Mientras el INE establece que las precampañas para la gubernatura serán del 4 de enero al 12 de febrero, una reforma aprobada por el Congreso local fija el periodo del 20 de enero al 8 de febrero; la discrepancia podría provocar impugnaciones, sanciones y conflictos sobre la validez de los actos de precampaña

Por: Jorge Saldaña

La reforma electoral aprobada por el Congreso de San Luis Potosí el pasado 12 de agosto abrió una controversia jurídica frente al calendario establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones de 2027, debido a que ambas disposiciones contemplan fechas distintas para la realización de las precampañas a la gubernatura.

De acuerdo con el calendario publicado por el INE, las precampañas para elegir a quien sucederá en la gubernatura deberán desarrollarse del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, con una duración de 40 días naturales. Sin embargo, la reforma a la Ley Electoral del Estado establece que comenzarán el 20 de enero y concluirán el 8 de febrero, reduciendo el periodo a solamente 20 días.

La discrepancia adquiere relevancia porque el Consejo General del INE aprobó el 30 de julio de 2026 el acuerdo INE/CG478/2026, mediante el cual ejerció su facultad de atracción para homologar las fechas de conclusión de las precampañas locales y estableció el 12 de febrero como límite para San Luis Potosí.

La determinación federal, aprobada antes de la reforma estatal, también vinculó a los organismos públicos locales electorales a adecuar sus calendarios conforme a las fechas homologadas.

En consecuencia, la diferencia plantea un problema sobre el alcance de las facultades de las autoridades electorales federales y locales.

Aunque los congresos estatales tienen atribuciones para regular la duración de las precampañas, deben ejercerlas conforme a la Constitución federal y la legislación general electoral.

Por ello, la reforma potosina podría generar controversias sobre su compatibilidad con el acuerdo de homologación del INE, particularmente respecto de la fecha de conclusión de las precampañas.

Partidos y aspirantes podrían enfrentar sanciones

Por ejemplo, si un partido inicia actos de precampaña el 4 de enero, conforme al calendario publicado por el INE, podría enfrentar denuncias por presuntos actos anticipados, debido a que la legislación estatal establece el inicio hasta el 20 de enero.

De manera similar, las actividades realizadas del 9 al 12 de febrero podrían ser cuestionadas, ya que esas fechas se encuentran comprendidas en el calendario federal, pero fuera del plazo establecido en la reforma local.

Las consecuencias podrían incluir procedimientos sancionadores, amonestaciones, multas y controversias sobre la validez de los procesos internos.

En el caso de las personas aspirantes, también podrían generarse problemas para clasificar y reportar gastos de precampaña, especialmente cuando las actividades se realicen en fechas consideradas válidas por una autoridad, pero controvertidas frente a otra disposición.

En circunstancias específicas previstas por la legislación, las infracciones graves en materia de fiscalización pueden tener consecuencias sobre el registro de candidaturas. Sin embargo, ninguna sanción se produciría automáticamente por la sola existencia de calendarios contradictorios.

CEEPAC, ante el reto de definir un calendario

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) enfrenta una de las principales implicaciones de esta diferencia normativa, al ser el organismo encargado de organizar las elecciones locales y establecer las condiciones operativas para las distintas etapas del proceso.

El decreto de reforma establece que el organismo electoral debe adecuar su normatividad dentro de los 90 días naturales posteriores a su entrada en vigor.

Sin embargo, cualquier calendario que apruebe deberá considerar tanto la legislación estatal vigente como las disposiciones obligatorias emitidas por el INE.

Si el CEEPAC adopta las fechas establecidas en la reforma local, podría enfrentar cuestionamientos por su incompatibilidad con la fecha de conclusión homologada por el organismo nacional. Por el contrario, si mantiene el calendario federal sin resolver su relación con la ley estatal, sus acuerdos también podrían ser impugnados.

Entre sus posibles consecuencias se encuentran conflictos de fiscalización y procedimientos sancionadores relacionados con actos realizados durante los días en disputa.

La discrepancia alcanza diputaciones y ayuntamientos

El problema podría ser todavía mayor en las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos.

Mientras el calendario publicado por el INE contempla que esas precampañas concluyan el 12 de febrero de 2027, la reforma estatal establece un periodo del 4 al 23 de febrero.

Esto significa que, para estas elecciones, la legislación local permitiría actividades de precampaña durante 11 días posteriores al cierre homologado por el organismo nacional.

La situación también podría repercutir en las candidaturas independientes, debido a las modificaciones legales relacionadas con los plazos para recabar apoyo ciudadano.

De mantenerse sin aclaración, las diferencias de fechas podrían ocasionar impugnaciones por posibles afectaciones a los derechos político-electorales de las personas participantes.

