El presidente brasileño obtuvo 51.79% de los votos frente a 48.21% de Flávio Bolsonaro, una diferencia de más de 4.4 millones de sufragios

Por: Redacción

Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta presidencial de Brasil frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, al obtener 51.79% de los votos, contra 48.21% de su adversario, informó el Tribunal Superior Electoral (TSE) tras el escrutinio total de las urnas.

Lula consiguió 64 millones 256 mil 232 votos, mientras que Bolsonaro recibió 59 millones 826 mil 41, una diferencia de 4 millones 430 mil 191 sufragios. El resultado representa una victoria para el actual mandatario, quien asumirá un cuarto mandato el 5 de enero de 2027.

La jornada electoral estuvo marcada por controversias sobre la ampliación del horario de votación, luego de problemas en el transporte público. Tanto Lula como Bolsonaro habían solicitado extender dos horas el cierre de las urnas.

Tras conocerse los resultados, el senador anunció que desconocería la elección y solicitaría su anulación, al argumentar que la extensión del horario pudo beneficiar a su contrincante.

“Es imposible reconocer el resultado de estas elecciones, pediremos que sean anuladas”, declaró Bolsonaro, quien cuestionó la decisión del magistrado del Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, nombrado por Lula.

Durante los festejos en São Paulo, Lula afirmó que su victoria se produjo pese a lo que calificó como injerencia extranjera a través de plataformas digitales. Adelantó que buscará regularlas y fortalecer la capacidad tecnológica de Brasil.

“Este país no acepta ser el patio trasero de nadie”, expresó el presidente, quien también planteó impulsar el desarrollo de una inteligencia artificial brasileña y aprovechar el potencial de energías renovables para atraer centros de datos y mantener la información del país bajo infraestructura nacional.

Lula agradeció a los jóvenes que participaron en movilizaciones en defensa de la democracia y aseguró que su gobierno buscará ampliar la participación ciudadana en las decisiones públicas.

También lanzó críticas contra su adversario y calificó el resultado como una derrota para el negacionismo y las mentiras. Durante su discurso, se comprometió a gobernar para todos los brasileños, independientemente de su género o religión.

Los festejos se extendieron a distintas ciudades del país después de confirmarse el resultado. En São Paulo, simpatizantes del Partido de los Trabajadores celebraron en las calles, mientras seguidores de Bolsonaro abandonaron algunos establecimientos conforme avanzaba el conteo.

Antes de conocerse el resultado definitivo, Lula denunció obstáculos en bastiones de su Partido de los Trabajadores (PT). Entre los señalamientos estuvo una orden judicial en Bahía relacionada con la salida de al menos 75 autobuses en Salvador.

Bolsonaro, por su parte, sostuvo que la ampliación del horario de votación impidió conocer cuántos sufragios habrían correspondido a las urnas que ya habían cerrado. Hasta el momento, la nota fuente reporta su intención de solicitar la anulación, pero no señala que la autoridad electoral haya invalidado los resultados.

De acuerdo con cifras reportadas por Folha de São Paulo, se contabilizaron 124 millones 82 mil 273 votos válidos. Los sufragios nulos representaron 2.12% y los votos en blanco, 1.12%. La abstención fue de 21.08%, equivalente a poco más de 33 millones de personas, de un padrón de 158.7 millones de electores.

El próximo mandato de Lula comenzará en un escenario político complejo. Las elecciones legislativas reforzaron a la derecha y dejaron al Partido Liberal, vinculado a Bolsonaro, como la primera fuerza en la Cámara de Diputados, con 121 de los 513 escaños, y con 28 de los 81 asientos del Senado.

Al no contar con mayoría legislativa, el presidente deberá negociar con el llamado Centrão, un bloque de partidos de centroderecha que suele respaldar al gobierno a cambio de cargos y recursos.

Además de las negociaciones en el Congreso, Lula enfrentará cuentas públicas deficitarias y una relación complicada con el presidente estadounidense Donald Trump, aliado político de la familia Bolsonaro.

Con 80 años, Lula se convertirá en uno de los jefes de Estado de mayor edad en el mundo al asumir su nuevo periodo presidencial.

