Autoridades revisarán este martes el desfogue preventivo de seis presas en SLP, todas por arriba del 70% de su capacidad de almacenamiento

Por: Redacción

Seis presas del estado de San Luis Potosí superan el 70% de su capacidad de almacenamiento, por lo que autoridades estatales, municipales e intermunicipales revisarán este martes posibles desfogues preventivos, informó Nadia Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Ochoa Limón detalló que las presas bajo revisión son El Peaje, Potosino, San José, Cañada del Lobo, La Lajilla y La Muñeca. “Actualmente contamos con seis presas que están más del 70% llenas, por lo que por prevención estaríamos realizando un desfogue de ser necesario”, afirmó.

La funcionaria explicó que este martes se reunirá con la Comisión Estatal del Agua (CEA), el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) y los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí para revisar el desfogue preventivo de cada presa.

No es la primera vez que una de estas presas requiere una liberación de emergencia. El 26 de junio

, la presa San José alcanzó el 94% de su capacidad y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) solicitó un desfogue gradual hacia el bulevar Río Santiago, sin afectar el suministro a la ciudad.

Ochoa Limón precisó que la administración de las presas no es uniforme: algunas dependen de la CEA, Interapas y Conagua, mientras otras están a cargo de ejidos. Añadió que existe comunicación directa entre estas instancias para coordinar las medidas de prevención.

La coordinadora estatal explicó que, aunque una lluvia pronosticada para la noche del domingo no llegó a San Luis Potosí y se concentró en el centro de la Ciudad de México, la dependencia mantendrá mayor presencia en la Huasteca durante toda la semana, en monitoreo permanente ante nuevas lluvias.

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Uno conectará Camino a la Presa con Villa Magna y medirá más de 2 kilómetros; el otro se construirá en la Glorieta de la Familia, en la salida a Guadalajara

Por: Redacción

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la construcción de dos nuevos puentes vehiculares sobre Circuito Potosí como parte de un paquete de obras de infraestructura que busca reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad en la zona metropolitana.

Uno de los proyectos contempla un puente de más de dos kilómetros de longitud que unirá Camino a la Presa con Villa Magna, cruzando por encima del Río Santiago. De acuerdo con el mandatario, la obra pretende agilizar la circulación en un sector donde el crecimiento urbano ha incrementado la demanda de movilidad.

El segundo puente se construirá en la Glorieta de la Familia, ubicada en la salida a Guadalajara. Gallardo señaló que los trabajos iniciarán en las próximas semanas y permitirán ofrecer una alternativa de circulación en una zona que suele registrar complicaciones durante la temporada de lluvias.

El gobernador indicó que estas obras forman parte de la estrategia estatal para modernizar la infraestructura vial y acompañar el crecimiento de la capital y su zona conurbada.

Además, recordó que estos proyectos se suman a otras obras en proceso o anunciadas, como el puente del Hospital del Niño y la Mujer, la rehabilitación del puente de avenida Juárez, el puente de la calle 71 en Prados, el puente elevado de Circuito Potosí con bulevar Valle de los Fantasmas y el futuro paso a desnivel en el acceso a la Feria Nacional Potosina.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha informado el monto de inversión ni el plazo de ejecución para las dos nuevas obras anunciadas.

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Documentos de Reporte Índigo lo señalan ahora como líder de una operación de huachicol fiscal por más de mil 100 millones de dólares

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó este año el no ejercicio de la acción penal en dos carpetas de investigación contra Gerardo Sánchez Zumaya, empresario potosino y aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, al considerar que no había elementos suficientes para acreditar los delitos denunciados. Pese a ello, nuevos documentos consultados por Reporte Índigo lo señalan como presunto líder de una red de lavado de dinero, defraudación fiscal y extracción ilícita de hidrocarburos de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La primera carpeta, derivada de señalamientos de 2024 sobre un presunto saqueo de hidrocarburos a Pemex, y la segunda, radicada en Tabasco por lavado de dinero, facturación de operaciones inexistentes y portación de arma de fuego, concluyeron sin acción penal por insuficiencia probatoria.

Estas indagatorias no son nuevas: desde noviembre de 2024 se conoce una denuncia penal presentada ante la Fiscalía de Tabasco que acusaba a Sánchez Zumaya —dueño de Petrogesa, contratista de Pemex entre 2021 y 2024— de lavado de dinero y fraude fiscal mediante una red de empresas y prestanombres que facturaron más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024. Días después, diputados del PAN exigieron en la Cámara que la FGR investigara esos nexos.

Ninguna de esas resoluciones impidió que su nombre reapareciera en documentos que lo vinculan con una operación de mayor escala. Una investigación de Reporte Índigo, basada en comprobantes fiscales, relaciones societarias y documentos financieros, sostiene que el empresario habría encabezado una organización identificada como Grupo GESA, dedicada a lavar dinero, defraudar al fisco y ocultar la extracción, transporte y comercialización ilícita de hidrocarburos y petroquímicos desde instalaciones de Pemex.

El documento describe un mecanismo similar al ya conocido: al menos 15 personas físicas

—entre ellas familiares y medios hermanos del empresario— habrían emitido esos comprobantes para dificultar el rastreo del dinero, sin infraestructura ni capacidad económica para respaldarlas. Cita casos atípicos: un joven de 24 años y otro de 25 habrían facturado mil 800 y más de mil 200 millones de pesos, casi sin gastos reportados.

La investigación sostiene además que la red logró ingresar a instalaciones estratégicas de Pemex —entre ellas la Terminal Marítima de Dos Bocas, la refinería de Salina Cruz, el Complejo Cantarell, la refinería Lázaro Cárdenas y el Complejo Petroquímico Independencia— sin registros oficiales de entrada o salida ni contratos que justificaran la presencia de particulares.

El expediente ubica el destino final de los recursos en cuatro empresas constituidas en Texas: Concordia Chemical LLC, Smart Logistics Commerce LLC, Espada Group LLC y Catros Intech LLC, que habrían recibido comprobantes fiscales por más de mil 100 millones de dólares entre 2019 y 2024, luego de que las operaciones pasaran por un segundo grupo de empresas en Nuevo León y Coahuila asociado al empresario Salvador Vigil Jordán.

Los nuevos señalamientos ocurren mientras Sánchez Zumaya busca la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí para 2027. Fuentes de Morena confirmaron que su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación no prosperó debido a las investigaciones y expedientes federales que mantiene abiertos; se inscribió entonces ante el Partido del Trabajo (PT), que no aplica ese filtro. Apenas el mes pasado, el empresario tuvo que ampararse para evitar ser detenido después de que trascendiera que pesaba sobre él una orden de aprehensión.

El empresario ha rechazado cualquier participación en actividades ilícitas relacionadas con Pemex y ha sostenido que enfrenta una campaña política en su contra. Hasta el momento, ninguno de los nuevos señalamientos cuenta con una resolución judicial definitiva.

Con información de Reporte Índigo.

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