El gobierno federal subirá el gasto en los tres rubros para 2027, pero buena parte de lo que llama ciencia es en realidad dinero para becas universitarias

Por: Carlos Ruíz

El gobierno federal quiere gastar más en educación, ciencia y cultura el próximo año. Eso es lo que dice, en números, el Paquete Económico 2027 que la Secretaría de Hacienda entregó el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados. Pero cuánto suba cada rubro, y en qué se va a gastar exactamente, son dos preguntas con respuestas muy distintas.

Educación: el billón de pesos que en buena parte es beca

Según la publicación, la Secretaría de Educación Pública recibiría 576,600 millones de pesos. Si se suma todo el paquete educativo (educación, ciencia y cultura juntas, como las agrupa el gobierno en sus cuentas) la cifra llega a 1.4 billones de pesos, 7.2% más que el año pasado descontando la inflación. Es, básicamente, el equivalente a 3.50 de cada 100 pesos que produce el país en un año.

De ese billón y medio, las tres becas que el gobierno agrupa bajo el nombre “Benito Juárez” (la de educación básica (Rita Cetina), la de educación media superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro) se llevan juntas 190,552 millones de pesos: es la partida más grande de todo el rubro educativo, más que cualquier programa de infraestructura o de formación docente.

Esa cifra es apenas 3.2% mayor a lo que las mismas tres becas recibieron en 2026 (184,595 millones de pesos), un aumento uniforme, idéntico en las tres becas, muy por debajo del ritmo con el que ha crecido el resto del gasto en ciencia y tecnología.

El contraste, y de donde surge la queja de muchos opositores, es que en la prueba PISA de 2025 se encontró que 4 de cada 10 estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel básico en matemáticas, lectura o ciencias. Con ese dato en la mano, algunos legisladores ya han justificado medidas como prohibir los celulares en el salón de clases, y se alega que más dinero no es, por sí solo, garantía de mejores resultados.

Ciencia: sube 18%, pero la mayor parte no es para investigar

El presupuesto para ciencia y tecnología (que ahora maneja la Secihti, la dependencia que sustituyó al viejo Conacyt) sería de 193,333.7 millones de pesos. Es apenas medio punto porcentual del PIB, pero representa un salto real de 18% respecto a 2026, el mayor de los tres rubros.

La bolsa más grande dentro de ese presupuesto, llamada “generación de conocimiento”, suma 136,571 millones de pesos, y de ahí, 85,616 millones de pesos son becas y colegiaturas de educación superior, no laboratorios ni proyectos de investigación. A los Centros Públicos de Investigación, que son las instituciones dedicadas justamente a investigar, les tocan 7,139.7 millones de pesos: menos del cinco por ciento de todo el rubro.

Cultura: crece en papel, pero varios museos e institutos pierden

A la Secretaría de Cultura le tocarían 15,858 millones de pesos, un alza de apenas 1.9% ya descontada la inflación… la más baja de los tres rubros.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) van a recibir más pesos que el año pasado, pero al ajustar por inflación, en realidad pierden poder de compra: 2.2% y 2.9% menos, respectivamente.

La Subsecretaría de Desarrollo Cultural, mientras tanto, se desploma de 692.8 a 184.4 millones de pesos, una caída de más de dos terceras partes.

No todos pierden: el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Radio Educación, la Cineteca Nacional y el Centro de Capacitación Cinematográfica sí ganan terreno real, entre 10.8% y 18.2%.

¿Y esto cómo aplica en San Luis?

De todo este paquete nacional, hay una sola cifra que se puede rastrear con precisión hasta San Luis Potosí, porque el propio documento la desglosa estado por estado: la del Ramo 33, que es el mecanismo por el que la federación reparte dinero directo a los gobiernos estatales. Para 2027, a San Luis Potosí le corresponden 28,577.5 millones de pesos por esa vía.

