Congreso del Estado
La protección de la Sierra de San Miguelito evitará la deforestación: diputado
Eloy Franklin aseguró que esto no hubiera sido posible dar este paso sin el apoyo de AMLO.
Por: Redacción
Eloy Franklin Sarabia, diputado del congreso del estado, dijo que el decreto en el que se declara como Área Natural Protegida a la Sierra de San Miguelito, no solo evitará que continúe la deforestación y desorden del crecimiento inmobiliario en San Luis Potosí, si no que también permitirá establecer un blindaje para garantizar que se mantenga esta reserva como uno de los principales pulmones de los potosinos.
El diputado expuso que: “estoy contento, porque veo el interés tanto del gobierno del estado como del gobierno federal por preservar y cuidar el medio ambiente y las áreas naturales. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo del presidente, Andrés Manuel López Obrador y el compromiso que asumió en distintas ocasiones ante los potosinos, mediante sus posicionamientos respecto a garantizar la protección de la Sierra de San Miguelito”.
Franklin Sarabia refrendó su compromiso de apoyar todas las acciones que estén encaminadas a preservar las áreas naturales en San Luis Potosí, pues incluso llegó a coincidir con la postura asumida por María Luisa Albores, titular de la SEMARNAT, ya que en el decreto de Área Natural Protegida (ANP) para la Sierra de San Miguelito, no represente ninguna violación a los Derechos Humanos de los comuneros.
Finalmente, Eloy Franklin mencionó: “pues pese a los intentos fallidos de la pasada administración capitalina de buscar urbanizar esta área, hoy es una realidad que no se va a tocar, evitando en todo momento que se siga atentando contra el medio ambiente en San Luis Potosí. Además de que se debe reconocer y agradecer la participación de los colectivos para evitar la urbanización y la minería en la Sierra de San Miguelito”.
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Congreso del Estado
Congreso cierra reformas electorales; ahora la decisión está en manos de la SCJN: diputado
El diputado Rubén Guajardo dijo que la sentencia de la Corte debe estar lista antes del 15 de noviembre
Por: Redacción
El Congreso del Estado ya no puede modificar la ley electoral, confirmó el diputado local Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales.
Guajardo Barrera dijo que el plazo de 90 días para reformas electorales ya se cerró, y que ahora corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver las controversias que en su momento presentaron el gobierno federal, el partido Morena y el partido Somos México.
“Ahorita ya en el Congreso no podemos hacer nada. Ya se cerró esta etapa”, señaló el legislador.
Sobre la impugnación por el mecanismo de alternancia, explicó que la defensa del Congreso es que un artículo transitorio fija su aplicación hasta 2033, no para las elecciones de 2027, y que por eso el argumento podría desecharse.
Sobre la queja de Somos México por falta de consulta indígena, dijo que no hubo consulta porque, a su parecer, ninguna modificación de la ley electoral toca los derechos de los pueblos indígenas.
Sobre los exámenes de control de confianza para candidatos, dijo que, al no ser obligatorios, no violan derechos humanos, aunque esperarán la resolución de la Corte.
El proceso electoral de San Luis Potosí inicia el 15 de noviembre. Guajardo Barrera dijo que espera que la sentencia de la Suprema Corte esté lista antes de esa fecha, “para tener reglas claras para el proceso del 2027”.
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Brisseire Sánchez plantea de cinco a doce meses de prisión para quien incite el maltrato animal en redes sociales
Por: Redacción
El Congreso del Estado analiza una iniciativa que castigaría con cárcel a quien incite o haga apología del maltrato animal a través de redes sociales u otros medios digitales.
Brisseire Sánchez López, diputada local, presentó la propuesta de reforma al Código Penal del Estado para crear un tipo penal específico ante lo que describió como un vacío legal: hoy nadie sanciona a quien promueve, organiza o difunde contenido que glorifica o incita actos de crueldad contra animales, incluido el que se viraliza en plataformas digitales con fines de entretenimiento, reconocimiento social o ingresos por reproducciones.
La iniciativa también busca precisar el artículo 317 QUÁTER del Código Penal.
“El tipo penal se diseña bajo criterios de estricta taxatividad, limitándose a sancionar únicamente aquellas expresiones que, de manera dolosa, pública y con capacidad real de provocar la comisión del delito de maltrato animal, constituyan una verdadera incitación o promoción de conductas ilícitas”, plantea la iniciativa.
La propuesta aclara que no busca restringir la libertad de expresión: solo aplicaría a quien, de forma dolosa, promueva, incite o convoque a cometer maltrato animal, o difunda material audiovisual con el propósito de glorificar o incentivar ese tipo de conductas y con riesgo real de provocarlas.
Quien cometa el delito enfrentaría de cinco a doce meses de prisión, multa de 30 a 130 días de UMA, y hasta un año de inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas con el cuidado de animales. Si la incitación deriva en un caso real de maltrato animal, la pena se sumaría a la del delito cometido.
La iniciativa se turnó a las comisiones Primera de Justicia y de Ecología y Medio Ambiente para su dictamen.
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Héctor Serrano anunció un proceso ante el Contralor contra asesores y empleados del Congreso
Por: Redacción
El diputado Héctor Serrano Cortés anunció que el Congreso del Estado iniciará un proceso ante el Contralor contra asesores y empleados a los que atribuye la filtración de documentos legislativos, con el fin de aplicarles las sanciones que marca la ley.
El caso llegará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Según el legislador, lo que la institución detectó no es un tráfico de documentos en abstracto, sino la actuación de personal específico: “algunos asesores y algunos empleados del Congreso del Estado”.
Serrano Cortés reconoció que ese personal tiene derecho a sus propias filiaciones partidistas y simpatías políticas, pero sostuvo que dentro de la instituTodas las entradasción están obligados a cumplir “cabalmente con la honorabilidad”.
El diputado calificó las filtraciones como acciones sin sentido y con un propósito determinado: “totalmente con el único afán de generar una crisis”. Y las ligó al caso del dictamen sobre los requisitos para designar Fiscal General, que según las versiones publicadas se modificó dos veces: “es alguien que está provocando”.
“Vamos a encontrar dónde está el meollo del asunto y generaremos la responsabilidad necesaria a los empleados, ya sean asesores o del cuerpo legislativo, que hayan incurrido en una deslealtad de esta naturaleza”, afirmó.
Sobre el mecanismo, fue explícito: el procedimiento arrancará ante el Contralor y concluirá con las sanciones previstas en la norma.
El anuncio llega en la misma entrevista en que Serrano Cortés respaldó la iniciativa federal para regular plataformas digitales e inteligencia artificial, y en la que sostuvo que esa regulación “no tiene nada que ver con la libertad de expresión”.
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