Estado
“Los Valladares se la saben de todas todas”: Canirac
El líder de esta cámara respaldó a Juan Carlos Valladares como nuevo titular de Sedeco
Por: Karina González
Eduardo Kasis Chevaile, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), aseguró que la familia Valladares tiene una amplia experiencia en la industria potosina de más de 50 años, por lo que Juan Carlos Valladares Eichelmann como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) es un gran acierto del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.
“Lo que me queda claro es que en esa familia hay un grupo empresarial enorme, gigante, este joven creció escuchando todos los días sobre exportaciones, ese joven desde niño ha escuchado esto y lo han hecho toda su vida, creo que es una persona que en su ámbito familiar estos temas se tocan a diario, quizá le falta más edad o experiencia pero tiene un papá que no lo va a dejar solo y tiene todo el respeto de San Luis”, aseguró.
Kasis Chevaile señaló que Juan Carlos Valladares y su padre son respetados en el sector:
El presidente de Canirac reconoció que la familia Valladares conoce la zona industrial y sus necesidades “mejor que nadie y se las sabe de todas todas” así como la prestación de servicios y energías limpias, por lo que se podrá percibir un gran avance para el desarrollo económico del estado si Juan Carlos Valladares Eichelmann ocupa el sitio en el gabinete de Ricardo Gallardo Cardona.
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Mauricio Ordaz subrayó que no se permitirá la operación de espacios que no garanticen la integridad de las personas
Por: Redacción
El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí, Mauricio Ordaz Flores, lanzó un llamado de atención a los responsables de Plaza San Luis ante presuntas irregularidades en materia de seguridad, derivadas de falta de mantenimiento.
El funcionario señaló que existe negligencia por parte de los empresarios, quienes no han atendido los requerimientos realizados por la autoridad, pese a haber sido notificados formalmente.
“Ya tenemos un apercibimiento donde se les han señalado inconsistencias, pero siguen siendo omisos”, advirtió.
Ordaz Flores explicó que, conforme a la Ley de Protección Civil, los responsables cuentan con un plazo de cinco días hábiles para subsanar las observaciones o solicitar una prórroga; de lo contrario, se podría proceder a la clausura del inmueble.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran la falta de documentación clave como memoria de cálculo estructural, dictamen eléctrico, rutas de evacuación, salidas de emergencia y capacitación en primeros auxilios.
El titular de Protección Civil recordó que el recinto ya ha sido sancionado previamente, luego del colapso de un techo y la ruptura de un vidrio, situaciones que derivaron en la colocación de sellos por parte de la autoridad.
Aunque algunas fallas han sido corregidas, advirtió que esto no es suficiente, ya que los responsables deben acreditar formalmente el cumplimiento de las condiciones de seguridad.
Finalmente, reiteró que la prioridad es garantizar la seguridad de las personas, por lo que no se permitirá la operación de espacios que no cumplan con la normativa vigente.
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El principal punto de conflicto es el incremento salarial, ya que trabajadores buscan condiciones similares a las otorgadas en la planta de Silao, donde se autorizó un aumento del 15%
Por: Redacción
Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí, afirmó que existe confianza en que se logrará un acuerdo entre trabajadores y empresa para evitar el paro laboral en la planta de General Motors en San Luis Potosí.
Luego de que la semana pasada surgiera la posibilidad de un paro por inconformidades salariales, el funcionario explicó que las negociaciones continúan tras acordarse una prórroga hasta el próximo 16 de abril.
“Lo que menos queremos es que se cristalice el emplazamiento a huelga”, señaló.
Indicó que las mesas de diálogo siguen activas con la participación de autoridades estatales, federales, sindicato y empresa, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas partes.
Uno de los puntos clave en la negociación es el ajuste salarial, luego de que en la planta de Silao
Sánchez Lara subrayó que el llamado a las empresas es a garantizar condiciones justas, al enfatizar que “no hay trabajadores de primera ni de segunda”, por lo que todos deben recibir un trato digno conforme a la ley.
El funcionario destacó que la estabilidad laboral en la entidad ha sido clave para atraer inversiones, incluso adelantó que hay proyectos importantes en puerta que podrían generar nuevas fuentes de empleo formal.
Finalmente, confió en que el conflicto se resolverá antes de la fecha límite, privilegiando el diálogo y evitando afectaciones a la economía del estado.
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Estado
Consejo Empresarial Mexicano llama “basura automotriz” a autos chocolate y pide retirarlos de circulación
Jaime Chalita Zarur advirtió que la regularización de estos vehículos rompe el marco legal y genera incertidumbre para las inversiones
Por: Redacción
El presidente del Consejo Empresarial Mexicano en San Luis Potosí, Jaime Chalita Zarur, calificó como “basura automotriz” a los llamados autos chocolate y exigió al gobierno federal retirarlos de circulación, al considerar que su regularización afecta gravemente al sector formal y a la competitividad del país.
El líder empresarial advirtió que la legalización de vehículos internados de manera irregular vulnera el estado de derecho y genera incertidumbre para las inversiones, especialmente en entidades como San Luis Potosí, donde la industria automotriz es uno de los principales motores económicos.
“Las decisiones de capital se basan en reglas claras; si estas se rompen, se afecta la confianza de quienes invierten y cumplen con la ley”, señaló.
Chalita Zarur sostuvo que muchos de estos vehículos provienen del extranjero como pérdidas totales, por lo que su ingreso al país representa un riesgo para la seguridad vial, además de fomentar la competencia desleal frente a las empresas establecidas.
Asimismo, acusó que la regularización de estos autos propicia un entorno de corrupción e impunidad, al premiar prácticas ilegales y debilitar el cumplimiento de las normas.
“No estamos ante un rezago social, sino ante la legalización de un engaño activo”, afirmó.
El sector empresarial insistió en que permitir la circulación de estos vehículos afecta la cadena de valor de la industria automotriz, desincentiva el consumo de unidades fabricadas en México y pone en riesgo la estabilidad económica regional.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a no extender decretos que permitan la regularización de estos vehículos, y asumir el costo político de aplicar la ley para retirar de circulación unidades que ingresaron de manera ilegal.
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