Se puso en análisis en tres diferentes Inteligencias Artificiales el convenio firmado por el gobierno estatal y la SEP y coinciden en que existe un compromiso por 506 millones que deberán ser transferidos en líquido y no en especie

La falta de recursos pone en riesgos pagos de nómina, prestaciones, gasto operativo, pago a jubilados y estímulos docentes a partir del 15 de noviembre.

Por: Redacción

El conflicto entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Gobierno del Estado sobre el financiamiento correspondiente al 2025 tiene un documento clave que despeja dudas: el Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero disponible públicamente en la plataforma de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Dicho anexo, firmado por la federación, el Estado y la universidad, establece que la UASLP recibirá un presupuesto total de dos mil 989 millones de pesos, de los cuales el 89% provendrá de la SEP (dos mil 483 millones) y el 11% del Gobierno de San Luis Potosí (506 millones).

De cara a las posturas que han plantado ambas partes —la Secretaría de Finanzas (Sefin) estatal y la propia UASLP—, el documento revisado no deja lugar a interpretaciones: el pago del gobierno estatal debe hacerse en efectivo mediante transferencia bancaria, no en especie ni mediante obras públicas.

Para despejar dudas, el anexo fue consultado con diferentes inteligencias artificiales —ChatGPT, DeepSeek y Gemini—, en distintas cuentas y con diversos planteamientos o “prompts”. Todas coincidieron en los siguientes puntos:

• Monto y obligación: el gobierno estatal debe aportar 506 millones de pesos en 2025 a la Universidad.

• Forma de pago: el convenio es explícito; la transferencia debe realizarse en dinero líquido, a una cuenta bancaria específica, dentro de los cinco días hábiles posteriores a recibir los recursos federales.

• Prohibición expresa: no existe cláusula que permita sustituir el pago con obras, servicios o apoyos en especie.

• Rendición de cuentas: los recursos deben comprobarse contablemente con reportes trimestrales a través del sistema federal de transparencia.

• Sanciones: en caso de incumplimiento, los recursos no ejercidos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación y pueden derivar en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

  

  

Las inteligencias artificiales coincidieron en que cualquier intento del gobierno estatal de “compensar” su aportación con obras o servicios constituye un incumplimiento contractual, además de una posible violación a la Ley de Disciplina Financiera y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El convenio incluso establece que si los recursos no son transferidos conforme a lo pactado, el estado podría ser requerido legalmente y enfrentar procesos de responsabilidad administrativa.

En distintas ocasiones el rector Alejandro Zermeño indicó que el gobierno estatal no había transferido completos los recursos de éste año, mientras que el gobernador Ricardo Gallardo sostuvo que su administración sí ha apoyado a la universidad, que no se les debe y que se trataba de un asunto “cerrado”.

El mismo argumento esgrimió la secretaria de finanzas, Ariana García Vidal, antes de la segunda reunión entre los equipos administrativos y financieros tanto del gobierno como de la institución centenaria, después de la cual se supo que el Estado reconoció la deuda.

El gobierno sí ha pagado, pero no completo.

De acuerdo al mismo anexo, en su calendario de ministraciones, de enero a agosto el gobierno del estado ha transferido mes a mes un monto de 24 millones 980 mil pesos a la universidad, sin embargo, en cada transferencia ha quedado un remanente significativo que resulta de la diferencia entre lo que se acordó y lo que ha recibido la universidad.

La suma de esas diferencias suman hasta el mes de agosto 179 millones 707 mil pesos y faltan por cubrir por completo, 74 millones en septiembre, 4.5 millones en octubre y 47.4 millones en noviembre, dando un total de 506 millones 155 mil 546 pesos, monto original al que se comprometió el gobierno del estado con la SEP, a entregar a la UASLP este año de ejercicio fiscal.

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El organismo electoral solicitó una ampliación presupuestal de 20 millones de pesos para cumplir con obligaciones derivadas del convenio con el INE

Por: Redacción

Paloma Blanco López, titular del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí (CEEPAC), aclaró que su institución no mantiene una deuda como tal con el Gobierno del Estado, sino que se ha solicitado una ampliación presupuestal por 20 millones de pesos, derivados del convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a que actualmente no cuentan con suficiencia presupuestal.

La consejera presidenta informó que el pasado 15 de septiembre se llevó a cabo una reunión con el Consejo General del CEEPAC, en la que se sometió a consideración una última adecuación presupuestal correspondiente al recurso del proceso extraordinario. Gracias a ello, señaló que podrán realizar una nueva aportación al INE, aunque seguirán teniendo un adeudo

y, sin apoyo estatal adicional, el consejo difícilmente podrá continuar operando con normalidad.

Sobre las recientes declaraciones de la titular de la Secretaría de Finanzas, Ariana García Vidal, respecto al supuesto adeudo por concepto de renta de las instalaciones del Consejo, Blanco López se limitó a indicar que la postura oficial se encuentra detallada en el comunicado emitido el pasado 12 de septiembre, a través de los canales institucionales del CEEPAC.

Finalmente, subrayó que el organismo se mantiene en constante comunicación con las autoridades correspondientes, buscando que los recursos sean liberados con prontitud, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del organismo electoral.

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El senador de la República rechazó la elección de la priista como presidenta del Congreso de SLP; pese a ello se dijo respetuoso de la decisión del Legislativo local

Por: Redacción

Gerardo Fernandez Noroña, senador de la República, se pronunció sobre la decisión de elegir a Sara Rocha Medina, diputada local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí como presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo en el estado.

“Yo al PRI no le daría ni agua, son culebras”, externó, aunque se dijo respetuoso de la decisión de la cámara local, toda vez que representan a la soberanía de uno de los tres poderes de la entidad potosina.

Esto, pese a que Rocha Medina es dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ser aliada cercana a Alejandro Moreno Cardenas, senador de la República por el mismo partido; éste último, con quien tuvo un altercado en días pasados al interior de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Asimismo, aseguró que el PRI es un partido tendiente a su disolución en la próxima elección de 2027.

“Al margen de que estén o no cercanas al hampon de Alejandro Moreno Cardenas, pandillero disfrazado de legislador, no les daría ni agua. No representan nada, el PRI en 2027 desaparece”.

Fernández Noroña visitó la entidad potosina para acudir a la entrega del informe de actividades legislativas del Congreso del Estado de San Luis Potosí; evento en el que acudió como invitado especial junto a otros congresistas federales.

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