Incertidumbre debe resolverse antes de enero

De acuerdo a las fechas y normativas, resulta necesario que el INE y el CEEPAC aclaren formalmente cuál será el calendario aplicable y qué disposiciones regirán la fiscalización y los procedimientos internos.

La cuestión central es si debe mantenerse la fecha de conclusión del 12 de febrero establecida por el INE o prevalecer el periodo del 20 de enero al 8 de febrero aprobado por el Congreso potosino.

Mientras no exista una definición institucional clara, los partidos y aspirantes enfrentarán el riesgo de realizar actividades cuya legalidad podría ser cuestionada posteriormente ante los tribunales electorales.

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Interapas reconoce solo los 296 millones por saneamiento y rechaza 584.3 millones por operación y mantenimiento de Tenorio que no están sustentados en ningún convenio previo

Por: Jorge Saldaña

La Comisión Estatal del Agua (CEA) elevó de 296.3 millones a 880.65 millones de pesos su reclamo contra el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (INTERAPAS) entre el 13 y el 21 de octubre, al añadir 584.3 millones por operación y mantenimiento de la planta Tenorio.

El comunicado del 21 de octubre fija el total en 880 millones 650 mil 492.19 pesos: los adeudos por saneamiento más 584 millones 333 mil 116.50 pesos por operación y mantenimiento de 2021 a 2026.

De acuerdo a información oficial de la CEA identifican a Interapas como deudor y responsabilizan políticamente al alcalde Enrique Galindo Ceballos por presidir su Junta de Gobierno.

En respuesta, Arturo Jaimes Núñez, encargado de despacho de Interapas, reconoció que el organismo adeuda aproximadamente 296.3 millones por saneamiento, pero rechazó los 584.3 millones adicionales. Sostuvo que la revisión jurídica del organismo no encontró un convenio o decreto que establezca esa obligación.

El 20 de octubre tras su comparecencia ante el Congreso del Estado, la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, reconoció que inmuebles y dependencias del Gobierno del Estado de San Luis Potosí tienen adeudos con Interapas y volteó las cifras exponiendo a medios de comunicación que era el Interapas el que debía no 200 sino 900 mdp.

En la reseña oficial del Congreso se recogió una estimación de 184 millones de pesos correspondiente a 2025 que debe gobierno al organismo aún con inconsistencias.

En este sentido, la funcionaria expuso un gasto mensual de 12 millones de pesos a cargo de la CEA y estimó un adeudo de Interapas superior a 900 millones. Esa cifra no coincide con los 880.65 millones que la dependencia publicó al día siguiente, sin embargo no se ha dado explicación al respecto.

Días antes de la comparecencia, el 14 de octubre, el alcalde Galindo afirmó que el Estado se acercaba a 300 millones de pesos de deuda con Interapas y propuso compensar saldos y liquidar la diferencia.

En los documentos públicos consultados no se encontró convenio o acuerdo que sustente la integración de los 584.3 millones que aumentó el gobierno estatal ni el importe conciliado que deben los inmuebles estatales de manera desglosada, por lo que no es posible establecer un saldo neto definitivo.

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Jorge Grimaldo dijo que las obras más grandes, como el bulevar Río Santiago, se trabajarán por etapas y quedarán listas antes de que termine la administración

Por: Redacción

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) terminará este año entre el 80 y el 90% de las obras que tenía programadas para 2026, informó su titular, Jorge Grimaldo Limón.

“Vamos a terminar un 80, un 90% de las obras. Son muy pocas las que por la magnitud de la obra se van a continuar el próximo año”, dijo.

Explicó que las obras más grandes se trabajan por etapas. Puso como ejemplo el bulevar Río Santiago, que no se terminará completo este año y seguirá en 2027. “Vamos a ir trabajando por etapas, por kilómetros, pero con la confianza de que se van a terminar todas al final de la administración”, señaló.

Caminos del Altiplano y obras que acaban en enero

Grimaldo Limón dijo que entre las obras que pasarán al próximo año hay algunos caminos del Altiplano

que son de gran tamaño. Además, hay obras en todo el estado que apenas comienzan y cuyos tiempos programados permiten terminarlas en enero.

Villa Magna, la siguiente obra

Sobre los nuevos proyectos de conectividad para 2027, el funcionario dijo que la obra programada es el viaducto de Villa Magna, que se conectará con el Circuito Potosí. Agregó que se sumarán más obras conforme avancen los estudios y según las necesidades.

El 20 de octubre, la Seduvop informó que el viaducto tendrá una inversión de 1,400 millones de pesos del Gobierno del Estado y que arrancará en enero.

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