De ese total, 19,422 millones de pesos están etiquetados para educación. Y de esos 19,422 millones, 18,617 millones, es decir, 96 de cada 100 pesos, son para pagar la nómina de los maestros de educación básica, a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Lo que queda se reparte entre infraestructura escolar y asistencia social (547.3 millones de pesos) y educación tecnológica y para adultos (257.9 millones de pesos).

En resumen, casi todo el dinero educativo que le llega al estado ya está comprometido antes de que empiece el año, porque paga sueldos. Lo que sobra para construir, equipar o abrir programas nuevos es, en comparación, muy poco.

Nada de esto es definitivo todavía. La Cámara de Diputados y el Senado tienen hasta el 20 y el 31 de octubre, respectivamente, para aprobar la Ley de Ingresos, y los diputados tienen plazo hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. En ese proceso, los montos, incluidos los que le tocan a San Luis Potosí, todavía se pueden mover.

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Gallardo llega a 67 por ciento de aprobación mientras el Verde domina la contienda por la gubernatura

Por: Roberto Mendoza

El 67 por ciento de los ciudadanos de San Luis Potosí aprueba la labor de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, de acuerdo con una encuesta estatal en vivienda levantada por Grupo Reforma del 9 al 13 de septiembre. El ejercicio, realizado a mil 5 adultos con credencial de elector vigente, registra una desaprobación del 27 por ciento hacia su gestión.

El respaldo ciudadano se sostiene principalmente en tres rubros de gestión administrativa: el 69 por ciento de los encuestados califica como “Bien” el manejo de los programas sociales; el 67 por ciento aprueba la gestión en infraestructura y obra pública; y el 65 por ciento respalda el desempeño en educación pública. En contraparte, los indicadores con mayor desaprobación se concentran en el combate al narcotráfico y crimen organizado, con 52 por ciento; el combate a la corrupción, con 50 por ciento; y la seguridad pública, con 48 por ciento.

El 55 por ciento de los encuestados percibe que la situación económica de su familia mejoró en el último año. La inseguridad pública, en cambio, es el principal problema que enfrenta San Luis Potosí, según el 50 por ciento

de las menciones espontáneas registradas en la encuesta, y el 59 por ciento de los entrevistados considera que aumentó en el último año.

Ese respaldo se traduce en ventaja electoral: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) encabeza las preferencias en el estado. Ante el escenario de una elección para gobernador, el PVEM registra 41 por ciento de la preferencia efectiva, por encima de Morena, con 25 por ciento; el Partido Acción Nacional, con 10 por ciento; y el Partido Revolucionario Institucional, con 8 por ciento.

La misma casa encuestadora ubicó al PVEM en 43 por ciento de la intención de voto y a Morena en 23 por ciento —una brecha de 20 puntos— en una medición levantada del 22 al 26 de julio, cuando la aprobación de Gallardo era de 63 por ciento. Frente a esa fotografía, el margen entre ambos partidos se redujo a 16 puntos, mientras la aprobación del gobernador subió cuatro puntos porcentuales.

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La nueva fiscalía tendrá estructura y presupuesto propios dentro de la Fiscalía General del Estado

Por: Redacción

La LXIV Legislatura de San Luis Potosí aprobó la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

El diputado Luis Fernando Gámez Macías señaló que la nueva fiscalía sustituirá a la Unidad Especializada y contará con estructura y presupuesto propios dentro de la Fiscalía General del Estado.

La reforma establece que el personal ministerial, policial, pericial, de análisis de contexto y de apoyo psicosocial deberá cumplir con los perfiles y requisitos establecidos en la legislación federal y por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

De acuerdo con el legislador, la modificación busca cumplir con la normativa federal

y fortalecer las capacidades de investigación y persecución penal en casos de desaparición, así como garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral.

El decreto también contempla investigaciones con perspectiva de análisis de contexto, además de modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y a la legislación estatal en materia de desaparición y búsqueda de personas.

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