un Cristo o una Virgen de Guadalupe”.
Consultado sobre las primeras decisiones que tomaría un gobierno alineado con la “derecha popular”, Tortolero ubicó como prioridad “respetar la libertad de expresión”. Afirmó haber aparecido en “listas negras” publicadas, dijo, tanto por funcionarios del gobierno mexicano como por el expresidente colombiano Gustavo Petro, y sostuvo que México es “el país donde más periodistas asesinados hay en todo el mundo” y también “donde más sacerdotes católicos son asesinados”.
Otro de los objetivos de esta “recristianización” serían las universidades. Tortolero aseguró que algunos jóvenes ingresan a ellas con determinados valores y salen apoyando el aborto, el feminismo o los movimientos LGBT. Desde su perspectiva, las instituciones educativas tendrían que recuperar una orientación acorde con los valores cristianos de la mayoría de la población mexicana.
Más que un programa de gobierno tradicional, Derecha Popular presenta así una visión política en la que la religión funciona como punto de partida para explicar desde la pobreza y el trabajo hasta la educación, las elecciones y las relaciones internacionales. Una propuesta que, por momentos, parece tener una respuesta cristiana para prácticamente cualquier problema político.
También lee: Gobierno de SLP ofrece devolver dinero por cobros en trámite de identidad trans
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Gobierno de SLP ofrece devolver dinero por cobros en trámite de identidad trans
Gobierno de SLP niega tener denuncia formal por presunto cobro a personas trans en cambio de identidad
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, respondió a un señalamiento de un colectivo de personas trans que denunció un cobro indebido por parte del gobierno estatal en el trámite de cambio de identidad de género. El funcionario aclaró que ese trámite es completamente gratuito y que no debe generar ningún cobro.
El señalamiento se relaciona con una denuncia previa de la colectiva DignidadEs Todas, que documentó un cobro de 1 mil 488 pesos por el trámite de reconocimiento legal de identidad de género en San Luis Potosí.
De acuerdo con el colectivo Todes Trans, ese cobro fue incorporado en diciembre de 2025, cuando el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de Hacienda sin consulta previa a la comunidad trans. Según datos de la propia colectiva, once personas no binarias realizaron el trámite durante el último año y todas tuvieron que cubrir el pago.
Torres Sánchez dijo que su oficina no tiene registrada una denuncia formal sobre el señalamiento, pero ofreció mecanismos de aclaración y, en su caso, la devolución del dinero cobrado indebidamente. Añadió que las puertas de su dependencia están abiertas para atender cualquier caso similar.
El funcionario destacó que la actual administración estatal ha emitido reglamentación relacionada con actos del Registro Civil que involucran a personas de la diversidad sexual y de género, con el objetivo de darles certeza jurídica en su convivencia cotidiana y frente a las autoridades.
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