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La medida alcanza 56 casos, incluidos 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación

Por: Redacción

El gobierno de Chile, encabezado por el presidente José Antonio Kast, redujo las penas de personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, una decisión que abrió una controversia política y judicial. Hasta el momento, se han confirmado 56 casos, de acuerdo con el portal Interferencia.

Del total, 27 corresponden a personas sentenciadas por abuso sexual y 29 por violación. La actuación del Ejecutivo puso en el centro de las críticas al ministro de Justicia, Fernando Rabat, responsable de la medida.

Rabat sostuvo que las reducciones se apegan a la ley y a criterios previos de la Corte Suprema. Sin embargo, la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, señaló que la facultad de emitir los decretos para reducir las penas corresponde al Ejecutivo.

Ante la controversia, la Cámara de Diputados designará una comisión investigadora y solicitará explicaciones al ministro durante una sesión especial. Legisladores de oposición también han exigido la renuncia de Rabat o que Kast lo destituya.

El ministro anunció que su cartera suspenderá la tramitación de los decretos mientras impulsa iniciativas legislativas para impedir que estos beneficios se concedan a personas condenadas antes de 2022.

“Lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022”, declaró Rabat.

Agregó que la suspensión se mantendrá mientras se discuten las propuestas legislativas, a las que el gobierno dará trámite urgente, con el objetivo de resolver la situación.

La referencia a 2022 corresponde a una ley promulgada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, que prohíbe conceder beneficios o reducciones de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.

No obstante, la aplicación de esa disposición enfrenta una cuestión jurídica: el principio constitucional de irretroactividad de la ley, según el cual una norma no se aplica retroactivamente en perjuicio de las personas en los términos que establece el ordenamiento jurídico.

La controversia se centra ahora en las facultades del Ejecutivo para conceder las rebajas, el marco legal aplicable a las condenas anteriores a 2022 y las medidas que adoptará el gobierno para impedir que se otorguen nuevos beneficios de este tipo.

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Alrededor de 25 mil personas recorrieron el centro de la capital española para reclamar aumentos de las pensiones conforme a la inflación y medidas contra la brecha de género

Por: Redacción

Alrededor de 25 mil jubilados se manifestaron en Madrid, España, para exigir pensiones dignas, aumentos acordes con la inflación y medidas para reducir la brecha de género en los ingresos que reciben las personas retiradas.

La movilización reunió a participantes de distintas regiones del país, quienes recorrieron el centro de la capital desde la estación de Atocha hasta la Puerta del Sol. En ese punto, los jubilados se unieron a jóvenes que mantienen una protesta por el acceso a una vivienda digna y contra el aumento de los precios inmobiliarios.

De acuerdo con los datos citados por la Delegación del Gobierno, la asistencia fue de 25 mil personas, mientras que la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) calculó que participaron hasta 50 mil manifestantes.

En España hay alrededor de 9.5 millones de pensionistas, con una pensión media de mil 370 euros mensuales, según los datos publicados en la información original. Sin embargo, los ingresos varían de acuerdo con el tipo de prestación: algunas personas reciben pensiones no contributivas de hasta 630 euros, mientras que otras perciben jubilaciones superiores.

Uno de los principales reclamos fue la brecha de género. De acuerdo con la nota, las mujeres reciben pensiones de jubilación aproximadamente 30 por ciento inferiores a las de los hombres, debido a trayectorias laborales más cortas, menores bases de cotización y una mayor incidencia del empleo de tiempo parcial.

Francisca López, vocera nacional del movimiento de jubilados, defendió la necesidad de proteger el poder adquisitivo de las personas retiradas ante el encarecimiento del costo de vida. Entre sus demandas mencionó eliminar las penalizaciones por jubilación anticipada y actualizar las pensiones conforme al índice de precios al consumidor (IPC).

La protesta ocurre en la antesala de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre, en un contexto en el que la sostenibilidad del sistema de pensiones forma parte del debate político. Los manifestantes también señalaron que la crisis de vivienda afecta a las personas mayores, especialmente a quienes viven de alquiler o apoyan económicamente a sus familiares.

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