Estado
IMES persigue casi 9 mdp para impulsar Alerta de Género en SLP
El Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí ha gestionado recursos para poner en marcha programas destinados a la prevención de la violencia de género en la entidad
Por: Redacción
El Instituto de las Mujeres del Estado (IMES) gestionó 8.3 millones de pesos ante el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) para fortalecer el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF); lo anterior lo informó Erika Velázquez Gutiérrez, Directora General del Instituto.
Dijo que este recurso es destinado al Programa Estratégico de Prevención y Empoderamiento a las Mujeres para su Acceso a una Vida Libre de Violencia de Género del periodo de abril a diciembre de este año, para dar atención a 33 municipios.
Velázquez Gutiérrez añadió que desde el 2006 se han gestionado recursos económicos para crear los módulos de orientación y módulos fijos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, por lo que hasta la fecha se cuenta con 10 oficinas en igual número de municipios.
Detalló que con este programa se han desarrollado acciones de prevención de la violencia dirigidos a la población femenina, así como a jóvenes en el tema de prevención de la violencia de género y embarazo en adolescentes.
También dijo que con estos recursos se ha podido profesionalizar al personal que atiende a las mujeres en situación de violencia de género, tanto de dependencias del gobierno estatal como municipal.
Finalmente, la titular de IMES explicó que el programa ha permitido a la dependencia cumplir con las recomendaciones de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (DAVGM), que la Secretaría de Gobernación hizo al Gobierno del Estado en el año 2017.
Ignacio Pesina Carrizales, explicó que la principal preocupación radica en la posible reducción de sus ingresos, lo que impactaría también a futuras generaciones
Por: Redacción
Un grupo de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad se manifestó este día en las instalaciones de distribución en San Luis Potosí para expresar su rechazo a la reforma al artículo 127 constitucional, al considerar que podría afectar directamente sus pensiones.
Ignacio Pesina Carrizales, uno de los participantes, explicó que la principal preocupación radica en la posible reducción de sus ingresos, lo que impactaría no solo a los actuales jubilados, sino también a futuras generaciones.
“Nos afecta en todo, no solo a nosotros como jubilados, sino a quienes vienen detrás. Estamos hablando de modificar la Constitución, que es la ley máxima, y eso tiene repercusiones directas”, señaló.
De acuerdo con los inconformes, la reforma podría establecer límites a las percepciones económicas, lo que derivaría en una disminución de sus pensiones, mismas que —aseguran— fueron obtenidas bajo contratos colectivos y acuerdos legales previamente establecidos.
El entrevistado subrayó que muchos de los afectados son adultos mayores, algunos cercanos a los 80 años, quienes dependen de estos ingresos para cubrir necesidades básicas y gastos médicos.
“Hay gente que ya hizo su proyecto de vida con base en esa jubilación
A nivel nacional, estiman que alrededor de 54 mil personas podrían verse afectadas por esta medida, incluyendo trabajadores de otras dependencias del sector público.
Los manifestantes insistieron en que no se trata de si las pensiones son altas o no, sino del respeto a los derechos adquiridos bajo un marco legal vigente en su momento.
“Trabajamos bajo reglas establecidas, con documentos legales avalados. Esa fue nuestra expectativa y por eso luchamos”, afirmó.
La protesta se desarrolló de manera pacífica y forma parte de una movilización nacional en distintos estados del país. Además, los inconformes anunciaron que participarán en una nueva manifestación el próximo 17 de abril en la Ciudad de México, donde buscarán visibilizar su demanda a nivel federal.
J. Guadalupe Torres destacó que el estado se ha consolidado como el segundo con menos homicidios dolosos a nivel nacional
Por: Redacción
J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, resaltó los “grandes avances” que se han realizado en la actual administración estatal en materia de seguridad, destacando que San Luis Potosí se ubica en el segundo lugar nacional en cuanto a la menor incidencia de homicidios dolosos.
Aseguró que por primera vez en los últimos treinta años, el estado está haciendo ruido de manera positiva, convirtiéndose en un ejemplo de cómo se pueden reconducir exitosamente estas situaciones.
Destacó que se trata de un tema prioritario en la agenda gubernamental, por lo que cada semana llevan a cabo mínimo una reunión con el gabinete de seguridad para analizar las estrategias emprendidas y las diversas circunstancias específicas que se puedan generar.
El secretario general añadió que se está realizando una inversión sin precedentes en temas de seguridad, con la compra de nuevos equipos tecnológicos, así como la instalación de cámaras y arcos de seguridad en todo el estado.
Sobre los arcos, indicó que tienen el objetivo de cubrir por completo todas las entradas y salidas de San Luis Potosí, con el fin de poder identificar a quien entre y salga de la entidad.
Asimismo, recalcó que se han incrementado los salarios de los elementos de seguridad, además de que se han impulsado bonos de productividad que mejoran el bienestar de los policías, y se reflejan en los resultados estatales.
Finalmente, subrayó la coordinación que han establecido con instancias federales, lo que ha sido fundamental a la hora de conseguir los objetivos planteados.
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La Contraloría General del Estado ya preparan inhabilitaciones contra funcionarios involucrados en el uso indebido de personal
Por: Redacción
Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado, confirmó que la investigación por el presunto uso indebido de personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) derivará en sanciones administrativas, incluyendo posibles inhabilitaciones.
El funcionario detalló que actualmente el procedimiento se encuentra en curso y ya se perfila un proyecto de resolución que contempla castigos para diversos involucrados en el caso.
“Sí se va a realizar el proyecto para que se vaya a una inhabilitación… no del titular, ac laro, sino de diversos involucrados”, señaló.
No obstante, Aguiñaga Muñiz precisó que el titular de la dependencia también está implicado en la investigación
“También está involucrado, pero son diversas sanciones”, puntualizó.
El caso surgió tras señalamientos de que personal de la Sedarh habría sido utilizado para realizar trabajos en una propiedad particular, lo que derivó en la apertura de un procedimiento administrativo.
El contralor evitó profundizar en detalles debido al proceso en curso, pero reiteró que habrá consecuencias para quienes resulten responsables.
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